|
El
presidente de la Federación de Empleados Rurales Asalariados del Estado de Sao
Paulo (FERAESP), Elio Neves, dialogó con Sirel acerca del significado del “sello
de buenas prácticas” otorgado a 169 usinas sucroalcoholeras de Brasil.
-¿Qué significa el “sello de buenas
prácticas” que la Presidencia de Brasil acaba de entregar a algunas usinas de
caña de azúcar?
-Es una certificación otorgada en el
marco del Compromiso Nacional para Perfeccionar las Condiciones de Trabajo en
la Caña de Azúcar firmado en junio de 2009 entre empresas, trabajadores y
gobierno. Hasta ahora recibió el apoyo de 250 usinas en todo el país interesadas
en participar. De ellas, 169 ya fueron auditadas para verificar el cumplimiento
del Compromiso.
Ello implica, entre otras cosas,
la ausencia de trabajo tercerizado, la eliminación total de vinculación entre la
remuneración de cualquier servicio brindado por la empresa y las retribuciones a
los trabajadores, mayor transparencia para evaluar y pagar la cantidad de caña
cortada, respeto a las normas de salud y seguridad en el trabajo y valoración
positiva de las negociaciones colectivas, entre otras cosas.
|
Tenemos la expectativa
de que se pueda llegar a una certificación social. Nuestra posición
es que el gobierno debe ser parte del proceso y no intermediario o
mediador. |
-¿Quién realiza la auditoría?
-Una empresa privada seleccionada,
con representantes de la usina y del Sindicato. La verificación se realiza en
los lugares de trabajo.
-¿Qué certifica exactamente ese
sello?
-La semana pasada, la presidenta
Dilma Rousseff entregó certificados que atestigua el cumplimiento de
ese Compromiso Nacional por parte de estas 169 usinas auditadas. Ese certificado
de “empresa comprometida” permite integrar una “lista de conformidad” que está
abierta al público en la
página web de la Secretaría General de la Presidencia.
El sello es adjudicado por una
Comisión Nacional de Diálogo y Evaluación del Compromiso Nacional que de nuestro
lado está integrado por la Confederación Nacional de Trabajadores en la
Agricultura (CONTAG) y por nuestra FERAESP;
también la integran las empresas y el gobierno.
-¿Qué ventajas otorga este sello a
las empresas?
-Ninguna desde el punto de vista
comercial o de las relaciones con el gobierno. Tiene un valor ético que es
reconocido como tal por el gobierno y por los trabajadores.
-¿Qué pasa con las otras usinas?
-Ellas continúan siendo auditadas,
pero aún no están aptas para recibir el sello.
-¿El sello es permanente?
-No. El certificado tiene validez
solamente por un año y le corresponde a cada usina auditada y aprobada por
unanimidad de la auditoría. No puede ser extendida a otras usinas de una
corporación, por ejemplo.
Ahora entramos en la segunda fase de
la negociación que es la renovación del Compromiso. La idea es llegar a generar
una certificación laboral más detallada y profunda en un proceso que involucra a
trabajadores, empresas y gobierno.
|
Hay que destacar que en
todo este proceso de construcción del sello de buenas prácticas, fue
decisiva la presión del movimiento sindical y la Rel-UITA jugó un
papel fundamental, denunciando en el plano internacional las pésimas
condiciones de trabajo en el sector. |
-¿Por qué una certificación laboral
y no social?
-Porque entendemos que la definición
de “laboral” está centrada sobre todo en la relación de empleo, en la tarea
concreta que se desarrolla o ejecuta. En una certificación social entran
aspectos de la vida de los trabajadores que no están contemplados en esta
negociación, como la vivienda, la educación, la salud fuera del trabajo, entre
otros.
Tenemos la expectativa de que se
pueda llegar a una certificación social. Nuestra posición es que el gobierno
debe ser parte del proceso y no intermediario o mediador. Debemos llegar a eso
mediante políticas públicas específicas, lo que incluye determinar cómo
verificará el gobierno el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Por medio de las auditorias nosotros
realizamos una verificación porque nuestra participación está garantizada, pero
una certificación social involucra al Estado, al Ministerio de Trabajo, al Poder
Judicial, al Ministerio Público. Es una negociación que trasciende al gobierno,
pero que exige un compromiso de su parte para verificar los compromisos y
determinar políticas públicas.
Lo que estamos alcanzando con estas
169 empresas es un instrumento más para avanzar hacia la certificación social.
Hay que destacar que en todo este
proceso de construcción del sello de buenas prácticas, fue decisiva la presión
del movimiento sindical y la Rel-UITA jugó un papel fundamental, denunciando en
el plano internacional las pésimas condiciones de trabajo en el sector.
-¿Cuál es la situación de las
negociaciones colectivas correspondientes a este año?
-Ya están en desarrollo. Las usinas
están ofreciendo 7 por ciento de reajuste salarial, pero aún no hemos recibido
una propuesta sobre un piso salarial. La FERAESP está participando de las
negociaciones con la expectativa de alcanzar un 10 por ciento de incremento en
los salarios. Hay algunas huelgas puntuales, pero en general la negociación está
abierta y en marcha.
|
