Luis López, más conocido como “El Gordo”, es presidente de la mítica Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), fundada a principio de los 60 por el líder guerrillero Raúl Sendic. En diálogo con Sirel, López explicó por qué los pequeños productores y trabajadores rurales se encuentran en conflicto
con ALUR y denuncian que el Proyecto Sucroalcoholero
puede terminar en una pesadilla social.

En febrero de 2006, el gobierno uruguayo creó la empresa Alcoholes del Uruguay SA (ALUR) por medio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) y la Corporación Nacional para el Desarrollo, capitalizada posteriormente por la petrolera venezolana PEDEVESA como accionista minoritario. El propósito era reactivar la producción de caña de azúcar en el norte uruguayo e iniciar la de etanol, en el marco de un Proyecto Sucroalcoholero con un fuerte trasfondo social. ALUR nació para ser el botón de muestra del “país productivo” prometido por el actual gobierno.

-¿Cómo surgió el actual conflicto?

-Después de una ocupación de tierra que efectuó la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) junto a la Gremial Granjera de Bella Unión y al Sindicato de Obreros de CALNU (SOCA), hace un año el gobierno nos entregó en arrendamiento 10 hectáreas a cada una de las 39 familias ocupantes, 18 de ellas corresponden a asalariados rurales cortadores de caña, más conocidos como “peludos”. Esa tierra nos fue entregada ya plantada con caña de azúcar, pero no se nos dio acceso a ninguna maquinaria, herramientas o condiciones de trabajo en general.

A pesar de que desde un principio vimos que las cosas no parecían ir hacia dónde se nos había prometido, hacia un cambio social en el marco de un proyecto socio-productivo, decidimos esperar un año completo para hacer un balance racional y fundamentado de todo el proceso.

-¿Qué ocurrió durante ese año?

-A pesar de todas las dificultades, el trabajo se fue haciendo pero generando una deuda con ALUR que proporcionó los insumos y arrendó las horas de maquinaria necesarias para las tareas productivas y de mantenimiento. El compromiso fue pagar con producción de azúcar durante dos o tres años para que no quedáramos ahogados desde el inicio. Un problema imprevisto fue que a causa de las numerosas e intensas heladas que hubo el año pasado, el tenor de azúcar de la caña fue bastante bajo, aunque la cantidad de caña producida en nuestros predios (900 kilos por surco) fue muy buena. El resultado es que, una vez descontado el azúcar obtenido a partir de la caña cosechada en cada una de las 10 hectáreas, y que equivale en promedio a unos 6 mil dólares, cada familia le quedó debiendo a ALUR unos 16 mil dólares. Esa cantidad incluye la plantación inicial, que no es regalada, el arrendamiento de la tierra -130 dólares por año y por hectárea- entre otros costos.

-¿No había un acuerdo previo sobre la maquinaria agrícola?

-Sí, lo hubo, firmado y todo, con ALUR y con Uruguay Rural, un organismo del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), pero nunca se cumplió. Ninguna de esas instituciones tuvo una preocupación real por asistir adecuadamente a las 39 familias que, por primera vez, teníamos acceso a la tierra. Tuvimos que ver cómo llegaban en sus máquinas agrícolas a nuestros predios, contratados por ALUR pero incrementando nuestra deuda, los viejos conocidos de siempre, los grandes productores que fundieron la zona y esquilmaron al pueblo y a más de un gobierno. Nos da mucha pena e indignación que el proyecto social y productivo sustentable por el que tanto hemos peleado y sufrido se transforme en esto de ahora, que nada tiene que ver con lo que se había acordado. Algunos compañeros están diciendo que antes de iniciar este proceso le debían solamente al almacén, pero ahora deben miles de dólares. Nos preguntamos si esta es la política productiva con contenido social que nos prometieron. No es que queramos dejar de asumir la deuda, pero tampoco estamos dispuestos a seguir escuchando cosas como las declaraciones del gerente general de ALUR, Leonardo de León, a una radio de la zona, en las que afirmó que éste no es un proyecto social sino productivo y económico y que tiene que generar lucro. No nos oponemos al lucro, pero si ALUR va a seguir soslayando los aspectos sociales del proyecto, entonces nos jodimos, porque todo quedará como antes, como siempre: los grandes cada vez mejor y los trabajadores cada vez peor.

-¿Han dialogado con ALUR?

