-¿Cuál fue el inicio del conflicto con la empresa LIDO que los dejó a ustedes afuera?

-El conflicto se inicia a partir de que el sindicato SELSA solicita al Ministerio de Trabajo la revisión de una de las cláusulas de nuestro contrato colectivo de trabajo, específicamente la cláusula 43, que establece que el ajuste salarial debe efectuarse cada año. En diciembre de 2001 pusimos ante el Ministerio de Trabajo la respectiva petición de negociación de los salarios. El artículo 480 del Código de Trabajo establece cuatro etapas para llevar adelante el conflicto colectivo. La primera, la del trato directo con la empresa, la agotamos tras cuatro reuniones ya que la empresa se retiró sosteniendo que no tenía capacidad de aumentar los salarios como los trabajadores lo estábamos solicitando. El sindicato hizo nuevamente la solicitud al Ministerio de Trabajo para llevar a cabo la etapa de conciliación en diciembre de 2001, pero llegamos hasta mayo de 2002 sin que la empresa cediera un incremento salarial a pesar de que nosotros hacíamos propuestas módicas e intentábamos llegar a un arreglo por la vía del diálogo y la negociación –llegamos a plantear hasta 112 colones (aproximadamente 14 dólares) de incremento salarial–. En lugar de un aumento, la empresa LIDO puso sobre la mesa una reducción del 5 por ciento de los salarios que ya teníamos.

-¿Y en qué momento los despidieron?

-Cuando hicimos una suspensión laboral de ocho horas, el 6 de mayo de 2002. La respuesta de la empresa fue suspender los contratos individuales de los trabajadores de forma discriminatoria e ilegal, no permitiéndoles el ingreso al centro de trabajo. Primero fueron 36 compañeros, entre ellos todos los integrantes de la junta directiva.

-En estos momentos, pasados ya casi 3 años, ¿a qué instancias están abocados?

-Durante todo el conflicto tuvimos que recurrir a la Asamblea Legislativa, al mismo Ministerio de Trabajo, tratando de conciliar con la empresa. Interpusimos recursos en la Asamblea, elevamos una queja en contra del Ministerio ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; tuvimos que presentar una demanda también contra el mismo Ministerio de Trabajo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para solicitar una inspección especial del Ministerio para que éste comprobara la infracción a ley por parte de la empresa. El Ministerio no lo hizo, antes bien, adoptó una resolución que violentaba su propia ley interna, la “Ley de organización y funciones del sector trabajo y previsión social”. Entonces hicimos una demanda en contra de este Ministerio que sólo sirve para los empresarios y no a los trabajadores, como quedó comprobado. La resolución de la Corte, después de un año de iniciada la demanda, consistió en imponerle al Ministerio de Trabajo una multa de 30 dólares. Eso fue lo que tuvo que pagar el Director General de Inspecciones del Ministerio de Trabajo a la Corte Suprema de Justicia, una multa risible, que no llena la verdadera finalidad de hacer cumplir la ley y los derechos laborales y sindicales y, por cierto, tampoco los derechos humanos de los trabajadores de LIDO.

-¿En el ámbito internacional qué instancias han transitado?

-Ante la negativa del Ministerio de Trabajo de respetar las mismas leyes nacionales, tuvimos que acudir a la instancia del Comité de Libertad Sindical de la OIT. En junio enviamos la nota de solicitud de apoyo de las organizaciones internacionales a esa queja que interpusimos ante el Comité de Libertad Sindical. En marzo de 2003 el Comité tomó una resolución favorable hacia el sindicato y le hizo muchas recomendaciones al gobierno, tales como respetar la libertad sindical en El Salvador, y también hay un numeral entre las recomendaciones que exige al gobierno no permitir que los dirigentes sindicales sean despedidos de los centros de trabajo, y que debe exigirse su reincorporación a los puestos de trabajo. Hasta hoy, tanto el gobierno salvadoreño como la misma empresa han hecho caso omiso a las recomendaciones de la OIT.

-El caso LIDO se ha conocido también en el famoso informe de “Humans Rights Watch”, en el cual fue puesto como ejemplo para mostrar cómo se violan los derechos laborales en el contexto de la negociación del TLC. Pero el gobierno insiste en que ha multado a la empresa LIDO. ¿Por qué el gobierno dice esto y qué es lo que en realidad ocurrió?

