El Sindicato de
los Trabajadores de la Industria de la
Alimentación de São Paulo, el mayor sindicato
del sector en Brasil, acaba de celebrar sus
elecciones internas. Carlos Vicente de Olivera,
conocido por todos como “Carlão”, fue reelecto
presidente con más del 90 por ciento de los
votos en una lista unitaria. En diálogo con
Sirel, Carlão explicó el peculiar proceso de
deslocalización industrial que viene ocurriendo
en el estado de São Paulo y detalles sobre un
programa implementado en el Sindicato, dedicado
a las personas con discapacidad.
-¿Cómo es la composición del sindicato?
-En la ciudad de São Paulo operan numerosas transnacionales
del sector alimentario. Podemos mencionar a
Nestlé, Kraft Foods, Unilever, Cargill, Pepsico,
General Mills, Kellogg's, Bunge, y otras
varias. En los últimos años se ha producido un
proceso de deslocalización de las plantas
fabriles desde São Paulo hacia otras zonas. Los
argumentos que se han manejado para justificar
este movimiento han sido variados: se
mencionaron razones logísticas, y hasta se
invocó el costo “inmobiliario”, ya que aquí las
empresas dicen que deben construir plantas
“verticales” que son mucho más caras que las
“horizontales”. De esta forma, en São Paulo
están quedando sobre todo las oficinas
administrativas.
-¿Ustedes concuerdan con esos argumentos?
-Por cierto que no. Nosotros realizamos una investigación
autónoma, y llegamos a la conclusión de que
estas empresas consiguen no sólo ventajas
fiscales en otras regiones, también mano de obra
más barata y, en ocasiones, ausencia de
sindicatos u organizaciones en formación, aún
frágiles, lo que a los empresarios les otorga un
margen de maniobra mucho más amplio. La llamada
“Guerra Fiscal” también incidió mucho. Según
nuestros datos, desde 1990 en adelante cerca de
42 grandes empresas se deslocalizaron de São
Paulo.
-¿Puedes dar algunos ejemplos?
-Aquí la transnacional Kraft adquiere el nombre de
Lacta, y ella se fue para Curitiba, en el
estado de Paraná, al igual que Sadía que
se desplazó a la localidad paranaense de Ponta
Porá. Nestlé llevó su planta para la
ciudad de Marília, en el interior de São Paulo;
Kibom, que es de Unilever, se fue
para la ciudad de Valinhos, a un centenar de
kilómetros de São Paulo. En los casos en que
permanecen en el estado las cosas son más
sencillas, porque aquí los sindicatos de la
alimentación son fuertes, pero cuando van a
otros estados, la situación es muy variada.
-¿Qué significación tienen esas oficinas
administrativas que permanecen en São
Paulo?
-Algunas llegan a tener 2 mil y más funcionarios y
funcionarias, como es el caso de Cargill,
donde venimos desarrollando un trabajo intenso.
-¿Qué variantes tiene organizar casi
exclusivamente administrativos?
-Es algo muy distinto, porque se trata de un personal que
trabaja más cerca de los patrones, muchos son
personal de confianza, y en general porque
reciben una retribución bastante más alta que la
de un obrero. Pero de manera creciente estamos
logrando que participen en las negociaciones,
que se involucren en el trabajo de la
organización sindical.
-¿Qué significa en números esta pérdida de
fábricas en el estado?
-Antes de que empezara este proceso teníamos algo más de 100
mil afiliados, y hoy llegamos a la mitad de esa
cantidad.
-Por otra parte, sabemos que ustedes están
desarrollando un trabajo novedoso con personas
con discapacidad.
-En Brasil tenemos una ley que asigna a las empresas
cuotas obligatorias de empleo para personas con
discapacidad, en función de la cantidad total
de empleados y según una tabla preestablecida, pero nuestra investigación develó que muchas de
las empresas que contratan personas con
discapacidad no les asignan ninguna
tarea acorde a sus capacidades, esto es, los
someten a realizar trabajos sin productividad o
utilidad reales. Quiere decir que los emplean
sólo para cumplir con la cuota legal, y los
dejan por allí, en un rinconcito, cortando papel
o cosas así. La consecuencia es que estos
trabajadores y trabajadoras permanecen
totalmente descalificados.
-¿Cómo actuaron ustedes a partir de esa
constatación?
-Hicimos un llamado a la responsabilidad de las
empresas para que esos trabajadores sean
capacitados y puedan percibir que su tarea tiene
una utilidad concreta, porque habitualmente la
persona con discapacidad ya se siente inútil,
por ello, es un pecado colocarlo en la fábrica
sin darle una oportunidad real de integración.
Como
consecuencia, ese trabajador se sentirá aún más
inútil, aceptando limitaciones que no tiene, por
eso decidimos implementar nosotros mismos
programas de capacitación para personas con
discapacidad y después los enviamos a las
empresas. Esa tarea la realizamos en una escuela
que tenemos en el propio Sindicato, mediante un
convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje
Industrial (SENAI) que nos provee los
profesores, la empresa paga los cursos y el
Sindicato cede el espacio físico. De esta manera
las personas con discapacidad llegan a las
empresas con una calificación para ejercer una
función concreta. Por ejemplo, los no videntes
pueden capacitarse en telemarketing, los
que tienen deficiencias auditivas en otras
tareas, etc.
-¿Cuántas personas pasaron por ese programa?
-Desde el inicio han pasado unas 80 personas. Y
eso porque a menudo enfrentamos limitaciones muy
fuertes en materia, por ejemplo, de transporte
de potenciales alumnos y alumnas que no pueden
desplazarse fácilmente, muchas veces la propia
familia tiene temor que salgan y prefiere
mantenerlos en la casa donde piensan que están
más protegidos. Por otra parte, muchas personas
con discapacidad reciben pensiones o subsidios
del gobierno -que apenas superan el salario
mínimo- que son suspendidos cuando la persona
ingresa al mercado de trabajo. Esto resulta
desmotivante para que se capaciten y se integren
al ámbito laboral. Estamos luchando para lograr
más apoyo y poder desarrollar más y mejor esta
tarea que es responsabilidad de todos.
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Carlos Amorín
©
Rel-UITA
3
de agosto de 2007 |
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