Una
grave crisis afecta nada más y nada
menos que al Registro Nacional de las
Personas a pocos meses de las elecciones
nacionales. Mediante una decisión
funcional y legalmente absurda, el
Director Ejecutivo de esta institución
despidió a 600 funcionarios y pretende
licenciar al doble. ¡Oh, casualidad: son
todos los sindicalizados! Sirel dialogó
con César Augusto Luna, secretario
general de Sindicato de Trabajadores del
Registro Nacional de las Personas (STRENAP),
afiliado a FESTRAS.
-¿Cuáles son los antecedentes de este
conflicto?
-El nacimiento del Registro Nacional de las Personas (RENAP)
se produjo en 2007. Su actividad
principal es llevar a cabo el registro
del quehacer jurídico de todas las
personas desde su nacimiento hasta su
deceso. Quiere decir que lo que antes
hacían los registros civiles de las
municipalidades, ahora lo hace el
RENAP como una institución autónoma
de alcance nacional.
Desgraciadamente, el RENAP ha sido en parte politizado
porque su autoridad superior es un
Directorio conformado con un
representante del Tribunal Supremo
Electoral, el Ministro de Gobernación en
representación del Poder Ejecutivo y un
representante del Poder Legislativo.
Esta integración lo marca mucho y le da un carácter muy
político.
-Cuando debería ser una entidad técnica
y jurídica...
-Así es, desde que ella es la que lleva el registro civil de
las personas, nacimiento, bodas,
divorcios, cambios de nombre, etc. Lo
que ha ocurrido es que muchos
nombramientos de funcionarios se han
producido por nepotismo, por
clientelismo, por tráfico de
influencias. Son los legisladores y los
integrantes del Poder Ejecutivo quienes
designan al personal.
Muchos nombramientos de
funcionarios se han
producido por nepotismo, por
clientelismo, por tráfico de
influencias. Son los
legisladores y los
integrantes del Poder
Ejecutivo quienes designan
al personal |
Ellos han manejado los recursos con criterio partidario,
incluyendo a algunos funcionarios en el
Presupuesto y a otros dejándonos fuera,
en realidad, a la gran mayoría. Pero
ellos descuidaron este aspecto laboral
ya que la mayor parte de los
funcionarios estamos aquí desde la
fundación de la institución en 2007
hasta reciente el despido masivo.
-¿Cómo surge el Sindicato?
-El 16 de julio de 2010, cuando se veían venir más despidos
ya que en marzo y mayo de ese año ya se
habían producido 200 licenciamientos,
decidimos presentarnos como sindicato
ante el Ministerio como lo dispone el
Código de Trabajo. Según nuestra ley,
los fundadores de la organización
sindical gozábamos desde ese momento del
beneficio de inamovilidad.
Cumplimos con todos los requisitos legales, y aún así recién
quedamos debidamente inscritos el 5 de
octubre pasado, después de superar una
severa persecución sindical dentro de la
institución.
-¿Por qué pasó tanto tiempo hasta ser
reconocidos?
-La ley establece que para inscribir un sindicato el plazo
máximo es de 20 días, pero nosotros
tuvimos que esperar más de tres meses.
La mayoría de las instituciones
administrativas políticas públicas
hicieron de todo para que no nos
autorizaran. Nos pusieron 187 previos
antes de acordarnos una personería
jurídica. Le buscaban “mangas al
chaleco” para evitar que tuviéramos un
sindicato legalmente constituido.
Esta oposición la desarrolló sobre todo el director ejecutivo
de RENAPES, Jorge Adolfo
Matheu Fong, quien contrató un grupo
de asesores laboralistas encabezado por
el abogado Randolph Castellanos,
quien se hace llamar “el destructor de
sindicatos”.
-¿Cómo ocurrieron los despidos?
-El pasado 3 de enero, luego de un periodo de persecución y
guerra de nervios, la Dirección nos
despidió; ése día no nos permitieron
ingresar a nuestros puestos de trabajo.
El Directorio Ejecutivo aduce que no hizo ningún despido
ilegal y argumenta que somos
“trabajadores temporales”, pero
Catellanos, su representante legal,
ha dicho públicamente que su mandato es
eliminar de la institución a todas las
personas vinculadas o con intención de
vincularse al Sindicato.
-¿Cómo es eso de “trabajadores
temporales”?
-Es absurdo. La ley guatemalteca dice que cualquier
organización sólo puede hacer contratos
temporales con aquellos empleados que no
se desempeñen en tareas esenciales al
objetivo de la empresa. ¿Cómo se puede
argumentar que hacer registros civiles
en el RENAP no es esencial a los
cometidos de la institución?
-¿Cuántos son los despedidos? ¿Son sólo
los sindicalizados?
