Desde hace
casi 20 días Udo Wahlbrink, presidente del Sindicato de Trabajadores en la
Agricultura del municipio de Vilhena, en el estado de Rondonia, permanece en
prisión junto al edil local Roberto Ferreira Pintos. Ambos participaban en la
lucha por la tierra. Sirel dialogó al respecto con Lázaro Dobri, presidente de
la Federación de Trabajadores en la Agricultura de Rondonia (FETAGRO), afiliada
a la CONTAG.
-¿Cuál es el
contexto de estas detenciones?
-En la región
sur del estado de Rondonia hay enormes áreas que fueron rematadas durante la
dictadura, hace unos 40 años. Ellas se entregaron con un documento que daba
derecho a ocupación, pero con una cláusula resolutiva que obligaba a los
adquirentes a producir antes de cinco años.
En realidad,
esa zona del estado nunca se desarrolló como otras, las áreas no se valorizaron
y durante muchísimos años nunca produjeron nada. Lo único que hicieron los
“fazendeiros” fue talar toda la madera de valor ya que se trataba de áreas de
selva virgen.
-¿Cuando
empezaron a llegar los agricultores familiares?
-Recién a
partir de los años 90 la región empieza a llamar la atención porque se trataba
de áreas completamente abandonadas pero de excelente tierra para la agricultura
familiar, que se puede practicar con un manejo sustentable de la selva.
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Aquí tenemos un poder judicial muy apegado a los terratenientes, y
comenzaron a aparecer las órdenes de desalojo contra familias que ya
estaban allí con toda una vida consolidada |
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-¿Cómo
comenzó el conflicto?
-El
agronegocio llega a la región diez años después que las familias. Quienes
detentaban aquellos documentos de la década de los 70 entraron en conflicto con
las familias ya asentadas mediante procesos judiciales de reintegración de
propiedad.
Aquí tenemos
un poder judicial que está muy apegado a los terratenientes, y comenzaron a
aparecer las órdenes de desalojo contra familias que ya estaban allí con toda
una vida consolidada.
Además de las
acciones en la justicia, también hay amenazas de muerte y un clima de
persecución, situaciones que habitualmente se producen cuando hay conflictos por
la tierra en Brasil.
-¿Por qué
están en prisión los dos compañeros?
-Desde hace
dos años que Udo Wahlbrink, presidente del Sindicato y muy comprometido
con la lucha por la tierra, viene recibiendo amenazas de muerte. Nuestra
Confederación lo denunció en diversas entidades federales como la Secretaría de
Derechos Humanos, y además solicitó una protección policial para él.
Un grupo de
familias que había sido desalojado reocuparon el área con el apoyo político e
institucional del Sindicato local. A partir de una denuncia del supuesto
propietario la Policía realizó escuchas telefónicas y, según ellos, probaron que
Udo es el líder de esa movilización que ella definió como “alteración
del orden público”.
En realidad
no es ninguna novedad que un dirigente sindical rural participe y hasta lidere
acciones de este tipo, así como también participan dirigentes de FETAGRO.
Lo nuevo es que esta jueza decidió criminalizar la lucha social liberando orden
de detención contra nuestro compañero y también contra el edil local Roberto
Ferreira Pintos, también activo en la lucha por la tierra.
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Las familias quedan en los bordes de la ruta donde hacen campamentos
de fortuna y desde allí continúan la lucha |
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-¿Cuánta
gente involucra esta lucha en la región?
-En esta área
del conflicto actual son 45 familias, pero hay áreas con 150 familias, otras con
60 y 70. Es difícil saber cuántas son en total, pero seguramente varios miles.
-¿Qué hacen
las familias cuando son desalojadas? ¿A dónde van?
-La orden
judicial obliga a los desalojados a no acercarse a menos de 15 kilómetros del
área desocupada. Las familias quedan en los bordes de la ruta donde hacen
campamentos de fortuna y desde allí continúan la lucha.
-¿Qué
iniciativas han tenido el Sindicato y la Federación?
-Hemos
solicitado la libertad provisional de ambos en el juzgado del municipio de
Vilhena, pero la jueza la negó y entonces recurrimos a los tribunales
estaduales. Estamos aguardando para esta semana el pronunciamiento del Tribunal
de Porto Velho.
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