En la madrugada del jueves 12 un comando de sicarios al servicio de los terratenientes locales asesinó a Irene Ramírez, dirigente del Movimiento Campesino del Aguan. Este crimen, junto a otros aún impunes, son la respuesta de los latifundistas ante la inminente legalización de centenares de ocupaciones de tierras por campesinos organizados. En conversación con Sirel, Luis Santos Madrid, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), explicó la situación.

Desde hace 40 años existen en Honduras grupos de campesinos sin tierra que han ocupado predios improductivos estableciendo allí asentamientos para numerosas familias. “En el Instituto Nacional Agrario (INA) existen hasta ahora 650 expedientes de asentamientos campesinos, los cuales vienen reclamando se les reconozca el derecho a permanecer sobre esas tierras y se les otorgue una titulación de propiedad”, informó Luis Santos.

La lucha de estos campesinos logró que el Poder Ejecutivo dictara en mayo pasado un Decreto de Expropiación Forzosa por el cual se les reconoce el derecho a la propiedad a los grupos que presentaron esos 650 expedientes en el INA, y además extiende ese beneficio a aquellos asentados que comprueben más de dos años de permanencia en los predios que actualmente ocupan.

“La mayor parte de los asentamientos está sobre tierras privadas -dice Luis Santos-, y cada grupo campesino, integrado en promedio por 15 familias, reclama un predio que nunca supera las 110 hectáreas”.

Los latifundistas se oponen a la aplicación del Decreto de Expropiación, y han desatado una escalada de violencia para presionar el Poder Ejecutivo al que le exigen la anulación del Decreto. Es en ese marco que “en la madrugada del jueves 12 -relató Santos- un comando de sicarios a las órdenes de los terratenientes locales ingresó al asentamiento y asesinó a balazos al compañero Irene Ramírez, no más para intimidar a los demás y presionar el gobierno”.

“Asimismo -agregó el secretario general de SITRAINA-, en el sector de Occidente, en un asentamiento de un grupo de campesinos ubicado sobre tierras fiscales que están fraudulentamente en manos privadas, se produjo una invasión de personas armadas que con violencia desalojó a las familias asentadas y, con la complicidad de las autoridades policiales locales mantienen en prisión a 14 compañeros bajo el cargo de usurpación de tierra”.

Los latifundistas y poderosos de Honduras han recurrido históricamente a la utilización de sicarios y bandas armadas para infundir el terror en la población y eliminar a quienes consideran sus enemigos, “pero desde que se aprobó el Decreto -dijo Santos- la violencia de estos poderosos se ha incrementado aún más, mientras que la complicidad de la Policía y la Justicia les ha asegurado hasta ahora la más total impunidad”.

Luis Santos enfatizó que el SITRAINA “continuará apoyando decididamente el reclamo de los campesinos y condenando la violencia de los terratenientes que, en esta ocasión, han sido derrotados en la ley por la lucha organizada del movimiento campesino. Pedimos a todas las organizaciones amigas y fraternas que difundan esta denuncia y se sumen a quienes sostenemos la lucha de los campesinos por tierra para trabajar y vivir con sus familias”.