Calvo Conservas enfrenta denuncias

ante la OIT y la COFIDES

Confirmando nuestras presunciones, los sindicatos denuncian que un integrante del bufete de abogados propiedad del ministro de Trabajo salvadoreño representa al grupo Calvo

Durante la reciente 96ª Conferencia Anual de la OIT celebrada en Ginebra (Suiza); tres organizaciones salvadoreñas, el Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas (SGTIPAC) que representa trabajadores/as de CALVO, la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles, Restaurantes y Agroindustrias (FESTSSABHRA) y la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS) presentaron una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT contra el gobierno de El Salvador por permitir acciones contra la libertad sindical por parte de la empresa española CALVO. Se destacan los despidos de directivos y de una fundadora protegidos/a por fuero sindical; el intento de despedir a otros directivos mediante acciones judiciales; intimidación antisindical en la que participan gerentes, jefes y vigilantes armados y proposiciones de los gerentes y jefes de CALVO a los trabajadores/as para que formen un sindicato patronal. Además, la queja menciona que la empresa española está siendo representada legalmente por un integrante del bufete de abogados, propiedad de José Roberto Espinal, actual ministro de Trabajo salvadoreño, quién ocupó una vicepresidencia en la OIT y actualmente preside el Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica. La Rel-UITA respalda la mencionada queja.

En junio de 2006, el Grupo CALVO, luego de despedir a 600 trabajadoras/es amenazó con cerrar sus operaciones en El Salvador si este país no ratificaba los convenios fundamentales de la OIT, entre ellos el 87, 98 y 135 referentes a la libertad sindical. Este es un requisito del Sistema General de Preferencias europeo (SGP+Plus) que le permite a determinados países exportar sin aranceles a la Unión Europea (UE) y del cual se beneficia CALVO para exportar su atún desde El Salvador a Europa. Sin embargo, la respuesta de CALVO al intento de organización sindical en su planta en Punta Gorda (La Unión) no ha sido la esperada por parte de una empresa que efectuó un fuerte lobby presionando por la ratificación de las citadas  normas de la OIT.

La Rel- UITA viene apoyando los esfuerzos de las organizaciones salvadoreñas y ha publicado recientemente en su sitio Web un extenso informe denominado “La Novela de CALVO Conservas”.

Euros baratos, pero los compromisos laborales

no se cumplen

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) es una empresa mixta que financia proyectos de empresas españolas que desean “transnacionalizarse” a través de “proyectos privados viables que se lleven a cabo en cualquier país en vías de desarrollo o emergente en los que exista algún tipo de interés español”. Esta compañía fue la que aportó un préstamo de 52 millones de Euros  para que CALVO estableciera su planta en El Salvador. Sin embargo esos préstamos tienen algunas condiciones, por ejemplo, COFIDES establece que se “respetarán los derechos humanos de todos sus colaboradores, de conformidad con la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con los principios establecidos en el Pacto Mundial suscrito por COFIDES”. (La declaración de la ONU en el artículo 23 expresa que: Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.)

Es por esta razón, que junto con la queja ante la OIT, las organizaciones sindicales salvadoreñas han dado trámite a una solicitud ante la Dirección de COFIDES solicitando se inicie un proceso de investigación en el Grupo CALVO en El Salvador, con el objetivo de determinar si las violaciones a la libertad sindical que están ocurriendo constituyen una trasgresión al Código Ético de COFIDES y en tal caso informe de las medidas que adoptará para corregir la situación. La Rel-UITA también está respaldando esta solicitud.

Demandas básicas

Las demandas de las organizaciones sindicales salvadoreñas son elementales. Exigen que sus directivos y fundadores despedidos arbitrariamente sean reinstalados y el cese de una campaña antisindical enfocada en tratar de reducir el crecimiento del SGTIPAC y de esa manera cortarle el camino a la negociación colectiva. Lo que en otras latitudes ya es una práctica aceptada por CALVO en El Salvador amenaza con convertirse en un conflicto internacional. En este país los gerentes y jefes de CALVO provienen del sector empresarial salvadoreño y están entrenados para reprimir cualquier asomo de organización sindical. De hecho, el gobierno y los grandes empresarios han mostrado a lo largo de los años que confían en “desindicalizar” la sociedad como vía para atraer inversiones foráneas. El anterior Ministro de Economía, Miguel Lacayo (2000-2004) en varias ocasiones mencionó la baja tasa de sindicalización como un “atractivo” que ofrecía el país a los inversionistas extranjeros. Pero los resultados están lejos de ser los esperados, El Salvador es el país de toda Centroamérica que atrae menos inversión extranjera.

Todo indica que en su oportunidad CALVO presionó al gobierno salvadoreño para que este ratificara los convenios fundamentales de la OIT y dado que el interés de la empresa española era comercial (arancel cero para sus exportaciones a Europa) y no social,  debe haberse comprometido con las autoridades que lo dispuesto por dichos convenios resultaría letra muerta en su planta.  Ahora CALVO se encuentra en una verdadera disyuntiva; aplicar en El Salvador una política de relaciones laborales y negociación colectiva similar a la que mantiene en Brasil y España, o sumarse al club de los grandes empresarios salvadoreños caracterizados por su fundamentalismo antisindical.

Lo cierto es que al parecer los Calvo se pasaron de listos y ahora se encuentran en aprietos. Si continúan con la actual política deberán enfrentar, con todas sus consecuencias, la condena internacional de organismos como la OIT y la COFIDES, a lo que se sumarán los trabajadores organizados en la UITA y todo esto alertará a los consumidores con consecuencias negativas para la marca. El otro camino es desconocer el compromiso que suponemos que la empresa realizó con el gobierno y la oligarquía salvadoreña  quienes, por sus características mafiosas, no perdonarán fácilmente que no se cumpla con lo acordado.

En Montevideo, Enildo Iglesias © Rel-UITA Con información de CEAL y fuentes propias 18 de junio de 2007