Los
recientes asesinatos y amenazas contra representantes de
víctimas en el proceso de desmovilización paramilitar
afectan la credibilidad de ese proceso, dijo Human Rights Watch.
Ayer, tras
recibir varias amenazas, fue asesinada
Yolanda Izquierdo, líder de la Organización Popular de
Vivienda en el departamento de Córdoba, y representante de
centenares de víctimas de ese departamento en las audiencias
de confesión del jefe paramilitar
Salvatore Mancuso.
En días anteriores, también fue asesinado
Freddy Abel Espitia, otro representante de poblaciones
desplazadas de Córdoba. Y hace dos semanas fue incendiada la
sede de la Liga de Mujeres Desplazadas de Turbaco, del
departamento de Bolívar.
"Estos
asesinatos son hechos delictivos de la mayor gravedad, que
además tienen un impacto intimidatorio muy fuerte en quienes
han confiado en los procedimientos establecidos por el
gobierno para su participación en el proceso de
desmovilización," señaló
José Miguel Vivanco,
director para las
Américas de Human Rights Watch. "Estas
muertes claramente están dirigidas a silenciar a las
víctimas y testigos y evitar que se conozca la verdad."
Human Rights Watch señaló que es de la mayor urgencia que el
Dr. Mario Iguarán,
fiscal general de la Nación, destine recursos adecuados a la
pronta y plena investigación de estos casos y a la
protección efectiva de víctimas y testigos.
La
organización internacional también hizo un llamado al
presidente Uribe
a comprometerse ante la opinión pública nacional e
internacional a retirar cualquier tipo de beneficios a
grupos y líderes paramilitares que puedan tener algún grado
de responsabilidad por estos hechos atroces.
"Estas muertes ponen en tela de juicio la credibilidad de
todo el proceso de desmovilización paramilitar," dijo
Vivanco.
"Es por lo tanto fundamental que se establezcan
responsabilidades y se haga justicia pronto."
Human Rights Watch
5
de febrero de 2007
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