Mauricio Funes y su coalición de Unidad Nacional, encabezada por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), iniciaron el pasado 1 de junio el primer gobierno de izquierda en la historia de El Salvador. Las organizaciones sindicales fueron las primeras en proponer su candidatura y se convirtieron en una pieza clave de la campaña electoral y de toda la compleja estructura que permitió la histórica victoria. El pasado martes 8 se cumplieron los primeros 100 días del nuevo gobierno, y las expectativas de las organizaciones sindicales tienen diferentes puntos de aproximación.

La población en general ha evaluado favorablemente la administración Funes, las diversas encuestas de medios de comunicación y universidades han resaltado durante la última semana esa percepción favorable. Pero “amor no quita conocimiento”, dice el sabio refrán popular, y diversos líderes sindicales señalan los notables avances en este corto período, pero también las dificultades y puntos pendientes.

Ministerio de Trabajo: avances, pero estructura intacta

La Ministra de Trabajo y Previsión Social del gabinete de Funes es la doctora Victoria Marina de Avilés, una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia y ex procuradora de los Derechos Humanos. Desde ambos cargos, la doctora “Vicky” de Avilés, como se le conoce, ha logrado el aprecio y el respeto de las organizaciones sociales, sindicales, comunidades y en general del movimiento social.

Jaime Rivera, dirigente del Sindicato del Sector Eléctrico (STSEL), y secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos de El Salvador (FESTRASPES), manifestó que uno de los principales avances que han visto como Federación en el Ministerio de Trabajo es, precisamente, la agilización de casos emblemáticos, como el del otorgamiento de personalidad jurídica a SITRAVX, el sindicato de la empresa AVX-Kyocera, ubicada en la zona franca San Bartolo, que llevaba dos años esperando el reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo, tiempo que la empresa aprovechó para despedir e intimidar a sus fundadores.

Asimismo, manifestó que los próximos días esperan un hecho similar con el Sindicato de las Comunicaciones (SITCOM), que lleva seis años esperando su registro.

También resaltó como positivo la fundación de la Escuela de Formación Sindical en el ámbito del Ministerio de Trabajo, y manifestó que espera “se le dé seguimiento y que no se quede como un maquillaje, y que el tema de los derechos laborales y las libertades sindicales sean incluidos en los planes de estudios de Secundaria y Bachillerato”.

Finalmente, lamentó que muchos directores del Ministerio de Trabajo no hayan sido removidos de sus puestos, y que, al parecer, ésto dificulta alcanzar aún mayores avances.

Por su parte, Atilio Jaimes Pérez, secretario general del Sindicato de Empresa LIDO SA (SELSA), integrante de la Federación de Alimentos (FESTSSAHBRA), manifestó que la alternancia en el gobierno es un avance significativo para el país, y que se han notado cambios positivos en la manera de funcionar del Ministerio de Trabajo, ya que es notorio que se están realizando esfuerzos, sobre todo en las inspecciones en materia de violaciones a los derechos laborales.

Sin embargo, el SELSA ha sostenido en las últimas semanas intensas negociaciones con la patronal de LIDO en el marco de la revisión de la cláusula salarial del Contrato Colectivo vigente que, como estaba acordado, debe actualizarse este año.

La empresa se ha negado a negociar en buena fe y ha demandado judicialmente a los directivos sindicales para intentar despedirles por el simple hecho de hacer uso de sus permisos sindicales sin goce de sueldo.

Asimismo, la empresa ha recurrido a tecnicismos legales para evitar negociar un incremento salarial, proponiendo un vergonzoso aumento de 6 dólares mensuales, lo que queda muy por debajo del aumento de hace un año de 14 dólares mensuales.

La fase de conciliación terminó el 18 de agosto pasado, y el Sindicato aún espera la notificación formal del Ministerio de Trabajo para proponer un proceso de arbitraje.

