La empresa
forestal Eufores –perteneciente a la multinacional ENCE– continúa
con la explotación de sus trabajadores y la persecución sindical a
través de contratistas, pese a la intervención de autoridades del
gobierno a favor de los derechos laborales de los asalariados
rurales.
Hace un mes, reunidos en asamblea, una cuadrilla conformada
por unos setenta trabajadores de la empresa Eufores resolvió afiliarse al
sindicato de la madera (SOIMA). También se decidió reclamar al contratista
Álvaro Silva el pago de los haberes adeudados y mejoras en las condiciones
de vida en medio de los montes ubicados a unos 80 quilómetros de la ciudad
de Paysandú en la localidad de Quebracho donde se desempeñaba esta
cuadrilla.
Ante la negativa al diálogo de su empleador los trabajadores
decidieron cerrar las entradas de camiones en los montes de la zona y
permanecer en su campamento. Al enterarse de esta situación autoridades
municipales de la administración progresista y ediles de la Junta
Departamental de Paysandú concurrieron al lugar de los hechos y luego de
constatar las condiciones miserables en que vivían estos trabajadores y la
justicia de sus reclamos los ayudaron con alimentos.
Gracias a la medida de lucha y a la solidaridad recibida los
trabajadores por primera vez lograron que se les realizaran los aportes a
Seguridad Social por el monto que realmente corresponde y se les pagaran
licencias y salarios vacacionales adeudados.
Al poco tiempo y como consecuencia de este conflicto Eufores
prescindió del los servicios del contratista Silva y esta cuadrilla quedó
cesante.
Consultado por Rel-UITA, el abogado laboralista Walter Duarte
expresó que existe una verdadera complicidad entre las empresas forestales y
los contratistas ya que no se le exige a éstos condiciones adecuadas que
aseguren los derechos elementales de los trabajadores que contratan. En
definitiva, tanto Duarte como las autoridades municipales del departamento,
coincidieron en responsabilizar a Eufores.
Por su lado, el diputado oficialista Juan Domínguez, que
visitó el campamento declaró a la prensa que la situación ponía al
descubierto el “desconocimiento permanente de las leyes laborales” y
atribuyó las causas a los gobiernos anteriores que no controlaban las
condiciones en que desarrollan sus tareas los trabajadores forestales.
Por su lado, Javier Camejo, delegado de los trabajadores,
dijo que el contratista Silva les descontaba la ropa y la comida
contraviniendo las disposiciones legales al respecto. Otro delegado, Atilio
Ferrari, expresó a Rel-UITA que Silva los destrataba, que ante sus reclamos
les decía “que si no querían trabajar que se fueran y punto” y que tuvieran
cuidado pues Eufores le había pedido una “lista negra” de los trabajadores
que participaran en conflictos o efectuaran desordenes.
Señalaron estos delegados que cuando se solicitó hablar con
representantes de Eufores nunca aparecieron. Silva “no cumplía con ninguno
de los derechos de los trabajadores y Eufores no hacía nada”, expresó Camejo.
Sin embargo en esa ocasión las cosas se arreglaron, pero por
unos días. El lunes 31 de octubre el contratista Silva le comunicó a su
cuadrilla que no había más trabajo. Los trabajadores interpretaron la medida
como una “clara persecución debido al conflicto sostenido” y decidieron
acampar en la entrada de la ciudad de Paysandú donde aún permanecen. De no
llegar a un acuerdo los trabajadores manifestaron a Rel-UITA su disposición
de marchar hasta la planta chipeadora que Eufores tiene a 120 quilómetros de
Paysandú en la ciudad de Fray Bentos e instalar allí su campamento así como
realizar gestiones ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y difundir
la situación que padecen en los medios de comunicación de Montevideo.
Carlos Caillabet
© Rel-UITA
11 de noviembre de 2005
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