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Sindicato Argentino de
Trabajadores
de
la Industria Fideera |
Los Delegados congresales del SATIF,
representantes de las Seccionales del todo país,
acreditados ante el 27º Congreso General Ordinario de
delegados, celebrado en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, los días 22 y 23 de abril de
2008, declaramos:
Que una vez
más, y como lo hacemos todos los años, hemos debatido y
fijado posición respecto a la realidad de nuestro país.
A fines del
año 2007 en Argentina asumió la conducción política un
nuevo gobierno, aunque con una clara vinculación con el
saliente. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner
recibió una economía cuyas principales variables dan
bien, o muy bien. Una reserva de divisas cercana a los
cincuenta mil millones de dólares, superávit fiscal y
superávit en el comercio exterior, crecimiento de la
economía con tasas del 8 y 9% anual, significativo
descenso de la desocupación y reducción de la pobreza e
indigencia.
Hereda, eso
sí, un serio problema con la inflación y con la
desconfianza pública hacia los índices que publica el
INDEC.
Pese al muy
buen comportamiento de la economía, se advierte que la
existencia de 10.000.000 de pobres, 3.500.000 de
indigentes y el 40% de la fuerza de trabajo en la
informalidad, expresan un cuestionamiento a las pautas
de distribución de la riqueza. Es claro
que en nuestro país hubo crecimiento económico, pero
ello no se ha traducido en desarrollo económico.
Desarrollo
significa transformación de las estructuras sociales y
económicas. Desarrollo implica un proyecto social
diferente, con una base nueva, opuesta a la que nos
dejara el neoliberalismo. Este es uno de los grandes
desafíos que tiene el actual gobierno. Superada la grave
crisis de fines del 2001 y el 2002, la meta debería ser
un mejoramiento efectivo del bienestar de la sociedad,
reduciendo significativamente las desigualdades
conocidas.
En
Argentina la modificación de la injusta distribución de
la riqueza es una de las asignaturas pendientes. El
crecimiento económico a tasas chinas no ha logrado, por
ejemplo, que los trabajadores mejoren la parte que
reciben de la riqueza generada anualmente. Hoy los
salarios se llevan los mismo, o menos, que en 2001,
cuando la distribución ya era desfavorable para los
trabajadores como consecuencia de una década de
políticas neoliberales.
Nadie
discute que en Argentina hay más empleo, pero el trabajo
precario o “en negro” es hoy proporcionalmente más alto
que en los noventa.
Queda
claro, entonces, que en nuestro país hay un importante
crecimiento económico, pero con bajos salarios y empleo
de mala calidad. El camino recorrido desde la crisis es
auspicioso, pero lo que resta por modificar no es poco.
Demandamos
del Estado políticas activas para crear trabajo digno,
como parte de un nuevo modelo que debe erradicar la
exclusión y las carencias que sufre un porcentaje
elevado de trabajadores. Para ello es necesario
modificar significativamente las pautas distributivas de
la riqueza que aún están vigentes.
En este
marco, no hay dudas que las retenciones, que intentan
capturar una parte de las ganancias extraordinarias de
los sectores concentrados del capital agropecuario, son
una herramienta válida y necesaria. Pero el gobierno
debe demostrar que se trata de un mecanismo
redistributivo de la riqueza, y no un mero recurso para
mejorar la recaudación. Tampoco deben ser usadas para
subsidiar a los grandes grupos económicos.
Por otra
parte, las autoridades deben definir políticas que
protejan a los pequeños productores, a las familias
agricultoras y a los trabajadores rurales. Es preciso
que se diferencie claramente a los distintos sujetos que
intervienen en el sector agropecuario, otorgándoles un
tratamiento diferente.
Para
finalizar y como corolario de todo lo dicho, apoyamos
todas las medidas tomadas por el gobierno para mantener
y consolidar el crecimiento económico, pero advertimos
que un crecimiento que no tenga equidad y sin una justa
distribución del ingreso, llevará al país a una nueva
frustración. Para evitarla se deberá construir un
proyecto de desarrollo de país, socialmente sustentable.
Presidente
Vicepresidente
Enrique
Terny
Emilio Romero
Secretario
Secretario
Mabel Altfater
Elena Verdun
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