Posición de
FUTATSCON ante las empresas transnacionales y el gobierno de
Nicaragua, respecto a la inversión extranjera, los derechos
de los trabajadores y la libertad sindical
Desde hace muchos años las empresas transnacionales tienen
presencia en Nicaragua y han operado sus negocios sin ningún
control por parte de los gobiernos, y su único obstáculo (si
así le podemos llamar) ha sido la presencia de algunos
sindicatos.
Desde la “llegada de la democracia” en 1990 hasta hoy, la
presencia de empresas transnacionales se ha incrementado
enormemente y, con ello, su enriquecimiento constante al
igual que en todas partes del mundo. Simultáneamente, los
trabajadores comenzamos a desmejorar nuestras condiciones
laborales, en nuestros salarios, a perder derechos
conquistados durante la revolución, violentaron nuestros
derechos humanos, sufrimos represión sindical, se impusieron
el trabajo precario, la flexibilización laboral, la
tercerización y el solidarismo. Todo esto con la complicidad
desembozada de los gobiernos de turno.
Con el cambio de gobierno en las elecciones del pasado 5 de
noviembre, las empresas privadas y las transnacionales han
mostrado su preocupación y han planteado en diversas
reuniones con el nuevo Presidente, Daniel Ortega, que
necesitan garantías y condiciones adecuadas para su
inversión. El gobierno ha respondido que se requiere el
concurso de todas las fuerzas sociales, políticas y
económicas para sacar al país de su actual crisis, y ha
planteado la necesidad de que todas las fuerzas se sumen al
esfuerzo de erradicar el hambre, la pobreza y el desempleo
que hoy agobian a la mayoría de la población.
Ante estos planteos empresariales, nuestra Federación
Unitaria de los Trabajadores de la Alimentación ha definido
que no se opondrá a la inversión extranjera y nacional,
siempre y cuando respeten los derechos de los trabajadores,
el Estado de derecho, las normas fundamentales de la OIT y
los derechos sindicales. Es decir, los trabajadores también
pedimos las garantías imprescindibles para que se nos trate
como a seres humanos.
Si bien es cierto que el país necesita inversión para generar
empleo y ayudar a combatir la pobreza heredada por la mala
gestión los tres gobiernos anteriores, esto no debe
significar un cheque en blanco para los inversores en
relación con el trato a los trabajadores nicaragüenses.
Cargill, por ejemplo, que es propietaria de “Tip Top
Industrial”, se ha reunido con el presidente Ortega para
asegurarse de que sus inversiones estarán a salvo.
Pero, ¿quién es Cargill? Esta corporación opera en
muchos países, y en América Latina tiene una práctica
sistemáticamente antisindical, como es el caso en Brasil y
Argentina donde ha tenido serios conflictos con los
trabajadores a lo largo de 2006, cuando se han desarrollado
sendas huelgas por el incumplimiento del convenio colectivo
y la falta de voluntad de negociar con los trabajadores.
Por otro lado, gran parte de su producción de alimentos para
consumo humano está elaborada a partir de cultivos
transgénicos sobre los que pesan fundadas sospechas de ser
nocivos para la salud humana. En consecuencia, Cargill
no es la transnacional que viene a contribuir para sacar
al país de la pobreza como lo pide el presidente Ortega,
sino que, como toda empresa de su tipo, su único interés es
el lucro y la explotación de los trabajadores. Para cumplir
lo que le prometió al Presidente, Worren Stanley,
representante de Cargill en Nicaragua, deberá empezar
por permitir la creación de sindicatos en sus plantas
procesadoras y sus restaurantes, donde actualmente lo que
existe son prácticas solidaristas, utilizadas como un
instrumento para impedir la formación de un sindicato.
Otras empresas transnacionales del sector alimentos y el
turismo que operan en Nicaragua no son muy diferentes. Están
Coca Cola FEMSA, Parmalat, Pepsico,
Hotel Crowne Plaza, Barceló Montelimar,
entre otras, que tienen el mismo sistema de explotación, son
igualmente antisindicales, no respetan el Estado de derecho
y se han caracterizado por la represión y las violaciones de
los derechos de los trabajadores. La pregunta obligada es:
¿en qué contribuye ese comportamiento al objetivo de sacar a
Nicaragua de la pobreza? No lo han hecho ni lo van hacer.
Para que se piense en creerles es necesario que admitan la
libre sindicalización, que no maltraten ni humillen a los
trabajadores, que tengan voluntad de negociar y cumplir los
convenios colectivos y que mantengan la estabilidad laboral.
Una forma real de que estas corporaciones transnacionales
contribuyan a bajar los índices de pobreza será mejorando
las condiciones de trabajo, mejorando los salarios,
respetando las leyes del país en materia fiscal, laboral, de
libre competencia, mejorando el medio ambiente en las
plantas, en el entorno, en la comunidad, y abstenerse de
sobornos a los funcionarios públicos, sin corrupción y con
transparencia en sus estados financieros. Si cumplieran
esto, entonces sí estaríamos diciendo que vale la pena la
inversión extranjera, de lo contrario son sólo palabras y
promesas, nada más.
En
Managua - 26 de enero de 2007
