La Comisión Interamericana admitió a trámite la demanda, dice abogado

El sindicato minero denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos, bajo cargos de violación al debido proceso legal y en perjuicio de mil 100 mineros de Cananea, luego de que el pasado jueves un tribunal federal mexicano cerró en definitiva las puertas de defensa que tenían los trabajadores para conservar sus empleos, informó el abogado Marco Antonio del Toro, miembro del equipo de asesores legales del gremio.

“La CIDH ya admitió a trámite nuestra demanda contra el Estado mexicano por el golpe del aparato político, laboral y judicial mexicanos contra Napoleón Gómez Urrutia (líder del sindicato minero) y contra los más de mil mineros de Cananea; estamos esperando que la Comisión resuelva el tema de las medidas cautelares en favor del sindicato, a fin de que se pueda mantener bajo resguardo el centro de trabajo de los mineros”, expuso el litigante.

En entrevista con La Jornada, Del Toro recordó que por el momento ningún cuerpo policiaco o militar puede desalojar a los mineros de Cananea que permanecen en huelga, ya que un juez federal con sede en Sonora concedió una suspensión provisional en vía de amparo contra cualquier intento de alguna autoridad federal de tomar el control de las instalaciones del yacimiento.

“Se trata de una denuncia directa en la que estamos diciendo que el Estado mexicano llevó a cabo una serie de actos que violan un debido proceso; en un debido proceso debes ser llamado a comparecer en un juicio imparcial, lo cual no ocurrió; debes poder ofrecer pruebas para tu defensa, lo cual se hizo, pero de las 50 probanzas que presentamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) nos las desecharon todas; debes poder alegar en tu favor de manera previa a que haya una resolución, lo cual no se nos permitió en el caso de Cananea”, destacó el abogado.

Añadió que “también señalamos en esta demanda ante la CIDH algunas cuestiones de parcialidad de las autoridades laborales mexicanas, porque se advierte, con mucha claridad, por ejemplo, que en una hora con 20 minutos hayan definido la resolución del laudo de la JFCA, lo que materialmente era imposible”.

Lo más importante, expuso, es que “todo lo que hicieron las autoridades mexicanas en perjuicio de los mineros de Cananea riñe con el derecho de huelga asentado por la Ley Federal del Trabajo, ya que hace un año había sido determinada la huelga de Cananea legal y existente en tres distintas ocasiones y, de esta manera, el procedimiento de la junta laboral de terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo viola directamente uno de los derechos más elementales en México, que es el derecho de huelga de los trabajadores”.