-¿Qué inquietudes presentó el gobierno?

-El Presidente hizo un abordaje afirmando que la cuestión de los agrocombustibles, y particularmente el etanol, hacen parte del plan estratégico del gobierno en un momento histórico donde hay una fuerte demanda del mercado internacional. Manifestó además que Brasil tiene condiciones únicas para liderar la producción, pero que él está preocupado con la situación de los trabajadores. Y que las organizaciones que representan a los trabajadores deberían aprovechar esta oportunidad para obtener conquistas.

Entonces lanzó la pregunta de qué podría hacer el gobierno para ayudar a mejorar las condiciones de los trabajadores. 

Realizamos una serie de propuestas. Una de ellas es que el gobierno debería mediar y liderar proactivamente a favor de los trabajadores una negociación nacional para la adopción de un pacto colectivo federal que establezca las condiciones mínimas de salario, de trabajo y salud del sector sucroalcoholero.

-¿Esto se debe a que las condiciones de trabajo y salariales son muy dispares entre un estado y otro?

-¡Absurdamente dispares! En Brasil el capital se desplaza de un lado para otro, procurando los mayores lucros. Entonces le dijimos al Presidente: si usted hace de los agrocombustibles una marca nacional, si usted a todas partes lleva la bandera de Brasil, nosotros queremos un Convenio Nacional. Los cortadores de caña no pueden trabajar en regímenes diferentes u obtener salarios diferentes según labore en Rio de Janeiro, São Paulo o en el nordeste, porque el producto es uno solo.

-¿Cuál fue la respuesta del Presidente?

-El fue expeditivo y me pidió que enumerase los principales ingenios que controlan la producción en Brasil. Ahora estamos aguardando el resultado de sus gestiones.

Otra cuestión que abordamos es que el gobierno financia la expansión del sector sucroalcoholero de dos maneras: primero no cobrando la gran deuda pública que tiene este sector, que desde la década del 70, con la promoción del Programa “Proalcol” en medio de la crisis del petróleo, recibió mucho dinero público. Este sector, que tiene todavía una deuda monstruosa con la seguridad social, pretende exportar por todo el mundo. Por eso le dijimos al Presidente que esa deuda debe cobrarse, porque es dinero del pueblo el que está financiando a este sector.

Otra cosa que expusimos es que los bancos de inversiones públicas continúan financiando a poderos grupos económicos, en algunos casos inclusive con recursos del Fondo de Amparo al Trabajador (FAT). Estos mismos grupos adeudan a los trabajadores y a la propia sociedad.

Por ello, sería importante que el gobierno creara un sistema de control social nacional de esas inversiones públicas, para que no se celebre ningún contrato de inversión con el sector privado sin asegurarse de una contrapartida social y ambiental.

Esta cuestión quedó pendiente, y aunque el Presidente manifestó que en su evaluación los bancos no estarían financiando la producción sucroalcoholera, los Ministros presentes afirmaron que realmente hay mucha inversión pública en el sector.

-¿Se habló sobre algún otro tema?

-Desde los puntos de vista social y ambiental, que son los dos mayores impactos nefastos de la expansión sucroalcoholera, es preciso definir políticas públicas que abarquen toda la cadena productiva. Los problemas de los cortadores de caña en verdad comienzan en la industria, con la planificación que la industria hace de la zafra, con las variedades de caña seleccionadas, con las metas de cortes, etc.; ella impone el ritmo al sector agrícola.

La misma situación ocurre desde el punto de vista ambiental, no da para discutir el problema de la caña abordando sólo el aspecto de la quema. Desde la preparación del suelo, la selección de esa tierra que dará lugar al monocultivo o a un ingenio, hasta el descarte de los residuos industriales, todo conlleva problemas ambientales. Es importante recordar lo siguiente: en Brasil no hay mucha exigencia sobre los riesgos ambientales que pueden provocar los ingenios (usinas), y no hay ningún estudio de impacto ambiental de los cultivos. El gobierno tiene el deber de pensar junto con la sociedad, una política pública que comprometa a este sector desde el inicio hasta el final de la cadena productiva.

Por su lado, los trabajadores deberían unirse en una pauta que aglutine desde el trabajador rural hasta el trabajador de la industria.

Por último, el Presidente se mostró preocupado con el tema de la mecanización. Le respondimos que en el estado de São Paulo, el proceso de la cosecha de la caña cuenta con 20 años, provocando dos situaciones. La exclusión en masa de trabajadores y una mayor precarización de las condiciones laborales para los trabajadores que quedaron, porque ahí se da una gran competencia con la máquina. El hombre es controlado por la máquina, y esta situación está llevando a la muerte a muchos trabajadores y provocando la proliferación de enfermedades y accidentes.

El proceso de mecanización no sólo no resuelve el problema de salud sino que lo empeora.