Uruguay

Impulsado por el Presidente de la República Tabaré Vázquez, rige desde el 1 de marzo en Uruguay un decreto del Poder Ejecutivo que prohíbe fumar en recintos cerrados públicos y privados. La iniciativa ha generado polémica ya que, según sus detractores, el decreto atenta contra libertades individuales, pone en riesgo la viabilidad comercial de muchos emprendimientos y amenaza a miles de puestos de trabajo relacionados con el tabaco, la gastronomía, pubs, etcétera. Ante esta preocupante realidad Sirel entrevistó a Chichet, presidente del Sindicato Autónomo Tabacalero (SAT), organización que está promoviendo un proyecto de ley para la regulación del consumo de tabaco en Uruguay.

-¿Qué motivó al SAT a presentar el Proyecto de Ley para Regulación y Consumo de Tabaco?

-La idea surgió a raíz de un decreto que en primera instancia contemplaba mediante áreas exclusivas a fumadores y no fumadores, tanto en los centros de trabajo como en los de esparcimiento. Eso fue modificado a raíz de que una agrupación de comerciantes (CAMBADU)* manifestó que la mayoría de los locales no contaban con las infraestructuras necesarias para hacer esas obras, y entonces se cortó por lo más fácil: no permitir que se fume en ninguna área cerrada. Es lo que plantea el decreto que está vigente desde el pasado 1 de marzo de 2006 y que ha determinado una seria discriminación entre fumadores y no fumadores. La impugnación al decreto solamente sirve para quien lo impugna, no se generaliza, por esta razón impulsamos un proyecto de ley que contempla la zona para fumadores y para no fumadores, y para locales pequeños la opción para que el dueño sea el que elija si es para fumadores o no, a través de una cartelera exterior que lo anuncie. Así es como se está aplicando en casi todos los países del mundo, y no con la drástica prohibición como se acaba de aplicar en Uruguay. Cuando algo se impone, al principio puede que se acate, pero con el tiempo produce un efecto contrario, lleva a que como protesta de la gente se den situaciones que no son deseables para la convivencia.

-Desde que se instaló el debate el sindicato ha planteado que para mejorar la salud ciudadana en relación con el tabaco, respetando las libertades individuales, lo mejor es regular el consumo e instrumentar una campaña de educación y formación.

-Sí, por eso este proyecto de ley tiene base en la educación y no en la imposición, y también por eso está siendo bien recibido. En apariencia, que todo el mundo deje de fumar es una buena idea, pero hay 2 o 3 millones de puestos de trabajo en el mundo que dependen del tabaco.

-¿Qué receptividad han encontrado en los encuentros con los parlamentarios?

-Todos los legisladores con los que nos hemos entrevistado hasta el momento entienden que hay que buscarle una solución, y que ello no pasa por prohibir sino por convivir. Para impulsar el proyecto es necesario que diputados y senadores lo firmen. Aproximadamente en un mes terminaremos la ronda de negociaciones, la receptividad ha sido muy buena, pero queremos ir a lo concreto y que realmente estén dispuestos a firmarlo. Si tuviéramos el apoyo de las comisiones de Salud y de Trabajo de las Cámaras de Diputados y Senadores, el proyecto entraría rápidamente a considerarse, pero a nosotros, como sindicato, se nos hace más difícil.

-¿Son optimistas?

-En una primera instancia no lo éramos, pero ahora la situación se está revirtiendo. Una reciente encuesta arrojó resultados de 50 por ciento a favor y 50 por ciento en contra del decreto, cuando en los comienzos reflejaba 15 a favor y 85 en contra. En los primeros días de vigencia del decreto el gobierno salió a decir que el acatamiento era muy grande. Y es cierto, pero se da por un tema de orden y de que los uruguayos somos respetuosos. Actualmente esa correlación está cambiando, se está fumando en lugares que no están habilitados y ya es vox populi que hay bares que están cerrando sus persianas y permiten fumar dentro. Es decir, hacer un decreto y que después no se cumpla va a causar un efecto contrario a lo que originalmente se buscaba, que era disminuir de a poco el consumo de tabaco. 

-Con su postura CAMBADU radicalizó el decreto. Hoy, a más de un mes de estar vigente y con las cartas a la vista, ¿esa organización apoya vuestro proyecto?

