En la primera reunión de la 2da. Misión de verificación de la situación sindical en Panamá de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), Saúl Méndez, flamante secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), realizó un detallado informe de coyuntura que vale la pena socializar.

La importancia

de la Solidaridad Internacional

“El problema que teníamos los trabajadores, en particular los de la construcción, es que lo que ocurría en Panamá no se conocía en el mundo. Hoy debemos reconocer satisfactoriamente que ya no es así”, enfatizó Méndez.

En ese sentido, resaltó como muy positiva “la política de relaciones internacionales que se imprimió desde el SUNTRACS: la afiliación a la ICM, y los contactos con organizaciones hermanes como Comisiones Obreras y su Federación de Construcción, Madera y Afines (FECOMA), han sido fundamentales para nuestra organización.

Es muy importante para nosotros que todos ustedes estén hoy aquí en esta Misión de la ICM, junto a los compañeros de la UITA y la UNI. Tenemos un fin en común, la defensa de los derechos humanos, de las libertades sindicales y sus componentes principales: el derecho de organización, el derecho a la huelga y el derecho a la negociación colectiva.

Evaluamos muy necesaria, oportuna e importante vuestra presencia –subrayó Méndez-. Sabemos de sus ocupaciones, de lo cargada de su agenda sindical internacional, pero están aquí en este Panamá que hoy los necesita. Por ello agradecemos profundamente el esfuerzo que han realizado para respaldar al movimiento sindical panameño.

También quiero destacar la presencia de Oscar Valverde, representante de la OIT. Dicho sea de paso, queremos informar que en los últimos años hemos trasladado dos denuncias a la OIT y estamos presentando otra más por violación de la libertad sindical. Ustedes saben que nos han asesinado a tres dirigentes del SUNTRACS: Aliron Smith, Osvaldo Lorenzo y Luis Arguelle, y muchos otros fueron perseguidos o encarcelados”, agregó.

La represión

y desregulación sin límites

Sobre la violencia que padeció el pueblo de Bocas de Toro, en Colón y en la Ciudad de Panamá, el dirigente sindical señaló: “Lo que estamos viviendo es la implementación del modelo económico neoliberal que se ha venido imponiendo a sangre y fuego. Hay toda una casta que llega hoy a gobernar, que como ha ocurrido en el pasado, son grupos económicos que se hacen de los recursos públicos para repartírselos entre ellos.

Está en marcha una ola de megaproyectos de minería, lo que ha llevado a la actual administración a aprobar una serie de normas para evitarles a esas inversiones cualquier reclamo de impacto ambiental.

En ese sentido, se aprobó una ley (la Ley 30) que se denominó ‘Carcelazo’, que en resumen criminaliza la protesta social y la penaliza con de seis meses a dos años de prisión para quienes osen salir a la calle a protestar por alguna injusticia que se cometa.

Esto ataca directamente al movimiento obrero y en especial al SUNTRACS, que se vale de esta herramienta de protesta contra la injusticia -continuó Méndez-. La ley se preparó desde abril de este año y en medio del Mundial de Fútbol, durante el primer partido que jugaba Argentina que aquí tiene muchos seguidores, llevaron la ley a consideración del Parlamento. Era originalmente una ley que trataba sobre aeronáutica civil, pero sorpresivamente se le incorporaron cinco disposiciones más, entre las cuales se encuentran las cláusulas que afectan la libertad sindical en términos de huelga, de organización y, por consiguiente, que anulan el poder de negociación de los sindicatos. Es por ello que la Ley 30 también se denomina popularmente ‘Ley Chorizo’.

También se presenta una norma que elimina los controles de impacto ambiental en las obras. Esto tiene sentido porque el gobierno está entregando concesiones mineras e hidroeléctricas. Se trata de debilitar a los sindicatos para que los trabajadores no tengan representación en esas mega obras.

Para colmo de males –denunció-, esta ley faculta a la Policía Nacional para que la vida de los ciudadanos de este país ande en el gatillo y el dedo de los policías, y esto es muy grave.

Ni a la dictadura militar se le ocurrió algo como esto –advirtió el dirigente sindical-. Y lo que dice esta ley en sus artículos 27 y 28 es que el policía que en ejercicio de sus funciones haga uso excesivo e injustificado de la fuerza, no podrá ser separado de su cargo ni podrá ser encarcelado. Y también dice la ley que si se lo encuentra culpable, pagará su pena siendo policía, realizando trabajo administrativo”.

Méndez informó sobre las consecuencias inmediatas que tuvo esa Ley 30: “La mejor forma de demostrar lo perverso de esta ley es ver los acontecimientos ocurridos en Changuinola, donde fueron asesinadas más de diez personas -a pesar de que el gobierno solo reconoce dos muertes-, y donde fueron heridas más de 650, de las cuales más de 50 quedarán ciegas y aproximadamente 60 perderán una vista, y todos los demás tienen una lluvia perdigones en el cuerpo.

Por eso la presencia de ustedes aquí es tan importante, junto a las gestiones que se han realizado ante la OIT.

Aún en medio de la aprobación de la Ley 30, el gobierno asumió la actitud beligerante de empezar a exigirle a las empresas, incluyendo a los representantes de la Cámara, la aplicación inmediata de la Ley.