-Hemos conversado durante el año pasado, pero ninguno de los acuerdos de palabra, todos de palabra, a los que llegamos se ha cumplido. Entre ellos, y sobre todo, el parque de maquinaria agrícola. Ahora se nos está prometiendo para marzo próximo, pero otra vez son palabras. En estos días, por ejemplo, los compañeros están utilizando una vieja motito para trasladar las bolsas de abono de a una dentro de los predios, porque no tenemos ni un tractor para hacer el trabajo. Aún con todas estas dificultades, los trabajadores hemos demostrado que tenemos responsabilidad productiva, y para la próxima zafra asumimos el compromiso de superar los 900 kilos por surco.

-¿Han implementado alguna acción concreta?

-El pasado martes 5 cortamos durante tres horas la ruta nacional 3 que da acceso a la planta de ALUR. El vicepresidente de ANCAP, Raúl Sendic,* declaró a un canal de televisión de Montevideo que se trataba de “grupos políticos radicales de izquierda”. Eso no es cierto. Se trataba de UTAA, de la Gremial Granjera y de la Asociación de Pequeños Productores y Asalariados Rurales de Bella Unión (APARBU), con el apoyo del SOCA. Somos organizaciones sociales y no grupos políticos. Y sí, estamos muy enojados, porque todo lo que se habló acerca del proyecto social y productivo, de colocar a los pequeños productores y a los asalariados rurales como sujetos y no como objetos del “proyecto sucroalcoholero” resultó una afirmación que se escribió con la mano y se borró con el codo. En Montevideo algunos se andan llenando la boca diciendo que “le entregamos tierra a los peludos”, pero lo han hecho en condiciones bastante inhumanas. La última vez que vino el presidente Tabaré Vázquez a Bella Unión dijo que hay 2 mil hectáreas para ser entregadas a peludos e hijos de peludos, pero nosotros decimos que en estas condiciones no podemos meter más compañeros en el campo porque se van a terminar yendo definitivamente a las ciudades. Ya hay algunos que están amenazando con irse, y tienen razón, porque la falta de recursos es realmente crítica. Al fin, no queda claro si el proyecto consiste en traer gente al campo o en erradicar a los pequeños productores y asalariados que luchamos por tierra.

-¿Cuál es el eje del reclamo que están haciendo?

-Un cambio total de política con respecto al proyecto sucroalcoholero de Bella Unión. Que ALUR se preocupe realmente de las 39 familias que están implantadas y que precisan urgentemente maquinaria para trabajar, y también que se reanalice el tema de la deuda, porque nos están aplicando el mismo criterio que a una empresa grande, capitalista, con 100 hectáreas o más. Por otra parte, ALUR anunció que pasará nuestras deudas al Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES), de origen venezolano. Nos oponemos a este traspaso inconsulto e inconveniente, ya que no conocemos a nadie de ese banco, pero suponemos que trabaja según las normas bancarias normales, pues de lo contrario no estaría en el mercado del crédito.

Esta semana hemos decidido realizar otra acción aquí en Bella Unión, y luego irá a Montevideo una delegación con representantes de todas las organizaciones movilizadas. Esperamos ser recibidos en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, porque desde Montevideo todo parece muy lindo, cuando en realidad aquí las cosas están muy complicadas. Iremos a informar de primera mano cuál es nuestra realidad. También queremos reunirnos con representantes del gobierno para exponer nuestra situación real, y encontrarnos con los medios de comunicación para difundir las razones de nuestra lucha entre el pueblo uruguayo. Vamos a dar la cara para que cualquiera vea que no se trata de “grupos radicales” sino de trabajadores y productores agrícolas.

Sabemos que se han invertido 40 millones de dólares, que se les reconoció el derecho a mejores salarios a los compañeros de CALNU, también que se construyó una caldera nueva, pero si no se invierte en el campo, si no se permite la participación real de los pequeños productores y asalariados, ese monumento nuevo que es ALUR tarde o temprano volverá a ser una pesadilla como terminaron siendo los monumentos anteriores. Si el proyecto sucroalcoholero es otra iniciativa para beneficiar a los mismos de siempre, para seguir expulsando a los pequeños del campo, entonces más vale que quede claro ahora mismo, porque en ese caso nosotros no lo apoyamos.

Hemos estado informando permanentemente de todo esto a la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) cuya directiva integramos así como su Comisión de Conflictos. Sabemos, además, que muchos otros trabajadores rurales y pequeños productores están reclamando tierra para producir, pero estas 39 familias ya demostramos que así como se hizo en Bella Unión no sirve. Tenemos que buscar otros procedimientos, otros mecanismos para asegurar que quienes reciban tierra también tengan condiciones reales para trabajar y producir, tratamientos diferenciados en relación con los productores consolidados y que se han beneficiado ya de mucha plata del pueblo en épocas anteriores.

Asimismo, hemos informado a la Rel-UITA de toda esta situación, la que, cada vez que lo hemos precisado, ha estado siempre apoyando nuestras luchas.