Sirel conversó con Miguel Ruiz, de la Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE), para conocer cómo se generó esta crisis y cuáles son las demandas de esta organización para hacerle frente a esta situación.

-¿Cuál fue la denuncia que presentaron?

-Como CST-JBE, que aglutina a varias federaciones y sindicatos a nivel nacional, hemos visto con mucha preocupación cómo en los últimos seis meses hubo un fuerte incremento en los despidos de trabajadores y trabajadoras del sector privado, y también el cierre de operaciones de diferentes empresas. Cuatro empresas han cesado su actividad y se han ido del país sin pagarles sus prestaciones a los trabajadores, y hay otras que están en este proceso. Estamos hablando de aproximadamente 6.550 trabajadores y trabajadoras que perdieron su empleo de enero a junio de 2007.

-¿Qué sectores han sido los más afectados por esta situación?

-El de la maquila, pero hay problemas también en el sector de la construcción y de la producción de fármacos. Para nosotros representa un problema extremadamente grave y tenemos que averiguar qué es lo que está pasando. Si Nicaragua firmó un TLC con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), que se supone les otorga un sinnúmero de beneficios a los inversionistas, ¿por qué estos cierres y despidos indiscriminados?

-¿Cuál es la justificación de los empresarios?

-Se justifican diciendo que hubo una reducción de las órdenes de compra por parte de las marcas internacionales hacia los subcontratistas nacionales, y que por esta razón se han visto obligados a reducir la fuerza laboral e inclusive, en algunos casos, a cerrar completamente.

-¿Cómo evalúan ustedes esta justificación?

-La vemos como muy sospechosa, porque, por ejemplo, en el caso de la maquila, Nicaragua firmó el CAFTA en condiciones ventajosas y goza de un TPL (Tratado Preferencial)¹ de 100 millones de metros cuadrados de tela, por lo que no debería haber justificaciones para que existan despidos, ni mucho menos cierre de empresas. Por otro lado, es aún más sospechoso que las autoridades del gobierno y las empresas no estén diciendo nada sobre esta problemática. Es por eso que hemos decidido hacer esta denuncia pública y pedirle al gobierno y a las empresas que den una explicación de por qué no se están tutelando los derechos de los trabajadores, por qué estas empresas están cerrando y por qué la reducción del 30-40 por ciento de las órdenes de compra de las grandes marcas estadounidenses.

-¿Ustedes ya tienen algunas hipótesis de lo que podría estar pasando?

-Creemos que hay varias razones posibles. A algunas de estas empresas se les está venciendo su período de exoneración fiscal y arancelario que es de diez años. Como ya ocurrió en el pasado, estas empresas cierran, cambian de razón social, despiden a la gente y vuelven a abrir en otro lugar y con otro nombre. Otra hipótesis es que exista una forma de presión hacia el gobierno por parte de las marcas estadounidenses para generar una crisis interna. Una tercera hipótesis podría ser la presencia de China en el mercado mundial y su capacidad de ofrecer condiciones más ventajosas para los inversionistas.

El Ministero de Industria y Comercio (MIFIC) y el Ministerio del Trabajo (MITRAB) deben explicar qué es lo que está pasando y qué piensan hacer en los próximos meses, porque no se trata solamente de empresas que cierran operaciones, sino que en muchas de ellas siguen también las violaciones a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

Pedimos también al Poder Judicial que resuelva todos los conflictos de índole laboral que tienen más de tres años de estar en esta instancia, y que aún no han sido resueltos.

-El presidente Daniel Ortega acaba de inaugurar la instalación de diferentes mesas de trabajo entre gobierno y empresas privadas, para acordar estrategias económicas y productivas en áreas muy sensibles para el país, como son la zona franca, la agroindustria y el sector agropecuario, entre otras. ¿Como evalúan el hecho de que no se haya invitado a las organizaciones sindicales?

-Para nosotros es fundamental poder reunirnos con el sector gubernamental y empresarial para exponer la realidad desde nuestra perspectiva socio-laboral, el tema de la inversión, de los derechos humanos, laborales y sindicales y el tema medio ambiental. Hasta la fecha no lo hemos podido hacer porque no se nos ha tomado en cuenta, y nos pareció desacertado por parte del gobierno que en esta oportunidad ni siquiera se invitara a los representantes sindicales del país. Precisamente por esto estamos haciendo un llamado al gobierno, para que reflexione. Aquí no puede haber desarrollo marginando a la parte sustantiva que somos los trabajadores y las trabajadoras. Como movimiento sindical tenemos una visión de desarrollo y planteamientos serios que queremos hacer alrededor de qué tipo de inversión y desarrollo necesita este país, qué tipo de empleo y capacitación necesitamos los trabajadores. En Nicaragua necesitamos respuestas integrales y una inversión seria y responsable, que no quite derechos laborales. No necesitamos inversiones que vengan a pisotear y a condicionar la libertad sindical y la negociación colectiva.

Sin lugar a dudas, son importantes el capital y los inversionistas, pero también es importante nuestra fuerza de trabajo y lo que nosotros podamos opinar. Si queremos desarrollo económico, político y social tenemos que ponernos de acuerdo los actores fundamentales y las fuerzas productivas, y allí estamos los trabajadores. 

1 - Nicaragua es el único país en la región en obtener un trato preferencial en el rubro textil vestuario en la negociación del CAFTA a través de los TPL, que permiten importar tela de terceros países por un periodo de diez años y que los productos terminados entren al mercado norteamericano libres de aranceles, considerados completamente como “productos CAFTA”, es decir elaborados en la región con materiales originados de esta.

 Fotos: Giorgio Trucchi