Esta infame situación es aún más grave considerando que les
ofrecieron 80 por ciento de sus haberes instándoles a
aceptar la oferta en ese momento pues, de lo contrario,
no cobrarían nada. A esto se suma la posición que tomó
el inspector de Trabajo de la localidad de Chimaltenango,
quien, según el testimonio de algunos compañeros que
estaban presentes, entró solo a la empresa porque no
permitieron la entrada de los dirigentes sindicales y
luego “sugirió” a los trabajadores que aceptaran la
oferta que la empresa les hacía de “buena voluntad”
pues, de no hacerlo su caso pasaría a solucionarse en un
plazo no menor a tres años.
La Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación,
Agroindustrias y Afines (FESTRAS) ha venido
denunciando todas las irregularidades de este caso desde
la formación del sindicato, en junio de 2004. Además de
los despidos de algunos miembros del Comité Ejecutivo,
se ha denunciado la subcontratación que la empresa
utilizó como forma de aislar a los trabajadores
sindicalizados, dejándolos en INPROCSA y mandando
a los no sindicalizados a otras plantas del mismo dueño
pero con otra razón social, creadas especialmente con
ese fin.
De los 94 trabajadores, 75 eran afiliados al sindicato y
venían
siendo amenazados por la compañía que utilizaba
información incorrecta para forzar, aterrorizar, y
engañar a los trabajadores. Debido a esta situación que
se venía dando desde la formación del sindicato, la
mayoría aceptó la oferta, apenas 25 trabajadores no lo
hicieron y han presentado formalmente la denuncia ante
el Ministerio de Trabajo.
En palabras de David Morales, secretario general de
FESTRAS “Los empresarios poco a poco fueron
concretando su plan, con el total beneplácito de las
autoridades de gobierno, lo que hace muy difícil que los
trabajadores logren organizarse, pues no sólo tienen que
luchar contra los intereses de los empresarios sino
también contra el gobierno”
La producción de INPROCSA ya se había trasladado
en parte a MarBran y SuMar, que funcionan
en las mismas instalaciones de la empresa, teniendo como
principales clientes a Sysco y Superior.
“Este
tipo de compañías que vienen a invertir en nuestro país
con total impunidad en el marco de los Tratados de Libre
Comercio (TLC) no brinda ninguna garantía para
los trabajadores y, a su vez, el Estado no tiene ninguna
política para hacer más coercitiva la aplicación de los
derechos laborales. Los defensores de los TLC
dicen que van a traer beneficios para los trabajadores,
pero las consecuencias reales son como las que vemos
aquí: despidos e impunidad”, manifestó Morales.
El 1 marzo de 2007 el Sindicato y FESTRAS
presentaron las denuncias pertinentes ante el Ministro
de Trabajo y Previsión Social, que se ha comprometido a
investigar y a cumplir la función protectora que debe
desempeñar por mandato constitucional.
Según David Morales, “cabe
a la Federación hacer pública esta denuncia a nivel
nacional e internacional, y solicitar apoyo y
solidaridad para encontrar una solución favorable para
los trabajadores en general”.
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En Montevideo, Amalia Antúnez
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Rel-UITA
14 de marzo de 2007 |
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