-El Ministerio de Trabajo tuvo que efectuar una inspección especial a la empresa y señalar la infracción a la ley, porque la Corte Suprema de Justicia se le ordenó. No lo hizo porque estaba atento a tutelar los derechos laborales en debida forma, sino que hubo una obligación. Hicieron dos inspecciones; en una dieron un plazo de 15 días para solucionar el problema y le impusieron una multa de 500 colones (menos de 60 dólares) que tampoco los pagaron. Luego le exigimos al Ministro de Trabajo que hiciera una inspección correcta y que debía exigir la aplicación de la recomendación de la OIT según la cual corresponde una multa de 77.400 dólares. Pero la actitud del Ministerio pretende ser sólo una pantalla, una justificación del gobierno para exhibir a nivel internacional, sobre todo con respecto al proceso de ratificación del TLC que nosotros, como trabajadores salvadoreños y trabajadores de la empresa LIDO organizados en el SELSA, no estamos apoyando porque sabemos que trae consecuencias negativas para todos los trabajadores.

-Finalmente, ¿la empresa ha pagado la multa?

-No ha pagado nada, lo que ha hecho es iniciar una demanda judicial contra el Ministerio de Trabajo que está en proceso en la Corte Suprema de Justicia, y también en la Sala de lo Contencioso Administrativo. La patronal de LIDO argumenta que el Ministerio de Trabajo incurre en una ilegalidad al no tener en cuenta el artículo 251 del Código de Trabajo que establece que si no es manifiesta la intencionalidad de destruir el sindicato, entonces no se aplica esa multa. En este caso, la empresa aduce que no se ha configurado esa situación. En realidad, muchos trabajadores se están yendo por retiro voluntario, o porque llegaron a la edad de jubilación, y otros fueron despedidos de manera ilegal, para intentar destruir nuestro sindicato que tiene 45 años de existencia.

-La defensa de la empresa consiste en que no han destruido el sindicato porque no han despedido a 35 miembros.

-Eso es lo que argumentan, y la vista gorda del Ministerio de Trabajo es para cautivar al Congreso estadounidense antes de la ratificación del TLC.

-¿Cuál es la lección de estos tres años en los cuales un buen grupo de trabajadores ha estado fuera, y los muchos años en que la empresa ha actuado de manera antisindical? ¿Qué le dirías al movimiento sindical internacional y a la comunidad internacional sobre este caso?

-Los costos son muchos, y entre ellos están los despidos de 68 compañeros en total, hasta este año en que despidieron a otro compañero, administrativo, que tenía un cargo de confianza y que se afilió al sindicato. Hubo repercusiones negativas entre las familias de estos trabajadores ya que muchas se han separado. Las consecuencias son el sufrimiento de los hijos, ya que se hace difícil darles la vivienda, la salud, la educación, sobre todo cuando son pequeños. Además, la situación del empleo en el país es muy dificultosa, muchos no han encontrado trabajo y otros ganan salarios miserables, apenas cobran el sueldo mínimo que establece el gobierno. Por otro lado, los trabajadores que han quedado en la empresa reciben malos tratos de parte de los jefes, hay una campaña antisindical dentro de la empresa; le han dicho a los trabajadores que se desafilien del sindicato, les dicen que negocien su pasivo laboral, o sea su indemnización, y por la situación económica que se vive en el país algunos compañeros caen en esa trampa, negocian y les dan sólo el 25 o el 30 por ciento de su indemnización. Creemos que de manera coercitiva e ilegal la empresa está tratando de destruir a nuestro sindicato. Además, hay violación a nuestro contrato colectivo en la mayoría de sus cláusulas, la empresa no cumple con las medidas higiénicas que debe disponer para los trabajadores, pero sin embargo exige que los trabajadores cumplan con las precauciones higiénicas de la producción.

-¿Qué les pedirías a los hermanos y hermanas salvadoreños que viven en Estados Unidos y que ven el pan LIDO como un “producto nostálgico”, como lo ha llamado el gobierno, o sea como un producto característico de El Salvador?

-A los amigos, amigas, hermanos salvadoreños en Estados Unidos o en otros países del mundo –sabemos que LIDO está exportando el 50 por ciento de la producción a Estados Unidos, a una empresa llamada Río Grande–, les pedimos que cuando tengan la oportunidad de ver algún producto LIDO sean solidarios con sus hermanos salvadoreños en el país no consumiéndolos porque están manchados con violaciones a los derechos humanos, a los derechos laborales, a los derechos sindicales de los trabajadores. Pediríamos que nos apoyaran reclamando que la empresa Río Grande le exija a LIDO que corrija su actitud antisindical.

Gilberto García

© Rel-UITA

10 de junio de 2005