Un nuevo 1 de mayo se aproxima y con él la necesaria
reflexión sobre las condiciones laborales de nuestros
trabajadores. Represento a una zona (distrito 10 de la V
Región) cuya economía se basa fuertemente en la actividad
agroindustrial, y donde -al igual que en otras partes del
país- se produce una explotación de los recursos naturales y
predomina una manera de producción agrícola intensiva en el
uso del suelo, de los agroquímicos y de la mano de obra. Los
tratados de libre comercio y otros acuerdos regionales y
bilaterales suscritos por Chile han fomentado la producción
agrícola para la exportación, el control de las cadenas
alimentarias y el mayor uso -y menos control- de los
agroquímicos. Todo esto ha generado un profundo impacto
social y ambiental, difícil de dimensionar.
En Chile existen cerca de 800 mil trabajadores del campo, de
los que cerca de 400 mil son temporeros; de ellos, cerca de
250 mil son mujeres, en su gran mayoría jefas de hogar.
Estudios recientes estiman que 60% de los trabajadores y
trabajadoras de temporada carecen de contrato laboral, lo
que se presta para numerosos abusos, como el incumplimiento
en las fechas de pago, unas cancelaciones inferiores al
salario pactado -o sencillamente no pago-, imposiciones
previsionales nunca canceladas y la ausencia de beneficios
sociales. Asimismo, se da una tremenda informalidad y
desprotección laboral, social y previsional. La falta de
prevención y cobertura de salud son la diaria realidad de
los trabajadores y trabajadoras de temporada.
En muchos casos, la fórmula de pago preponderante es a trato
(se fija un monto por saco o caja de productos recolectados)
y, en general, el salario promedio final suele ser inferior
al sueldo mínimo establecido por la ley. Este sistema se
traduce en largas jornadas, que en muchos casos bordean las
16 horas diarias, y donde pagar por las horas
extraordinarias y entregar otros beneficios, sencillamente
no existe. En la actividad agrícola de exportación,
particularmente en la fruticultura, se ha extendido la
intermediación de los llamados “contratistas” o
“enganchadores”, que se encargan de proporcionar la mano de
obra temporal que se requiere en las grandes empresas
agrícolas. Así, ellos reclutan, trasladan y pagan a los
trabajadores, en la mayoría de los casos sin contrato
laboral. Esto contribuye a diluir las responsabilidades al
momento de responder por accidentes del trabajo, las
acciones ilegales, los abusos y daños contra los mismos
trabajadores.
Es necesario exigir respeto por los trabajadores del campo,
sus derechos humanos y laborales que se encuentran
consagrados en la legislación, así como los contenidos en
convenios internacionales suscritos por Chile; el pleno
acceso a la salud y previsión social para los trabajadores
temporeros agrícolas; y el término del sistema de
contratistas que fomentan la precariedad laboral y que,
además, favorecen perpetuar las desigualdades y las
inequidades económicas y sociales. Hay que ser enérgicos en
reclamar los derechos de cada trabajador que se encuentra en
los campos de Chile y legislar para erradicar la
subcontratación que tanto daño ha causado.
Marco
Enríquez-Ominami
Diputado
del Partido Socialista
La Nación
28 de
Abril de 2006
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