-A la fecha los despedidos son más de 600, y el ingeniero
Matheu ha dicho que aún faltan 1.200
por despedir. De hecho, todos los
trabajadores sindicalizados.
El director del RENAP,
Jorge Adolfo Mateu Font,
contrató un grupo de
asesores laboralistas
encabezado por el abogado
Randolph Castellanos, quien
se hace llamar “el
destructor de sindicatos” |
-¿Cuántos trabajadores tiene el RENAP?
-Al 31 de diciembre de 2010 tenía 3.975 funcionarios.
-O sea que quieren despedir al 50 por
ciento sindicalizado…
-Así es. Es evidente que estos despidos son ilegales y tienen
por objetivo destruir el Sindicato.
-¿Por qué quieren destruirlo?
-Si llevamos casi cuatro años trabajando en la institución, y
despiden a todos los registradores del
país que tenían por cometido la emisión
del Documento Personal de Identificación
(DPI), que será el nuevo
documento habilitante para emitir el
sufragio, hay que sospechar. Sin él no
se podrá votar. O sea que además de
destruir al sindicato, es posible que se
esté fraguando un fraude electoral.
-¿Quién está promoviendo ese fraude?
-Nosotros lo que sabemos es que el actual director Matheu
Fong está creando condiciones
para que mucha gente no pueda obtener a
tiempo su documento para votar.
Hasta ahora se ha remitido al Tribunal Electoral sólo el 3
por ciento del nuevo padrón depurado, y
ese padrón electoral se cierra en julio
próximo ya que las elecciones están
previstas para el 11 de septiembre.
Así que, ¿cómo van a hacer para completar en forma adecuada
el restante 97 por ciento del padrón, si
ahora hay que volver a contratar
personal y luego capacitarlo para la
tarea?
Ya no dará el tiempo, quedan sólo cuatro meses para hacer
todo el proceso. Muchos jóvenes se
quedarán sin votar en estas elecciones.
Quienes hoy cumplan 18 años o pierdan su
documento difícilmente podrán sufragar.
Pero además, todo el trabajo acumulado
hasta ahora queda en manos de un
Director con intenciones aviesas. Como
Sindicato, no nos responsabilizamos de
lo que pueda ocurrir con los registros
de ahora en adelante.
Nosotros tenemos la experiencia y la capacitación para llegar
a cumplir con ese plazo, y quizás por
eso nos están despidiendo.
No queremos entrar en especulaciones políticas o partidarias,
sino que denunciamos al director del
RENAP como trabajadores de la
institución.
Hasta ahora se ha remitido
al Tribunal Electoral sólo
el 3 por ciento del nuevo
padrón depurado, y ese
padrón electoral se cierra
en julio próximo ya que las
elecciones están previstas
para el 11 de septiembre |
-¿En qué punto está el conflicto?
-Ante un emplazamiento por parte de nuestro Sindicato, el 23
de septiembre de 2010 un juez determinó
que el RENAP no pude rescindir
ningún contrato de trabajo sin previa
autorización de un juzgado, cosa que no
se ha cumplido en ninguno de los casos
que denunciamos. Incluso continúan
despidiendo gente.
Estamos creyendo en un Estado de derecho, en la justicia, y
buscamos una instancia legal para
detener y revertir este atropello. No
queremos que se continúe perjudicando al
pueblo de Guatemala. Queremos que
Matheu Fong renuncie a su cargo y
respete la democracia.
Quiero destacar también que desde el inicio de nuestro
Sindicato estamos recibiendo el apoyo de
la Federación Sindical de Trabajadores
de la Alimentación, Agroindustrias y
Similares (FESTRAS), con varios
compañeros y compañeras asesorándonos en
diversos aspectos, cosa que mucho
agradecemos.
Por su parte, el secretario general de FESTRAS,
David Morales, señaló que “En el
momento de la fundación del Sindicato
pensamos que íbamos por buen camino,
pero ahora estamos asistiendo a una
persecución desembozada, a la violación
sistemática de la libertad de asociación
y demás derechos laborales, y que el
propio Poder Ejecutivo está avalando
estos hechos ya que forma parte del
Directorio -denunció-.
Estamos encaminando todas las acciones jurídicas y
administrativas pertinentes para lograr
el restablecimiento del Estado de
derecho. Estamos denunciando estas
violaciones en las instancias nacionales
e internacionales, y agradecemos a Unión
Guatemalteca de Trabajadores (UGT)
a nivel nacional y a la UITA en
lo internacional por el apoyo que
siempre nos está brindando en estos
casos.
Este conflicto ya está siendo analizado al más alto nivel. Se
ha instalado un diálogo directo con el
presidente de la República, Álvaro
Colom, y estamos esperando que él
tome cartas en el asunto para
restablecer el orden democrático en esta
institución”, concluyó David.
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