Este año la
agenda de las celebraciones por el Primero de Mayo en
Nicaragua fue sacudida por la noticia del fallecimiento del
Cmte. Tomás Borge Martínez, precursor de la lucha contra la
dictadura de los Somoza y único fundador sobreviviente del
Frente Sandinista. El movimiento sindical nicaragüense
rindió un último homenaje a quien considera un ejemplo de
valentía y compromiso con sus ideales, y volvió a plantear
sus reivindicaciones laborales y sociales
Las principales
demandas presentadas en este día de duelo nacional por el
Frente Nacional de lo Trabajadores (FNT) y demás
organizaciones sindicales apuntan a tres ejes de lucha: la
aprobación de una ley que regule el tema de la tercerización
del trabajo, la aprobación del nuevo Código Procesal Laboral
y el rechazo a las pretensiones del FMI de imponer una
reforma a la ley de Seguridad Social.
“Son tres
elementos muy sensibles para el pueblo nicaragüense y
estamos reivindicando el derecho de todos los trabajadores y
trabajadoras a levantar su voz para que se respeten sus
derechos laborales, sindicales y sociales”, dijo a Sirel,
Marcial Cabrera, secretario general de la Federación
Unitaria de Trabajadores de la Alimentación de Nicaragua (FUTATSCON).
Cabrera
explicó que el fenómeno de la tercerización del trabajo está
avanzando en todos los sectores de la economía nicaragüense,
con una grave afectación para los trabajadores, ya que no
gozan de los beneficios que garatiza la negociación
colectiva y la afiliación al Seguro Social (INSS).
Es por eso que
las organizaciones sindicales tienen casi tres años de estar
impulsando una ley que regule esta problemática, y que
garantice los derechos a miles de trabajadores que
actualmente están desprotegidos y precarizados.
“Esperamos que
la nueva correlación de fuerzas que hay en el Parlamento
facilite la aprobación de esta ley, que ha sido fuertemente
custionada por la empresa privada porque no quiere que se
establezca el concepto de
responsabilidad solidaria. De esa manera, el trabajador
podrá demandar tanto a la empresa tercerizadora como a la
empresa principal, si no cumplen con darle lo que por ley le
corresponde”, manifestó Cabrera.
Las
organizaciones que integran la Mesa Sindical Nicaragüense
reivindicaron también la inmediata aprobación del Código
Procesal del Trabajo, cuyo dictamen fue ampliamente debatido
y consensuado por la Comisión de Justicia y Asuntos
Jurídicos del Parlamento, y que ahora la empresa privada
pretende modificar de manera unilateral.
“Con este Código
se pretende reducir el tiempo que lleva un juicio laboral,
que actualmente es de entre dos y cinco años, estableciendo
el procedimiento oral, la presencia y asistencia de un juez
especialista en la materia laboral y una duración máxima de
6 meses”, explicó el directivo de la FUTATSCON.
Entre las
modificaciones que impulsa la empresa privada destacan
la figura del embargo preventivo de bienes, del interventor
judicial, la retención migratoria en disputas laborales y
las sanciones y pago de los honorarios del demandante en
caso de que la empresa pierda la demanda.
“De aceptar
esta propuesta tendríamos un Código Procesal del Trabajo sin
las herramientas coercitivas que obliguen al empresario que
trasgrede la ley a cumplir con sus obligaciones, porque lo
que quieren los empresarios es evadir sus responsabilidades
hacia los trabajadores”, aseguró Cabrera.
Finalmente, las
organizaciones sindicales rechazaron tajantemente las
reformas a la Ley de Seguridad Social que impulsa el FMI,
con las que se pretende duplicar el número de cotizaciones
-de 750 a 1.500 semanas- y aumentar la edad de jubilación de
60 a 65 años.
“En un país
como Nicaragua donde la esperanza de vida es de 73
años, aprobar esta reforma sería el tiro de gracia para los
trabajadores. En lugar de impulsar reformas, estamos
exigiendo que el INSS utilice los
instrumentos
jurídicos y legales que ya existen para que todos los
empleadores afilien sus trabajadores y paguen las
cotizaciones”, concluyó Cabrera.
Datos oficiales
del INSS reconocen una mora en la cotización del 50
por ciento, sin embargo estudios independientes arrojan una
mora de entre el 76 y 78 por ciento.
