Del 21 al 25 de junio de 2010 se celebró en Vancouver, Canadá, el II Congreso de la Confederación Sindical Internacional (CSI), bajo el lema: “Ahora los Pueblos - De la Crisis a la Justicia Global".

El marco social y laboral del mundo del trabajo en el cual se desarrolló el Congreso -contexto que no sólo no ha cambiado sino que mantiene una tendencia a agravarse- consiste en que según los informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogidos por los documentos de CSI para el Congreso, la crisis económica es una tremenda realidad. Según esos datos, en los tres últimos años 34 millones de personas perdieron su empleo, las que se suman a los 178 millones de desempleados que ya había en el mundo, con el agravante de que no se ha podido cuantificar el subempleo que se ha constituido en enfermedad crónica para mantener el empleo estable o mínimamente decente.

Según la OIT, es también alarmante que el 50.6 por ciento de la mano de obra mundial tenga un trabajo inestable, y que 633 millones de trabajadores y trabajadoras se encuentren en la franja de pobres con tendencia a caer en la completa exclusión social.

Con respecto a la cuestión de género, se indicó que las mujeres realizan el 66 por ciento del trabajo en el mundo y producen el 50 por ciento de los alimentos, pero apenas reciben el 10 por ciento de los ingresos y solo acceden al 1 por ciento de la propiedad.

Por las anteriores consideraciones se deduce que incluso aquella franja de trabajadores y trabajadoras que mantiene un empleo, se asoma a la pobreza y hasta a la miseria social, esto es la antítesis de un mundo con nuevas oportunidades y prosperidad para la humanidad que anuncia la demagogia de los pregoneros de la globalización neoliberal.

Si profundizamos el análisis hacia, por ejemplo, el trabajo infantil, o la esclavitud laboral en megaproyectos agroindustriales o transnacionales de pesca y transformación de productos en alta mar, todos asuntos relacionados con la violación de los derechos humanos y la vida, entonces tendríamos argumentos e insumos suficientes como para haber esperado un II Congreso de la CSI que se desarrollara fuera del marco teórico y de trámite estatutario en que transcurrió.

En mi criterio, el II Congreso de CSI fue sobre todo un evento de protocolo para adoptar documentos preestablecidos y puestos a consideración por la Secretaría General -con previo conocimiento del Consejo y Buró Ejecutivo-, en cuyos espacios la dinámica de trabajo definida no permitió el debate ideológico o político respecto a sus contenidos, logrando apenas, ligeras pinceladas que finalmente no modificaron lo sustantivo de las propuestas.

Es una contradicción de fondo que el documento central del Congreso titulado “Ahora los Pueblos”, plantee que el mejor camino para confrontar a las fuerzas globales causantes de la crisis mundial, en lo que concierne a los sindicatos, es trabajar por el internacionalismo sindical, a través de la CSI  y por medio del II Congreso, mientras, como insisto, éste fue organizado con criterio de trámite y protocolo y no dio opción al debate ideológico, político o programático.

Y esto ocurrió porque las precarias comisiones creadas sólo estaban sujetas a la operatividad mecánica del Congreso, entre otras, la ratificación de textos sobre resoluciones, para que posteriormente la Plenaria, sin debate alguno, protocolizara el pupitrazo. Y además, porque el reglamento solo contempló una intervención por Central Sindical, no superior a cinco minutos que sólo alcanzaban para el protocolo del saludo.

Se perdió una excelente oportunidad para abrir el debate al interior de la CSI respecto a resultados y consecuencias de su participación en las cumbres de líderes del G-20, organizadas en Washington, Londres, y Pittsburg, que la Secretaría General en su informe mostró como “signos de cambio de paradigma” o “una auténtica oportunidad para un nuevo punto de partida respecto a la globalización”.

Estas afirmaciones contenidas por el informe del secretario general, contrastan con la realidad laboral y social que la misma OIT denuncia, y con el hecho de que la política adoptada por el G-20 o el G-8, en nada ha modificado el sistema que fortalece los privilegios de los ricos del mundo e incrementa la pobreza en todos los continentes sin posibilidades de solución.

Es claro que la última decisión del G-20 para mitigar la crisis que sacudió la economía del mundo en el último año fue darle más poder y más recursos al Fondo Monetario Internacional (FMI), para promover el incremento del endeudamiento público, especialmente de los países en desarrollo, víctimas de una crisis generada por los mismos ricos.

Es deprimente que bajo el sofisma de haberse salvado 21 millones de puestos de trabajo, la Secretaría General de la CSI manifieste que la política de endeudamiento público debe mantenerse como fórmula de rescate financiero. En otras palabras, mantengamos el moribundo con oxígeno, pero al fin moribundo, porque de no ser así, según el texto del informe del Secretario General, “sería volver a asumir al mundo en una recesión de doble caída”.

Es la vieja táctica que se aplica desde lo nacional a lo internacional, cuando las crisis se agudizan en el sentido de llamar a los trabajadores a las mesas de los gobiernos nacionales o internacionales como la del G-20, para preguntarle: ¿Cuál es su aporte para la solución a la crisis?

Causa hilaridad lo ocurrido en el aspecto electoral. El compañero secretario general Guy Rider no presentó su candidatura para ser reelegido porque, como otros sindicalistas internacionales, salía directamente a ejercer el cargo de subdirector de la OIT, lo cual requiere el aval no solo del sector trabajador, sino también de empresarios  y gobiernos.

Eso explica los rasgos neoliberales que a primera vista ya se advirtieron en los documentos presentados al Congreso, y la presencia de los directores del FMI y la Organización Mundial del Comercio (que aspira a formar parte de OIT), que en calidad de panelistas se dirigieron a la Plenaria del Congreso, hicieron alardes de sus políticas capitalistas neoliberales, pidieron comprensión a los trabajadores, todo sin derecho a réplica ni debate por parte de los delegados sindicalistas, por lo cual ese panel resultó un acto de grotesca y provocación.

Curiosamente, la CUT–Colombia fue declarada en vacancia respecto a su titularidad en el Buró y Consejo Ejecutivo de CSI, y fuera del acuerdo del I Congreso de la CSI, en el sentido de mantener las representaciones por dos períodos para dar opción a consolidar el proceso unitario que dio origen al nacimiento de la CSI.

Este hecho sólo se conoció en el momento de constituir la plancha de composición del Consejo y del Buró. El argumento que también causa hilaridad, respaldado por Víctor Báez, secretario general de CSA, es que, en un acuerdo de cafetería, el ex presidente Carlos Rodríguez comprometió ceder el espacio de la CUT a la CTA de Argentina para el período que se inició con la elección en el II Congreso.

Así las cosas, la CUT no ha renunciado, ni va a renunciar a su derecho legítimo estatutario que sí se aplicó para la totalidad de las organizaciones que integran los órganos de dirección de la CSI (no las personas naturales), como es el caso de la CGT en Colombia, cuyas dos representaciones titulares en el Consejo Ejecutivo y el Buró, fueron respetadas.