La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), denuncia que autoridades judiciales, agentes de la Policía Nacional Preventiva y de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), en complicidad con el director regional del INA, Germán René Silva, han desatado una cacería contra los integrantes de la Empresa Asociativa Campesina (EAC) “Yarushin N^o 2”, afiliada a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y ubicada en la comunidad de Yarushin, municipio de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan.

El SINTRAINA informó que como consecuencia de la represión contra los campesinos “han sido detenidos la compañera María Idulvina Guevara y los campesinos Juan Francisco Acevedo Hernández, Andrés Acevedo Hernández, Eusebio León Melgar, Antonio Fuentes Escobar y Leonel. Los hermanos Acevedo Hernández guardan prisión junto a peligrosos delincuentes en la Granja Penal de Santa Rosa de Copan desde hace 17 días, y el resto han sido detenidos en estos dos últimos días”.

El marco de esta represión es la aplicación de la Ley de Reforma Agraria y de un reciente Decreto presidencial por los cuales se les reconoce el derecho a la propiedad de la tierra a grupos y comunidades que las vienen trabajando desde hace décadas. Estas tierras han estado en usufructo de los campesinos y campesinas, pero en permanente disputa con los grandes terratenientes que pretenden anexarlas a sus ya vastas propiedades. El Decreto presidencial agudizó el conflicto.

El comunicado del SITRAINA expresa que “a las ordenes de captura emitidas por los juzgados de Santa Rosa de Copan se agregan las arbitrariedades cometidas desde la oficina regional del INA. El director regional, Germán René Espinal, desde que inició su gestión en el gobierno del ‘Poder Ciudadano’ se ha parcializado por cuestiones políticas con los terratenientes de la zona. En 2007, Espinal declaró sin lugar el dictamen de los propios funcionarios de la institución agraria que favorecía a los campesinos de la EAC ‘Yarushin N⁰ 2’.

El trabajo de campo realizado entonces determinó que los miembros de la EAC sí eran beneficiarios de la Ley de Reforma Agraria y del Decreto 18-2008 aprobado este año por el Congreso Nacional, que busca resolver la mora agraria con casos que tengan una antigüedad de más de 30 años.

Un informe posterior del Jefe de Reconversión de la Regional del INA en Santa Rosa de Copan, Flavio Antonio Flores -expulsado del SITRAINA por acciones en contra de la organización de los trabajadores-, determinó lo contrario del informe original, lo que ha sido usado en los juzgados para favorecer a los terratenientes”, aclara el comunicado.

“Las decisiones tomadas por el director regional del INA, Germán René Espinal, y los jueces de Santa Rosa de Copan han permitido que los terratenientes dispongan abusivamente de más de 20 manzanas de maíz propiedad de los campesinos y campesinas de la EAC ‘Yarushin 2’ -agrega el SITRAINA-, y actualmente están sirviendo para alimentar el ganado de la familia que reclama las tierras y el de algunos de sus vecinos que lograron reunir para dañar a los labriegos.

Las 39 familias de la EAC “Yarushin 2”, originarios del lugar de donde pretenden ser desalojados, cultivan la tierra que reclaman desde hace más de 20 años. Ellos solicitaron formalmente desde el año pasado al Instituto Nacional Agrario la adjudicación de las 80 manzanas que cultivan con granos básicos.

“El predio que los campesinos solicitan -dice el comunicado- es reclamado por una familia de terratenientes de la zona encabezados por Rosa Candida Trigueros y su hijo Gustavo Trigueros. Estos últimos disponen de un título al que arbitrariamente quieren agregar las tierras de los campesinos afectados”.

“Los campesinos han solicitado a las autoridades agrarias una remedición de la propiedad de la familia terrateniente, que a sus 750 manzanas quiere agregar las 80 que reclama el grupo campesino -denuncia el SITRAINA-. Hasta ahora la única respuesta que han recibido los miembros de la EAC ‘Yarushin 2’ de parte de las autoridades agrarias, de los fiscales, jueces y policías, son las típicas medidas represivas, jurídicamente denominadas cautelares que suelen solicitar los fiscales del Ministerio Publico. La preferida e imposible de cumplir es la que impide el acceso a las tierras de cultivo y a sus viviendas de los afectados. Con esta medida las ‘autoridades’ violan los mas elementales derechos de los campesinos y los obligan a aceptar un desalojo que violenta fundamentalmente su derecho a la inocencia, a la propiedad, a la alimentación y a la vivienda. Con esta medida también le facilitan a los poderosos la ocupación de la tierra”.

En diálogo con Sirel, Manuel de Jesús Sosa, presidente del SITRAINA afirmó que “Los campesinos y campesinas detenidas son acusados de allanamiento y de delitos ambientales, muy de moda entre los ‘operadores de justicia’ cuando de acusar campesinos se trata. Las penas establecidas en la nueva legislación por los delitos ambientales andan arriba de los cinco años, no excarcelables. Con este tipo de acusaciones los fiscales y jueces buscan ahuyentar a los campesinos de sus tierras para allanarles el camino a los ricos terratenientes que no se conforman con las extensas propiedades que ya tienen y que no logran explotar al cien por ciento”, agregó.

Manuel de Jesús Sosa advirtió que “Para evitar su detención por parte de las llamadas autoridades, el resto de los miembros de la EAC ‘Yarushin 2’ se están exponiendo al peligro de cruzar ríos crecidos por las fuertes lluvias que caen en la zona. Responsabilizamos al Estado de las violaciones a los derechos humanos que los campesinos y campesinas del occidente de Honduras están sufriendo por culpa de los funcionarios designados en aquella región”, finalizó.