Ante esto, Atilio Jaimes manifiesta que la labor de mediación del Ministerio de Trabajo sigue teniendo las mismas deficiencias, ya que “existe un marcado desconocimiento de los delegados para buscar una conciliación verdadera, actúan solo como oyentes, y no tienen mayor capacitación o habilidades para realizar una mediación efectiva”.

También coincidió en que la permanencia en puestos clave de directores y jefes que provienen de la administración arenera-conservadora es el principal obstáculo para agilizar un cambio de actitud, eficiencia y efectividad en la labor del Ministerio de Trabajo.

Finalmente, reconoció los esfuerzos del gobierno en la parte social, ya que hay un plan anticrisis que va en beneficio de la gente. Tal es el caso del anuncio de brindar uniformes y zapatos a los estudiantes de bajos recursos para el próximo año escolar, aumentar la cobertura de salud en el Seguro Social de dos a seis meses en caso de perder el empleo, la eliminación de cobros indebidos en los centros de Salud Pública, (práctica conocida durante el gobierno de Arena como “cuotas voluntarias”), la repartición de insumos agrícolas, pensiones a los ancianos y la escrituración de 3 mil títulos de propiedad a igual número de familias campesinas.

Acajutla: la privatización del puerto bajo análisis

El principal puerto del país, Acajutla, fue prácticamente privatizado en 2002, luego de que el gobierno de ese entonces despidiera de la empresa pública autónoma CEPA a miles de trabajadores, cancelara el Contrato Colectivo de Trabajo y entregara las operaciones a varias empresas privadas conocidas como “Operadoras Portuarias”.

En 2004, el STIPES, un nuevo sindicato de trabajadores subcontratados por las operadoras, intentó formarse pero enfrentó rápidamente despidos, represión e indiferencia de parte de las operadoras, de CEPA y del gobierno.

Gregorio Elías Vanegas, secretario general de STIPES, evalúa como positivas las gestiones del nuevo gobierno y señala que ya empezaron el diálogo con la empresa para formar una comisión de trabajo de alto nivel, en la cual estará el Sindicato en representación de los trabajadores, el secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, Franzi (Hato) Hasbún y el presidente de CEPA, Guillermo López Suárez.

La labor de esta comisión será revisar si las “operadoras” están cumpliendo con todas las obligaciones de la ley, así como elaborar una propuesta conjunta para  el funcionamiento del puerto que contemple la seguridad, la estabilidad laboral, el diálogo y negociación permanentes y, por supuesto, solventar el caso de varios trabajadores accidentados y fallecidos en varios accidentes de trabajo ocurridos en los últimos años.

Gregorio Elías Vanegas manifestó que desde que se ha visto la nueva actitud del gobierno, al sindicato le ha sido más fácil conscientizar y afiliar a los trabajadores, aún a los subcontratados, por lo que su membresía ha crecido de  250 afiliados a cerca de 600 en los últimos meses.

El Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social (CES), fue presentado públicamente por el presidente Funes el pasado 3 de septiembre como un organismo consultivo, y que estaría conformado por 24 representantes del movimiento social, 24 de la empresa privada, diez representantes de Universidades y académicos y cuatro del gobierno, encabezados por Alex Segovia, el secretario técnico de la Presidencia.

Sobre este punto, Jaime Rivera manifestó que el problema de la representación del movimiento sindical es que el llamado “movimiento social” ha llegado dividido al CES, ya que no se obtuvo la cuota ideal que el movimiento sindical gestionaba que era de diez de los 24 representantes asignados a las organizaciones sociales.

El último intento de llegar a un acuerdo dejó a los sindicatos con solo ocho representantes, por cual éstos no han decidido aún integrarse al trabajo del Consejo, en búsqueda de lograr una mejor representación.

Pese a que el Consejo sólo es consultivo, Rivera mencionó la importancia de rescatar el espíritu del Foro para la Concertación Económica y Social (FCES), uno de los convenios de paz del acuerdo de Chapultepec de 1992, cuyas resoluciones eran vinculantes y no sólo consultivas.

