Los miles de despidos se suman al desastre ecológico y social provocado por el virus ISA, según los sindicatos. Dirigentes del sector buscan apoyo estatal, hasta ahora infructuosamente.

Recientemente, dirigentes sindicales de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, junto a representantes del Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé (OLACH) expusieron ante las comisiones de Trabajo y de Pesca de la Cámara. Exigen a los parlamentarios “medidas concretas ante la crisis detonada por la expansión del virus ISA”. Se reunieron con el subsecretario del Trabajo y el cuestionado coordinador del Grupo de Tareas del Salmón, Felipe Sandoval. Los parlamentarios se comprometieron a solicitar a los ministerios de Economía y Hacienda implementar un “Plan de emergencia contra la cesantía de las regiones de Los Lagos y Aysén”.

Pasividad del gobierno

Según la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón (CONATRASAL), “ya son 17 mil los puestos de trabajo que se han perdido en la industria y el gobierno no ha hecho nada al respecto. Hace dos años que hemos estado solicitando al gobierno que tome medidas concretas. Según el subsecretario, en el transcurso de estos días entregarán un plan específico sobre lo que realmente están haciendo para paliar la cesantía en la industria salmonera”.

Durante los diez últimos años el gobierno ha traspasado millones de dólares a las empresas salmoneras por concepto de “bonificación a la mano de obra”. Los diputados se comprometieron ante los dirigentes sindicales a “trasparentar esos montos”. La propia presidenta Michelle Bachelet destinó hace poco 450 millones de dólares a las salmoneras, dinero que, según los trabajadores, no llegó hasta ellos y ayudó a mitigar las pérdidas de los empresarios del salmón.

La crisis de la industria salmonera se agravó a mediados de 2007 tras la aparición de los primeros brotes del virus ISA, provocando miles de despidos. “Sin embargo, el gobierno no ha implementado ninguna medida en el ámbito social y laboral para paliar los efectos de esta crisis que no está asociada a la financiera mundial, y no puede ser tratada como tal”, dice Fundación Terram. Algunos parlamentarios socialistas han condicionado su voto a la Ley de Pesca “a la presentación de un proyecto que aborde la problemática de la salmonicultura y que se haga cargo de la cesantía en el sector”.

Persecución contra trabajadoras embarazadas

Recientemente, la salmonera Cermaq/Mainstream, de capitales noruegos, ha sido denunciada por discriminación, hostigamientos y malos tratos contra trabajadoras embarazadas. La empresa intenta desaforar a 14 trabajadoras embarazadas que laboran en su factoría de Calbuco, al sur de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

Una de las políticas de Mainstream en Chile es que no existan mujeres embarazadas en su empresa. Junto con presentar la demanda para conseguir el desafuero, Mainstream solicitó la “separación provisional sin goce de sueldo”. El tribunal de Calbuco rechazó esta petición, pero la empresa apeló. “En este sector productivo es recurrente la vulneración de las normas de protección a la maternidad, de hecho, se han creado mesas de trabajo tripartitas para abordar el tema y conseguir compromisos por parte del empresariado salmonero, sin resultados positivos hasta ahora. Una situación lamentable considerando que se estima que el 70 por ciento de la mano de obra de esta industria son mujeres”, señala el Centro Ecoceanos.

Mainstream es parte del holding Cermaq y opera en Canadá, Escocia, Noruega y Chile. Con excepción de Chile, los estándares laborales en esta empresa son altísimos. El Estado de Noruega posee una importante participación como accionista de la empresa, que produce unas 120.000 toneladas de salmón anualmente.

El Centro Ecoceanos recogió el testimonio de varias trabajadoras afectadas, entre ellos el de Gladys Maldonado, de 33 años, con tres hijos y un cuarto en camino. Con cinco meses de embarazo denunció los maltratos sufridos por parte de la empresa noruega: “Yo estoy súper mal. Imagínese cómo nacerán nuestras guaguas con todo lo que estamos pasando. Cuando tenemos control médico, no nos quieren dar permiso, mis exámenes han salido todos mal. No tengo ganas de comer, sólo tengo ganas de llorar”, relata Gladys.

La mujer denuncia que ha recibido maltratos verbales por parte de los jefes: “No nos quieren ver, nos dicen que no servimos para el trabajo”. Agregó que “estamos siendo discriminadas. Nos sacaron de la línea de empaque y querían llevarnos al patio a hacer trabajo pesado que siempre han realizado los hombres. Así nos llevan de un lado a otro, no tenemos puesto para trabajar”. Gladys denunció que el jefe de Personal de la planta de Calbuco, Luis Araya, y el jefe de Producción, Pedro Martínez, la obligaron, junto a otras dos mujeres embarazadas, a firmar un documento porque de lo contrario se les impediría el ingreso a la planta. “El documento pretendía hacer creer que las obreras tenían un contrato a plazo fijo”, señaló.  

Otra trabajadora, Carolina Soto, de 25 años, tiene cinco meses de embarazo. En su testimonio relató que “Desde que presenté los papeles que decían que estaba embarazada empecé a ser discriminada. He tenido complicaciones en mi embarazo, me ha afectado sicológicamente. Al saber de mi embarazo me sacaron de la sección de empaque porque es muy helado y hace mal al bebe, pero ahora de nuevo me enviaron a empaque. Todas las mujeres embarazadas están en esta sección con temperaturas bajas, porque argumentan que no hay más puestos de trabajo”, denunció.

Para Tatiana Guzmán, que con 20 años espera su primer hijo, la experiencia no ha sido buena. “Me ha afectado sicológicamente porque todo el día estoy pensando en que puedo perder el trabajo -dice-. Tenemos problemas para conseguir los permisos para ir al baño y también en los turnos para tomar la leche, no podemos tardarnos un minuto porque de inmediato somos cuestionadas. Nos sentimos vigiladas”, afirmó. 

En Chile las salmoneras producen anualmente más de 2 mil de millones de dólares.