Miles de trabajadores tomaron las calles de
Lima para demandar al Congreso de la
República la derogación de dos decretos de
urgencia que favorecen a las
transnacionales.
Miles de trabajadores encabezados por la
Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP) marcharon hasta el
Congreso de la República para expresar su
rechazo a los inconstitucionales Decretos de
Urgencia 001 y 002-2011. Estos decretos
emitidos por el Poder Ejecutivo, priorizan
33 proyectos estratégicos de inversión,
vulnerando todos los dispositivos de
fiscalización a favor de transnacionales.
Carmela Sifuentes,
presidenta de la CGTP, dijo a
Sirel que los trabajadores “hemos salido
a las calles para poner freno al gobierno
que vende y hasta regala nuestros recursos
naturales. En la calle le decimos al señor
García ¡basta de atropellos!, ¡basta
de regalar nuestras tierras! Y le exigimos
también el respeto a nuestros derechos
laborales, salarios justos y dignos y
libertad sindical para todos los peruanos y
peruanas”.
Sifuentes,
señaló que el actual gobierno “nos quiere
hacer creer que el modelo neoliberal está
generando el desarrollo económico del país
pero no dice que el actual crecimiento sólo
está beneficiando a los capitalistas
extranjeros y sus intermediarios nacionales
mientras los pobres siguen siendo pobres y
los trabajadores reciben sueldos de hambre”.
Explicó que “los decretos establecen
privilegios a favor de un determinado grupo
de inversores -entre los que figuran nuevas
centrales hidroeléctricas- y los que exonera
de cumplir con las normas ambientales
establecidas en Perú y que deben
cumplir en cualquier país”.
Con la promulgación de los Decretos de
Urgencias 001 y 002, a inicios del 2011, el
gobierno pretendió exonerar de los Estudios
de Impacto Ambiental (EIA) a 33
megaproyectos de concesión declarados “de
necesidad nacional y ejecución prioritaria”
El Decreto de Urgencia 001-2011 establece
que la viabilidad de los proyectos podrá ser
otorgada con estudios a nivel de
prefactibilidad, que los terrenos,
edificaciones y/o empresas de propiedad
directa o indirecta del Estado requeridas
para la concesión serán transferidas
automáticamente y a título gratuito, para lo
cual solo se necesita obtener un Decreto
Supremo (DS) del sector correspondiente.
La movilización que se realizó el pasado
miércoles 23 de marzo, demandó, además, la
derogatoria del DL 1031 que privatiza a las
empresas públicas al determinar que el 20
por ciento de sus acciones, como mínimo, se
negocien en la bolsa de valores.
El recorrido de la marcha comprendió las
principales avenidas de Lima Metropolitana,
y recibió el respaldo de transeúntes y
comerciantes que salieron a las puertas de
sus comercios a apoyar a los trabajadores.
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