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Los
proyectos de minería a cielo abierto, además de tener graves impactos en el
ambiente, conllevan frecuentemente el desplazamiento forzado de poblaciones
enteras y la pérdida de sus territorios. Guillermo Rivera, presidente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO),
conversó con Sirel alertando sobre la grave amenaza que se cierne sobre las
poblaciones campesinas e indígenas.
-¿Cuál es la
problemática que se está viviendo en el departamento de Antioquia?
-Hace dos años
descubrieron que hay minas de carbón en los municipios de Necoclí, San Pedro de
Urabá y Arboletes, en la parte noroccidental de Colombia.
Se trata de una
zona rural donde viven campesinos que tienen pequeñas parcelas de 2 a 3
hectáreas, y que históricamente han sobrevivido produciendo sus propios
alimentos.
Ahora, con este
descubrimiento, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) -un
establecimiento público de carácter departamental descentralizado de fomento y
desarrollo- obtuvo la titulación de casi 100 mil hectáreas de tierra para
realizar un estudio más profundo sobre la presencia de estas reservas de carbón.
Además, firmó
un convenio con la empresa consultora en ingeniería Geominas para avanzar
en la titulación de 11 contratos de concesiones, y realizó negociaciones con
compañías transnacionales coreanas y un consorcio belga-suizo.
Estas
transnacionales están interesadas en una explotación superior a 500 mil
toneladas por mes, con la construcción de un ferrocarril y un embarcadero en
Arboletes. Se trata de una inversión total de 46 millones de dólares.
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Los terratenientes no
han dejado de presionar a los campesinos para que vendan sus
tierras. Quieren obligarlos a vender para después ofrecer las
tierras al Estado a un costo mucho más alto. |
-¿Cuáles son
las principales preocupaciones de SINTRAINAGRO?
-Lo que estamos
previendo es que, para echar a andar el proyecto que va a beneficiar a estas
transnacionales, se va a impulsar un desplazamiento forzado de las poblaciones
campesinas e indígenas de la zona.
Hemos venido
denunciando esta amenaza a las autoridades locales para que intervengan
directamente, busquen una alternativa y no permitan un nuevo atropello contra
las poblaciones de la zona, que podría desembocar en situaciones de violencia y
enfrentamientos.
-¿Cuál ha sido
la respuesta?
-Estamos
dialogando. Nos hemos reunido varias veces con el gobernador departamental y con
el gerente general del IDEA.
Por otra parte,
organizaremos un foro en Urabá para plantear esa problemática y buscar
soluciones, los impulsores del proyecto nos dijeron que todos los municipios
involucrados se van a beneficiar. Les van a dar regalías que llegan a un máximo
del 6 por ciento de la explotación del carbón. Una cantidad miserable que de
ninguna manera va a resolver el problema de los que van a ser desplazados por
esta actividad.
-¿Cuál es la
propuesta de SINTRAINAGRO?
-Queremos que
se instale de inmediato una mesa de concertación en la región, para ver cuáles
van a ser los mecanismos de protección para la población.
Además,
queremos ver qué garantías vamos a tener los habitantes de esta región, para que
no se convierta en un foco de violencia y explotación para la gente, ya que los
terratenientes no han dejado de presionar a los campesinos para que vendan sus
tierras.
Quieren
obligarlos a vender para después ofrecer las tierras al Estado a un costo mucho
más alto.
-¿Qué pasos van
a dar en el futuro?
-SINTRAINAGRO
está ayudando a las poblaciones a organizarse, orientándolas para que no acepten
la negociación de la tierra y no se dejen desalojar.
Ya lo hemos
visto en otras zonas de Colombia, como por ejemplo en la región de las
minas del Cerrejón, en el departamento de La Guajira, donde desplazaron a los
campesinos e indígenas sin ninguna garantía social.
Eso es lo que
quieren hacer en Urabá, por ello, vamos a mantener nuestra posición hasta que no
se logre una negociación y no vamos a permitir el desplazamiento de la gente.
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