Una Misión que integran todas las centrales brasileñas partió el pasado sábado 31 con destino a Ginebra, Suiza, para entrevistarse con altas jerarquías de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante la cual presentarán

quejas formales contra el gobierno de Brasil.

La Misión lleva por objetivo exponer ante el director general de la OIT, Juan Somavía, una denuncia del movimiento sindical brasileño contra el Ministerio Público de Trabajo del actual gobierno que, según Neuza Barbosa, secretaria nacional de Planificación y Recalificación Profesional de Força Sindical e integrante del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA, “interviene desde hace años y de manera frecuente en la vida sindical, sobre todo interfiriendo en el flujo normal de las contribuciones de los trabajadores y trabajadoras hacia sus sindicatos”.

Es bastante habitual que esta Secretaría de Estado obligue a los sindicatos a firmar declaraciones de “ajuste de conducta” que agreden, limitan y atentan contra la libertad sindical.

Neuza afirmó a Sirel que se han hecho varios intentos de modificar este comportamiento del Ministerio de Trabajo, pero todo fue infructuoso. “Ahora esta Misión oficializará la denuncia ante la OIT, ya que las centrales entendemos que se trata de una práctica antisindical que interfiere en la capacidad financiera de las organizaciones complicando y limitando su accionar. La intención parece ser la de acabar con la organización sindical”.

Este comportamiento, inclusive, se ha incrementado en los últimos años, a lo que se suma una nueva modalidad de inhibición de la acción sindical implementada por la Justicia del Trabajo mediante los llamados “interditos prohibitorios”, que consisten en la prohibición para los sindicatos de realizar Asambleas o cualquier otra manifestación en las puertas de los centros de trabajo, bajo amenaza de pagar multas siderales.

“Entendemos que si la justicia tiene sospechas concretas de que un sindicato mantiene prácticas que dañan los derechos de los trabajadores –sostuvo Neuza–, ella debe actuar como corresponde, como ordena la ley, investigando y castigando a los culpables, pero no es correcto que interfiera en las negociaciones de los trabajadores, que intervenga e influya en los Convenios Colectivos, porque eso es muy lesivo para los trabajadores y sus organizaciones”, concluyó.

Asimismo, la Justicia Laboral ha condenado a algunas organizaciones sindicales a devolver sumas astronómicas de dinero en función de contribuciones cobradas años atrás y que ella entiende fueron percibidas indebidamente, so pena de aplicar un sistema de multas y recargos que hacen la supuesta deuda aún más impagable para los sindicatos.