En materia laboral –explicó- la norma dice que el trabajador debe comunicar al empleador si quiere o no que se le descuente la cuota sindical. Y ya hay empresarios que comenzaron a poner esta condición en los contratos de trabajo, por lo que coaccionan al trabajador, ya que si se decide por el descuento de la cuota puede no conseguir el puesto. O sea que la autonomía de los sindicatos queda en manos de los empresarios.

Si aún sin facultades para hacerlo los empresarios ya perseguían a los trabajadores que se organizan sindicalmente, imagínense ahora, teniendo potestades para ello. Esto desmantelaría a los sindicatos –advirtió-. Por otra parte, la Ministra de Trabajo manifestó en reiteradas ocasiones que la Ley está por encima de los Convenios Colectivos”.

El secretario general del SUNTRACS informó que “En el caso de los trabajadores de la construcción siempre se colocó entre las cláusulas de los Convenios Colectivos el descuento de la cuota sindical. En el derecho laboral existe algo que se denomina in dubio pro operario, que establece que cuando hay dos normas que regulan una misma temática debe aplicarse la más favorable al trabajador.

La gota que derramó el vaso llegó cuando la empresa Grupos Unidos por el Canal comenzó a distribuir un formulario donde preguntaba a los trabajadores si querían que se les descontara la cuota o no, sumado a una serie de carencias y negligencias que se venían presentando a diario, como falta de transporte, condiciones de seguridad, pago de horas extra, entre otras.

Como protesta ante esto se definió una paralización que se extendió del Caribe al Pacífico, y se detuvieron por completo las obras de construcción del Canal.

Luego –relató-, la Policía, junto al viceministro de Trabajo, esgrimiendo la Ley y a punta de fusiles pusieron a los trabajadores en fila india diciéndoles que si no iban a trabajar quedarían afuera; ésa fue la primera medida.

Así se reanudaron las obras del Canal de Panamá, a punta de pistola, bajo presión de la Policía y el Ministerio de Trabajo en contubernio con la empresa.

Cabe señalar –continuó Méndez- que a raíz de esa huelga se abrió un expediente en la Procuraduría General de la Nación, en el cual ocho miembros de la Junta Directiva del SUNTRACS, junto a otros nueve compañeros del movimiento popular, están siendo investigados por el Ministerio Público por supuestamente ‘atentar contra la personalidad interna del Estado’ -un delito que aquí se pena con diez a 20 años de prisión-, por paralizar las funciones del Canal, lo que es penalizado con diez a 15 años, y finalmente por ‘asociación ilícita para delinquir’.

Como aquí las instituciones están carcomidas y podridas –señaló-, esto era un invento para detener a Genaro López, entonces secretario general del Sindicato, y a otros siete compañeros entre los que me encuentro yo, y sólo cuando la situación se puso más tensa hubo una orden para que nos dejaran de perseguir.

Una hipocresía

llamada diálogo

Aquí no se están respetando las libertades sindicales ni las garantías mínimas –expresó denunciando un clima de persecución-. En los días de la represión de julio pasado se detuvieron a 300 personas sin ningún tipo de orden de captura, de las cuales 200 eran miembros del SUNTRACS. Esta situación se viene agudizando, y cada día viene cobrando más fuerza la represión y el desconocimiento de los derechos de los trabajadores.

En este momento el gobierno ha llamado al diálogo, pero no es un diálogo tripartito como al que estamos acostumbrados los trabajadores –señaló-, sino que en verdad es una pantomima donde el gobierno controla la mesa, y los beneficiarios son los empresarios; los trabajadores iríamos a dialogar en última instancia, cuando ya no quedará nada para negociar.

Se están agotando las instancias, está en manos de los trabajadores decidir hasta dónde se podrá seguir con esta farsa. Si no hay verdadera voluntad de negociar, los trabajadores volveremos a las calles. Lo sucedido en Bocas del Toro no es algo que pueda quedar en el pasado porque es probable que se repita si no hay avances en las próximas semanas –advirtió el dirigente de SUNTRACS-.

Según la peculiar visión de la Ministra de Trabajo, el gobierno viene a liberar a los obreros de los sindicatos explotadores, y pensaron que habría una desbandada de los trabajadores, sobre todo de la construcción, pero se equivocaron. La situación es compleja, y es muy importante esta labor que ustedes han venido a cumplir.

Termino por denunciar que cuando apresaron a los trabajadores la intención era enviarlos al centro penitenciario y mezclarlos con los delincuentes comunes para que se produjera algún asesinato –agregó Méndez-.

En este contexto, hemos realizado la denuncia de inconstitucionalidad de la Ley 30 a propósito de una próxima visita a la Corte, aunque los jueces están aliados con el gobierno por lo que no hay mucha esperanza.

El SUNTRACS, en medio de todos estos enredos, está de elecciones, pero hubo en nuestras filas una unión desde abajo. Frente a esta agresión brutal –expresó-, la unidad es la salida.

No quiero terminar sin enfatizar una vez más que toda la solidaridad que han brindado es muy importante para nosotros”, concluyó Méndez.