Uruguay

Como en el 1º de mayo de 1983 los trabajadores del tabaco buscando soluciones

El presidente Tabaré Vázquez, la ministra de Salud Pública María Julia Muñoz, y otros funcionarios del gobierno uruguayo han expresado recientemente su voluntad de impulsar medidas concretas que apunten a una disminución del tabaquismo en la sociedad. El fundamento de esta acción es la convicción de que el consumo de tabaco puede provocar graves problemas en la salud humana y proviene de la ratificación del convenio marco promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la pasada administración de gobierno, situación que desde hace cinco años el Sindicato Autónomo Tabacalero (SAT) viene analizando.

Los trabajadores y trabajadoras de la industria del tabaco coincidimos completamente con la preocupación de las autoridades por las consecuencias del tabaquismo, especialmente para los no fumadores puesto que su opción es, precisamente, no exponerse a los riesgos del consumo de tabaco. Coincidimos también en que los avances más profundos y duraderos en la lucha contra el tabaquismo se producirán en el marco de las campañas de educación de niños y jóvenes, quienes deben recibir una mayor y mejor atención formativa que apunte a enfrentar, además de la del tabaco, todas las otras adicciones igualmente o más peligrosas.

La ministra Muñoz también hizo referencia en sus declaraciones a las “500 familias que viven del tabaco”, aludiendo exclusivamente a las que plantan el tabaco en Uruguay que, en efecto, llegan aproximadamente a esa cantidad. Si bien para muchas de ellas el tabaco no es su actividad principal, se trata de un complemento imprescindible en su ingreso familiar para asegurar la rentabilidad mínima de sus predios. En casi todos los casos, además, se trata de pequeños productores con escasas posibilidades de sustentar por sí mismos un cambio abrupto de rubros en su esquema de producción.

Pero no se debe olvidar a los 2.000 puestos de trabajo que reúnen los centros locales de acopio adonde llegan las hojas secadas y se efectúa una clasificación inicial, y la propia industria del tabaco. Estos centros de acopio, además, se encuentran en los departamentos de Rivera y Artigas, zonas muy empobrecidas y masivamente golpeadas por el desempleo.

Por otra parte, reconocemos la procedencia del convenio marco promovido por la Organización Mundial de la Salud, que limita severamente la publicidad del tabaco en los medios de comunicación, y obliga a incluir en los productos las advertencias sobre el riesgo que implica el consumo del tabaco. No obstante, no debemos pasar por alto que los principales países productores de tabaco, como Estados Unidos, Japón, China, Brasil, Argentina, Turquía, entre otros, no han ratificado ese convenio. Estos países mantienen políticas de protección y amparo a sus industrias tabacaleras y a sus productores de tabaco.

Estimamos, sin embargo, que la propuesta de incrementar la carga impositiva sobre el tabaco, sea por la vía de aumentar el Impuesto Específico Interno (IMESI) u otros gravámenes, provocaría una grave distorsión en el mercado interno porque desprotegería a la industria uruguaya en relación con las industrias de la región, como las de Brasil y Argentina. Estamos convencidos de que una medida de ese tipo acarrearía el cierre casi inmediato de una de las empresas afincadas en el país, al tiempo que generaría una fuerte corriente importadora de tabaco más barato, en principio de la región, y después posiblemente también de otros orígenes donde, al contrario que en Uruguay, la industria goza de ventajas impositivas.

Como es lógico, esta reconfiguración del mercado no sólo no estaría combatiendo el tabaquismo sino que eliminaría fuentes de trabajo en nuestro medio y, aspecto no menor, crearía una nueva línea apetitosa para el contrabando, que ya ronda el 27 por ciento del mercado, evadiendo al Estado 30 millones de dólares cuando las empresas establecidas en el país aportan 100 millones de dólares anuales por concepto de IMESI y llegaron a exportar por otros 50 millones de dólares. El contrabando, además de arriesgar fuentes de trabajo, estará exponiendo al público a consumir productos de mucho menor calidad que los actualmente comercializados en nuestro medio. Esta situación crearía la paradoja de suprimir empleos en Uruguay, amenazar la industria local y favorecer la misma actividad en otros países, sosteniendo fuentes de trabajo en el extranjero y promoviendo mayor afectación a la salud pública en nuestro país, porque ingresarán cigarrillos a un precio mucho menor al actual y por consecuencia incrementará el consumo.

En definitiva, el incremento del IMESI favorecerá a las compañías transnacionales o a las industrias nacionales, que buscarán rápidamente atender la plaza uruguaya con la producción de alguna de sus plantas ubicadas en la región.

De alguna manera esto ya ocurrió con el ingreso al Uruguay de la empresa British American Tobacco (BAT), que se instaló sin respetar los acuerdos y convenios colectivos que existen entre la industria y los trabajadores, logrando así una ventaja comparativa en detrimento del salario y las condiciones de trabajo de sus empleados. Esta empresa no demoró mucho en hacer lo que aparecía como obvio: importar cigarrillos a menores precios que los producidos localmente.

Nuestro sindicato está muy dispuesto a estudiar proyectos sensatos y a colaborar en la elaboración de programas serios para luchar contra el tabaquismo, especialmente con los que enfaticen en el aspecto educativo, ya que la experiencia acumulada en este tema ha demostrado que los resultados de las campañas de represión del consumo son absolutamente insatisfactorios cuando se los compara con las acciones de educación.

Estamos, también, completamente dispuestos a discutir la reconversión de los trabajadores y trabajadoras que nos desempeñamos en esta industria, partiendo del principio de la participación activa del sindicato en la discusión de la sustentabilidad de la capacitación o reciclamiento de los trabajadores y trabajadoras, ya que algunas de las experiencias hasta ahora ensayadas dejan muchas dudas acerca de su eficacia real en un país con un índice de desocupación tan alto como el que tenemos en la actualidad.

Mario de Castro

Secretario General del Sindicato Autónomo Tabacalero (SAT)

13 de mayo de 2005