Uruguay

A instancias del diputado Felipe Carballo, la Cámara aprobó el

Convenio 184 de la OIT

Dip. Felipe Carballo y Dip. Raúl Sendic

Todo hace indicar que a influjo de la campaña electoral no surgirían voces discordantes para que el Parlamento apruebe finalmente el Convenio 184 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que significaría, de aplicarse efectivamen-te, una sensible mejora en la calidad de vida para miles de trabajadores rurales uruguayos.

Así lo evaluó para La Juventud el diputado salteño Felipe Carballo, quien fuera el único orador el pasado 2 de junio cuando la Cámara consideró el tema.

Carballo fue trabajador en las quintas de citrus de Salto y organizador del Sindicato Único de Obreros Rurales y Agroindustriales (SUDORA), que logró reagrupar a los naranjeros de ese departa­mento después de varios años sin actividad gremial, obteniendo el recono­ci­miento de algunos de sus derechos y reivindicando puntos como el trans­por­te en vehículos cerrados y la detención de las fumigaciones aéreas in­dis­crimina­das.

El legislador frenteamplista resaltó que a través del Convenio 184 "por primera vez en el dere­cho internacional se ga­rantiza a los trabajadores y trabajadoras agrícolas ‑no im­por­tando si son permanentes, temporales o zafrales‑ los mismos derechos y niveles de protección que a otras categorías".

Respaldo del Frente Amplio

El Frente Amplio-Encuentro Progresista apoya el proyecto, que implica convertir en ley lo que el país ya rubricó actuando en el marco de la OIT tres años atrás. Por tratarse de un conve­nio internacional se requiere una mayoría especial de legisladores para su aprobación. De esta manera el tema será mantenido en el orden del día de la Cámara hasta obtenerse un quórum mínimo de 50 parlamentarios, según informó Carballo.

Lucha de tres años

Un grupo de organizaciones sociales, ambientalistas, sindicales y políti­cas trabajaron por la ratificación de este convenio, explicó Carballo durante el debate. Destacó el papel jugado por "los sin­di­catos de asalariados rurales, Sindicato de Obreros Rurales y Des­tajistas de San José (SORYDESA), Organización Sindical De Obreros Rurales (OSDOR), Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales de Azucitrus (UTRYA), Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), el Sindicato Único De Obreros Rurales y Agroindustriales (SUDORA), y trabaja­dores fo­restales de los departamentos de Rivera y Tacuarembó".

Otras orga­nizacio­nes que han participado de esta campaña son el PIT‑CNT, el Sindica­to Autó­nomo del Ta­baco (SAT), la Asociación de Productores Agroecológicos de Bella Unión (APABU), y especialmente la Regional Latinoamericana de la Unión In­ternacio­nal de Trabajadores de la Alimentación y Agrícolas (Rel-UITA). Carballo también destacó el respaldo recibido de ONGs ambientalistas, gremiales de agricultores y asocia­ciones de consu­midores.

Un tema de miles

Carballo destacó que no se trata de un tema puntual el brindar una mayor protección a quienes trabajan en la cadena agroalimentaria: "todos estos temas relacionados con la seguridad y la salud en la agricultura son de gran importancia para Uruguay, donde, de acuerdo a los últimos datos ofi­ciales, entre 170 y 190 mil trabajadores se desempeñan en el sector agro­pecuario". Asimismo, advirtió que "las actuales condiciones de trabajo requieren de un urgente tratamiento a fin de asegurar la calidad del tra­bajo".

Citando datos del Banco de Seguros del Estado, Carballo señaló luego de los problemas de seguridad y salud en la construcción, “los traba­ja­dores rurales conforman el colectivo más sufrido, igno­rado y perseguido".

En el departamento de Salto han ocurrido accidentes laborales que "per­fec­tamente podrían haberse evitado, como sucedió en la forestación donde varios trabajadores murieron aplastados por una carga de eucaliptos. En la citricultura es alarmante el número de trabajadores accidentados o con las piernas y caderas destrozadas por el intenso y pesado trabajo”, consignó Carballo.

Diario La Juventud

8 de junio de 2004