A partir del lunes 7 de septiembre, más de 500 trabajadores de la empresa floricultora Benilda SACI, propiedad de los hermanos Pedro y Carlos Mejía, se vieron forzados a iniciar una huelga para exigir el pago de los salarios, los aportes legales de la seguridad social en salud y pensiones, el subsidio familiar y las dotaciones (ropa y elementos de trabajo). Además, la huelga es una reacción contra las maniobras de los empresarios que, para birlar los derechos de los trabajadores, trasladaron áreas enteras de la plantación a empresas creadas recientemente por los mismos dueños con distinta razón social, y cuya representación legal se ha confiado a mandos medios de la misma Benilda.

A las nuevas empresas testaferro se han vinculado nuevos trabajadores, pero mediante formas precarias de contratación o de subcontratación laboral que constituyen una sobre-explotación del trabajo.

A las trabajadoras y trabajadores más antiguos, que llevan entre 15 y 28 años de labor en la empresa floricultora Benilda, hasta ahora se les conserva su vinculación laboral, pero son objeto de presiones para que renuncien "voluntariamente" a su empleo con el argumento falaz de que esta empresa está en proceso de liquidación y carece de recursos para continuar pagando salarios, prestaciones sociales y los aportes legales para la seguridad social.  

El proceso de "marchitamiento" de la empresa se viene dando desde 2001, año en que ocupaba 1.800 trabajadores que se han reducido hasta los 500 actuales.

Es evidente que estamos ante la figura jurídica de "huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones salariales con sus trabajadores" (art.379 del CST), razón por la cual hasta la fecha los empresarios no han pedido la intervención de las autoridades del Trabajo, que deben levantar un acta donde se deje constancia de los motivos de la huelga.

Por su lado, los dirigentes sindicales sí han solicitado tal intervención, pues se tiene claro que la retención de salarios y el no pago de los aportes a la seguridad social son causal para legitimar la huelga y sancionar a la empresa, con el agravante de que, durante los últimos meses, fueron descontados de los salarios y hasta la fecha no se han entregado a las entidades de seguridad social.

Sin embargo, las autoridades del Trabajo, omitiendo sus obligaciones legales, guardan silencio frente a las reclamaciones de los trabajadores y trabajadoras, configurándose así una conducta cómplice con los empresarios que amerita una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

Teniendo en cuenta el antecedente de creación de empresas testaferro, existen razones para creer que, en realidad, se trata de una maniobra infame encaminada a deshacerse de las trabajadoras y trabajadores antiguos que han acumulado pasivos laborales y, por supuesto, mucha fatiga y enfermedades.

Así, las trabajadoras y trabajadores son tratados como muebles viejos que, con el propósito de renovar la vieja casa, deben ser tirados a la calle. No es absurdo pensar que, como el Ave Fénix, de las cenizas de la empresa liquidada resurja una nueva, con otro nombre y nuevos trabajadores, con bajos salarios y sin un sindicato que los represente.

Enfrentados a sus necesidades, los trabajadores han reducido sus pretensiones para reiniciar sus labores. Lo harían sobre la base del pago puntual de las quincenas y de la seguridad social, pues durante el tiempo que se han retenido los aportes para seguridad social han fallecido trabajadores que no recibieron atención médica oportunamente.

Para cubrir las demás deudas laborales se darían plazos razonables. Sin embargo, los empresarios no ceden, pues consecuentes con su fin último esperan que las necesidades agobien a los trabajadores y desfallezcan de cansancio, optando por el retiro "voluntario", lo que los exime de pagar indemnizaciones por despido injustificado y reconocer a largo plazo, por cuotas y reducidas en su valor, las prestaciones sociales generadas hasta la fecha del retiro.

La solidaridad

llega de todas partes

El pasado 24 de octubre, varios miembros del Ejecutivo Nacional y de la Subdirectiva de Bogotá y Cundinamarca de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la UITA, visitaron a los trabajadores y trabajadoras en huelga y se expresó el compromiso solidario de acompañarlos en su lucha de resistencia.

Desde la UITA y la CUT se tiene la certeza que este tipo de burdas maniobras patronales, que afectan de manera grave el derecho al trabajo y la dignidad de los trabajadores y sus familias, deben ser rechazadas decididamente por los sindicatos, tanto en el plano nacional como internacional para que no prosperen, pues si se perpetran de manera impune podrán ser aplicadas en otras plantaciones.