-Todavía no hemos hablado con ellos. El principal obstáculo para esta posibilidad que hoy estamos planteando lo interpusieron ellos, pero con la caída de las ventas de entre un 20 y un 30 por ciento –en el invierno el porcentaje puede ser mayor– están reviendo su posición. Aparentemente estarían acompañando, todavía no lo tenemos del todo claro, pero sería muy importante que expresaran su apoyo al proyecto de ley.

-¿Manejan alguna cifra respecto al descenso del consumo de cigarrillos?

-Hace un mes que rige la norma y todavía no puede medirse en la reposición de mercadería, por lo que nosotros como sindicato no tenemos cifras. Las empresas calculan entre un 5 y un 10 por ciento la merma en el consumo.

-Una baja importante en las ventas pone en riesgo la continuidad de las tabacaleras en Uruguay ¿Qué consecuencias traería el cierre de las empresas?

-No creemos que este decreto sea muy eficaz para mermar las ventas. En cuanto a las fuentes de trabajo, por la tecnología aplicada ya estamos en el límite del personal necesario, por lo que en primera instancia no creemos que pueda afectar muchos puestos en la industria del tabaco, aunque sí en otros gremios como el de la gastronomía, baristas y todo lo que gira alrededor. Pero sí percibimos serios riesgos en otras medidas que se están manejando como, por ejemplo, la suba nuevamente del impuesto al cigarrillo. Con eso sí se puede complicar el panorama, ya que el contrabando puede desplazar a toda la industria nacional que está establecida en el país desde hace 125 años.

-¿Cuál es la carga tributaria que tiene el precio del cigarrillo?

-El contrabando está en un 30 por ciento del mercado, y ese porcentaje es límite. Si se aplican más impuestos el contrabando se va a quedar con todo el mercado. Al lado de Argentina, de Brasil –primer exportador de tabaco y cigarrillos del mundo–, más el cigarrillo que viene de contrabando desde Paraguay, nuestra industria desaparecerá. De 35 pesos (ndr: 1,4 dólares) que es el precio de venta al público de un paquete de 20 cigarrillos, 23 pesos van para el Estado, 6 para la distribución y 6 para la empresa. Es claro que si se sube el impuesto y aumenta el contrabando un poco más, la industria en el país sería prácticamente inviable.

-Y si se favorece el contrabando, baja la recaudación impositiva del país; al no pagar impuestos ingresa un producto muy barato, lo cual favorece el consumo y no habría control de calidad alguno. Se puede deducir que el número de fumadores podría aumentar y que verían más afectada su salud.

-Está clarito. Van a ser productos no controlados, no van a tener garantías mínimas de calidad y van a evadir al Estado en más de 100 millones de dólares que es lo que hoy se recauda anualmente por carga impositiva. Esta cifra llegó a ser de 150 millones por año, pero por la incidencia del contrabando bajó a 100.

-¿Cuántos puestos de trabajo directo genera la industria del tabaco en Uruguay?

-En total son 2.000 puestos de trabajo directo, casi 1.000 en la industria, 700 plantadores y los restantes son de distribución.

-¿Cómo se encuentra el SAT ante esta coyuntura?

-Nos encuentra a todos los trabajadores muy unidos y luchando parejo, cosa que no advertimos de parte de las empresas. Han manifestado que van a pelear para que no les aumenten el impuesto, pero que las dificultades que se pueden generar con los puestos de trabajo es un tema de los trabajadores y no de ellos.

-¿Qué acciones tienen previsto desarrollar próximamente?

-La asamblea de trabajadores con su voto nos ha facultado para comenzar con las movilizaciones cuando sean pertinentes. Por el momento entendemos que hay que agotar la etapa de negociación y de convencimiento. Si no tenemos receptividad para nuestros planteos, entonces sí vamos a transitar otros caminos, porque las fuentes de trabajo no se las vamos a regalar a nadie. Y sabemos que no estamos solos, contamos con muchos aliados en esta lucha, el decidido apoyo del PIT-CNT, de la Confederación de la Alimentación y de la UITA.

Rubén Yizmeyián

© Rel-UITA

7 de abril de 2006

* Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay.

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