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Con Luis Ramírez, asesor legal de APTA
El gobierno argentino es denunciado
ante la OIT |
La
Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA) es uno de los dos gremios
que desde hace ocho días se encuentran efectuando un paro por el conflicto
que mantienen con las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, ambas
propiedad del grupo Marsán. En el correr de este día, jueves 1, el doctor
Luis Ramírez, en su calidad de representante legal de este Sindicato,
presentará ante la OIT una denuncia contra esas empresas y el Estado
argentino por violación del derecho de huelga.
-¿Cuáles son las razones de este conflicto?
-Una reivindicación salarial, una denuncia por la violación reiterada del
convenio colectivo por parte de la empresa y también por la reincorporación
de once despedidos sin justificación. Ahora se sumaron los despidos
efectuados durante el conflicto que son unos 370 más.
-¿Por qué razón APTA denunciará al Estado argentino ante la OIT?
-En la tarde de hoy nos presentaremos ante la oficina de la OIT en Buenos
Aires para denunciar al Estado y a estas empresas por violación del derecho
de huelga y por tanto de los Convenios 87 y 98 de esa Organización.
-¿En qué se expresa esa violación?
-En una batería de medidas que adoptó este gobierno para desactivar el
derecho de huelga. Para poner sólo un ejemplo: en caso de conflicto el
Ministerio de Trabajo puede llamar por única vez a una ronda de
negociaciones obligatoria, agotada la cual queda habilitado el ejercicio del
derecho de huelga, pero en este caso, el Ministerio ordenó una segunda
conciliación obligatoria violando nuestras leyes, el artículo 14 bis de
nuestra Constitución y los convenios internacionales. También amenaza a los
gremios en conflicto con quitarles la personería gremial, con imponerles
multas millonarias en dólares que serían el fin económico de los gremios.
Este gobierno está promoviendo una serie de medidas totalmente ilegales con
la intención de transformar este conflicto en uno de baja intensidad,
inofensivo, y de hecho está prácticamente eliminando para estos gremios el
derecho de huelga.
-¿Qué camino seguirá la denuncia una vez presentada?
-La oficina de la OIT para el Cono Sur que está en Buenos Aires analizará la
seriedad y formalidad de la denuncia y luego la derivará al Comité de
Libertad Sindical, organismo al que va dirigida. Este Comité estudiará las
pruebas que presentamos –que son contundentes– y esperamos que luego se
intime al Estado argentino a que deponga su actitud. Queremos que la OIT
intervenga para que el Estado argentino se ajuste a los convenios
internacionales que tiene firmados. Estas violaciones son aún más graves si
tenemos en cuenta que el actual Ministro de Trabajo argentino, Carlos
Tomada, ocupa un alto cargo en el seno de la propia OIT. Aunque las
recomendaciones de la OIT no tienen calidad coercitiva, es claro que a
ningún gobierno, y menos a éste, le gusta ser denunciado ante un organismo
internacional por una razón como esta. Ellos saben que se han extralimitado
completamente. Nos han fijado servicios mínimos por esencialidad cuando el
transporte no está incluido en el concepto legal de servicios esenciales
como lo son, por ejemplo, los hospitales. Pero además, esos mínimos exigidos
son casi máximos, porque reclaman que aseguremos el 75% de los vuelos
internacionales y el 50% de los de cabotaje, lo que obviamente de mínimo no
tienen nada. Y por si esto fuese poco, la empresa también quiere designar
los funcionarios que aseguren ese servicio, procedimiento que la OIT rechaza
absolutamente; el empleador no puede seleccionar el personal que efectúa una
guardia gremial durante una huelga.
-¿Este es un caso aislado o es un ensayo de los empresarios y el gobierno
para enfrentar futuros conflictos en otros sectores?
-Ante la fuerte puja distributiva que hay en el país, el gobierno mira este
conflicto con mucha preocupación por lo que puede representar en un contexto
de acumulación de excedentes. En este marco, se quiere evitar un éxito de
los trabajadores planteándoles un conflicto muy duro en el que se han
utilizado todos los instrumentos posibles para desactivarlo y que no
constituya un “mal precedente”.
Carlos Amorín
© Rel-UITA
1 de diciembre de 2005