La derecha en la estructura del Estado

Con una lúcida crítica, Estela Marina Ramírez, líder de las trabajadoras de la costura y la maquila e integrante del Frente Sindical Salvadoreño, no esconde tampoco las limitantes del nuevo momento. “La gente no alcanza a dimensionar que las instituciones del Estado aún no están depuradas”, y señala que ese problema es una cuestión de fondo que puede traer serias consecuencias.

Estela señala particularmente que el poder de la derecha en la Asamblea Legislativa no permite cambiar o derogar “aquellas leyes que nos afectan como trabajadores, y una de ellas –enfatiza– es la que permitió la privatización de las pensiones y que, hoy por hoy, tiene condenados a la miseria a miles de trabajadores que no nos vamos a pensionar”.

Estela ve como una debilidad del nuevo gobierno que “no hay una decisión clara por las opciones socialistas”, y que algunas empresas estatales autónomas siguen siendo manoseadas por la derecha.

La seguridad pública y la herencia del gobierno arenero

Ciertamente, una de las críticas más reiteradas al nuevo gobierno ha sido el de la seguridad ciudadana. Pese a que los crímenes, asesinatos y secuestros han bajado en términos numéricos, la derecha y los grandes medios de comunicación mantienen una fuerte campaña para sembrar zozobra y temor en la población, siendo que el Fiscal General en funciones es una pieza clave dejada por las administraciones conservadoras y el anterior gobierno.

A pesar de que hay un nuevo gobierno, el Fiscal General electo, que es la figura estatal encargada de perseguir los delitos, terminó su período el pasado 19 de abril. Pero ARENA y el FMLN no tienen los votos necesarios en el Congreso para elegir por sí mismos al nuevo Fiscal.

Ambos partidos tampoco se han puesto de acuerdo en un candidato de consenso, y se necesitan dos tercios del Congreso para elegir a un Fiscal cifra que no se puede alcanzar sin el FMLN o sin ARENA.

Por lo tanto, está en funciones hasta el día de hoy como Fiscal General Adjunto Astor Escalante, un abogado proveniente de la empresa privada, partidario de métodos e ideas fascistas, quien ha conducido la Fiscalía durante el último año por un nefasto sendero lleno de encubrimientos, fabricación de casos, negligencias y contaminación político-partidaria de los casos.

Basta recordar el caso del asesinato en 2004 del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto, que fue manipulado por la Fiscalía para acusar a la suegra del fallecido de planear su crimen mediante una descabellada y trasnochada teoría que los juzgados rápidamente desecharon.

Por su parte, la Fiscalía siguió apelando en diversas instancias en dicho caso, y ahora pretende revertir la acusación contra la suegra de Gilberto Soto y así evitar cualquier posibilidad de que las verdaderas motivaciones del asesinato del sindicalista, miembro de los “Teamsters”, sean investigadas a fondo.

En los últimos años, la Fiscalía General de la República ha tenido este mismo patrón de conducta en todos los crímenes que se sospeche puedan tener motivaciones políticas y/o sindicales: acusar a los familiares y amigos de los asesinados.

La misma constante se verifica en el macabro caso del asesinato de los esposos Manzanares, padres de la locutora de Radio Venceremos –la radio insurgente en los años 80–, ocurrido en julio de 2005, o del activista contra la explotación minera, el ambientalista Marcelo Rivera, desaparecido y asesinado en junio de 2009.

Por eso, el primer paso para que el caso del asesinato de Gilberto Soto y de otros crímenes políticos no queden en la impunidad, es lograr que ARENA y el FMLN elijan un nuevo Fiscal General. Éste debe tener capacidad y compromiso con la justicia, para imprimir un nuevo rumbo, distinto al nefasto camino recorrido hasta ahora.

Mientras el gobierno de Funes y el FMLN no logren romper el boicot de la derecha para designar a un Fiscal capaz y honesto que pueda encaminar la institución por nuevos caminos apegados a la ley, será muy difícil combatir la impunidad, promover el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana.