Desde el día 24 de diciembre, los
trabajadores afiliados al Sindicato de
Trabajadores de la Industria Portuaria (STIPES),
se han mantenido en una medida de
protesta que ha incluido la negativa a
presentarse a trabajar en el puerto de
Acajutla, así como una
concentración que entre el 24 y el 31 de
diciembre se desarrolló frente a los
portones 4 y 5 del
puerto.
En horas de la madrugada del 31 de
diciembre, un pelotón de la
Policía
antidisturbios desalojó la protesta. Los
sindicalistas se mantienen concentrados
en las inmediaciones y reafirman su
decisión de no descargar los barcos que
llegan a la terminal portuaria. Este 3
de enero, un barco se retiró ante la
falta de fuerza de trabajo dispuesta a
laborar. A todas luces, parece una
huelga de hecho.
El principal puerto del país, Acajutla,
fue prácticamente privatizado en 2002,
luego de que el gobierno conservador de
ese entonces despidiera de la empresa
CEPA1
a miles de trabajadores, interviniera
militarmente el Puerto, cancelara el
Contrato Colectivo de Trabajo y
entregara las operaciones a varias
empresas privadas conocidas como
“Operadoras Portuarias”.
Los trabajadores que habían laborado por
décadas bajo condiciones reguladas,
pasaron a ser sub contratados, con
salarios bajos y ocasionales, sujetos a
los caprichos y discrecionalidad de las
“Operadoras”, y sin ninguna prestación
más que su salario a destajo.
La crisis en el mercado interno de la
comunidad de Acajutla no se hizo esperar,
el comercio fue lo más afectado. Y poco
a poco los accidentes de trabajo se
fueron sucediendo cada vez con mayor
gravedad y frecuencia sin que las
“Operadoras” asumieran apropiadamente
sus responsabilidades laborales.
Con el paso de los años, las
“Operadoras” se fueron convirtiendo en
una referente desdeñable para la
comunidad de Acajutla.
En diciembre de 2004, el STIPES, se
fundó
como un nuevo
Sindicato de
trabajadores, la mayoría, subcontratados
por las “Operadoras”. Este esfuerzo
enfrentó rápidamente despidos, represión
e indiferencia de parte de las
operadoras, la CEPA y el gobierno. Sin
embargo, con la llegada del nuevo
gobierno de Mauricio Funes, en junio
2009, se abrió un halo de esperanza.
En una entrevista realizada a
Gregorio Elías Vanegas, secretario general de STIPES, en septiembre de 2009, este
evaluaba como positivas las gestiones
del nuevo gobierno y señalaba que habían
empezado el diálogo con la empresa
CEPA para formar una comisión de
trabajo de alto nivel, en la cual estaba
participando el Sindicato en
representación de los trabajadores, el
secretario de Asuntos Estratégicos de la
presidencia, Franzi (Hato) Hasbún
y el
Presidente de CEPA,
Guillermo López Suárez.
La labor de esta comisión fue revisar si
las “operadoras” están cumpliendo con
todas las obligaciones de la ley, así
como elaborar una propuesta conjunta
para el funcionamiento del puerto que
contemple la seguridad, la estabilidad
laboral, el diálogo y negociación
permanentes y, por supuesto,
solventar el caso de varios trabajadores
accidentados y fallecidos en varios
accidentes de trabajo ocurridos en los
últimos años.
Esta comisión entre septiembre y
diciembre realizó más de 20 reuniones en
las cuales
-el STIPES
afirma-
se acordó que a partir del
1º
de enero de
2010, la labor de las operadoras sería
retomada por CEPA, que al menos
450 trabajadores serían contratados
directamente por la empresa estatal
(incluyendo la junta directiva del
sindicato) y que el sindicato
funcionaría como la “bolsa de trabajo”,
una modalidad bastante frecuente en
puertos de todo el mundo.
Sin embargo entre el 11 y el 23 de
diciembre se dio un lapso en el proceso
de diálogo que hasta ese momento había
avanzado bastante bien. Luego de ese
período, la empresa CEPA dio
marcha atrás con los acuerdos y notificó
que tres de las operadoras privadas -Inporsa,
Opsal y Servigran-
seguirían funcionando pero se les
agregaría una cláusula al contrato con
CEPA en que se comprometerían a
respetar los derechos laborales. Sin
embargo, estas empresas operadoras, son
precisamente de las más repudiadas por
la comunidad de Acajutla por sus abusos
laborales. Y ahora los trabajadores
reclaman cumplimiento a lo acordado
hasta antes del 11 de
diciembre dado que
adjudican este cambio de posición de la
Presidencia de CEPA, a presiones
de los grupos económicos, propietarios
de las empresas “Operadoras”.
Así las cosas, desde el 24 de diciembre,
los trabajadores han hecho uso de su
mejor recurso de presión, la negativa a
ir al trabajo bajo condiciones que les
son desfavorables. El apoyo de la
población a la acción de protesta ha
sido solidaria y decidida.
El día 31 de diciembre, en la víspera
del año nuevo, a eso de las 4 de la
madrugada un pelotón policial de la
Unidad de Mantenimiento del Orden les
desalojó de los portones del puerto. Los
trabajadores evitaron cualquier
provocación que desembocara en
enfrentamientos y se retiraron a unos
doscientos de metros a continuar con la
protesta.
Aunque las autoridades de CEPA
han manifestado que las actividades del
puerto continúan con normalidad, una
breve visita al terreno indica lo
contrario. De hecho, diputados del
FMLN2
y miembros de Alba Petróleos
(empresa de capital mixto que distribuye
combustible venezolano) han realizado
varias gestiones para tratar de
persuadir a los sindicalistas de su
acción de protesta y para pedir su apoyo
a descargar los buques tanqueros.
Los trabajadores han respondido con la
solicitud de reciprocidad para
interponer sus buenos oficios ante el
presidente de CEPA y ante el
mismo
presidente
Mauricio Funes.
De hecho, los sindicalistas están
distribuyendo copias de un video en
el que recogen declaraciones durante la
campaña electoral,
del actual presidente
Mauricio Funes. En ellas se
comprometió a hacer de Acajutla uno de
los mejores puertos de Centroamérica,
pero dando beneficios a los trabajadores
y luchando contra la corrupción, la
cual, según los sindicalistas, proviene
básicamente de los negocios
irresponsables y codiciosos que realizan
actualmente las “Operadoras” privadas.
Según ellos, CEPA ha dado marcha
atrás a lo acordado luego de presiones
del sector privado.
Por su parte, la Asociación Nacional de
la Empresa Privada (ANEP), ha
estado presionando al gobierno a tomar
acciones más fuertes contra los
sindicalistas. Su director ejecutivo
Raúl Melara en declaraciones a un
matutino manifestó: “El
hecho que un grupo de personas se esté
tomando las instalaciones de Acajutla
definitivamente que debe obligar al
gobierno a tomar acciones a la brevedad
posible”.
En términos generales, el desafío para
el gobierno de Mauricio Funes es muy
importante y simbólico. La manera como
resuelva esta conflicto indicará si esta
dispuesto a distanciarse de la
corrupción del anterior gobierno, que
subcontrataba innecesariamente a grupos
privados afines, actividades que antes
realizaba el mismo gobierno, o si
mantendrá una política de confrontación
con el movimiento sindical que hasta el
momento le ha definido como un gobierno
“amigo”.
Mientras tanto, el ánimo de lucha de la
comunidad de Acajutla y de los
sindicalistas de STIPES parece ir
en aumento, a pesar de las amenazas de
represión, pero con la esperanza de
poder mejorar en el corto plazo, las
condiciones de vida y trabajo que al
menos desde 2002, fueron empeorando con
la llegada de las “Operadoras” Privadas.