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A las seis de la mañana del pasado 8 de junio empleados de la empresa
panificadora LIDO S. A. de C. V., iniciaron una huelga que finalizó diez
días después a las 12 del mediodía. La huelga tenía el objetivo de hacer que los
empresarios escucharan y consideraran sus peticiones de mejora laboral, entre
otras cosas. Sin embargo la orden de un juez detuvo su accionar.
De acuerdo con
Atilio Jaimes,
secretario general de Sindicato de Empleados LIDO S.A. (SELSA), una de las
demandas más fuertes que motivó a realizar la huelga fue la necesidad de hacer
cumplir el contrato colectivo que firmaron en 2007, sobre todo la cláusula 43,
en la que se destaca la importancia de negociar cada año entre los empleadores y
empleados un aumento de salarial.
Dicha negociación, según
Jaimes,
llegó hasta 2009, año en el que obtuvieron el último aumento. En esa ocasión
también los empleados hicieron el compromiso de no negociar en 2010 sino hasta
2011, pero eso no sucedió.
“Resulta
que no se ha dado ese incremento desde 2009, lo preocupantes es que cada vez se
vuelve más que necesario (un aumento salarial) porque el costo de la vida está
muy alto y necesitaríamos, solo para cubrir la canasta básica, ganar más o menos
360 dólares y éste en la actualidad no llega ni a los 300, son 280 menos
descuentos de ley”,
aseguró
Jaimes.
Otras de las razones de la huelga era el cese la represión laboral de la
empresa privada del país, especialmente la de los propietarios de la marca
LIDO; garantía de los derechos laborales de los más trabajadores de
DIGAPAN, quienes fueron despedidos en febrero pasado.
Sin embargo, el juez quinto de lo laboral declaró ilegal la huelga argumentado
que la razón de ésta no estaba basada en el vencimiento del contrato colectivo.
Esto lo respaldó con el Artículo 530 del Código del Trabajo: “…Tampoco podrá
estallar (la huelga) cuando el objeto del conflicto fuese la revisión de un
contrato colectivo existente y el término de duración del mismo no estuviese
vencido”, reza el artículo.
Pese a la justificación, el líder sindical asegura que el accionar judicial
violenta su derecho de manifestarse, sobre todo cuando se desarrolló de forma
pacífica.
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Agotamos todas las
etapas de negociación hasta llegar a la vía de la huelga, seis meses
en la búsqueda del diálogo, pero hasta la fecha ha sido imposible,
la empresa se ha cerrado; y a raíz de la declaración de ilegalidad
eso cobra más fuerza, no quiere llegar a acuerdos con los
trabajadores |
“Agotamos todas las etapas de negociación hasta llegar a la vía de la huelga,
seis meses en la búsqueda del diálogo, pero hasta la fecha ha sido imposible, la
empresa se ha cerrado; y a raíz de la declaración de ilegalidad eso cobra más
fuerza, no quiere llegar a acuerdos con los trabajadores”, aseguró.
No obstante, fuentes de la empresa
LIDO
aseguran que sí mantuvieron reuniones con los empleados en las que les
explicaron que el aumento salarial no era posible. Además, indicó que la
cláusula del contrato colectivo que habla sobre la negociación para llegar a un
acuerdo de aumento no establece la obligación de realizar tal aumento.
Jaimes
fue detenido el mismo día en que inició la protesta. De acuerdo con el
sindicato, la razón de la aprehensión fue un invento del subgerente de
producción,
Heriberto
Pacas,
quien denunció que
Jaimes
lo había amenazado de muerte.
El líder sindical asegura que el enojo de
Pacas
surgió después de que se le exigiera dejar en libertad a unos empleados,
ubicados en el departamento de operaciones, que estaban retenidos dentro de la
empresa.
“Tenía con
candado la puerta y no dejaba salir a los empleados, los tenia privados de
libertad”, aseguró Jaimes.
Otros descontentos
LIDO tiene en su haber
empresas como
DIGAPAN, SUPAN, ALIMVASA, FAMOLCAS,
empresas que, según
empleados, nacieron con el objetivo de ser subsidiarias y de esa forma reducir
las prestaciones laborales de todos los trabajadores.
Sin embargo, la muerte de
Raúl Molina
Martínez en
septiembre de 2009, fundador y dueño de la mayoría de la empresa, desencadenó
una disputa entre los familiares la cual la han tenido que pagar cientos de
empleados.
Es así que en 2010 los empresarios de LIDO
fundaron Inversiones
ROVIC S.A. de
C.V. con el afán de quitar la distribución
a la sociedad DIGAPAN,
que era la distribuidora exclusiva de la marca LIDO.
Con tal
acción dejaron sin empleo a más de 500 trabajadores, a quienes además en
diciembre y enero pasado se les retuvo los pagos para Seguro Social, fondo de
pensiones, Fondo Social para la Vivienda, entre otros.
De acuerdo con
Atilio Jaimes
estas cotizaciones no han sido canceladas a las instituciones y mucho menos se
les ha entregado el dinero de la indemnización.
Además
Jaimes
asegura que desde 2002 los empleados han reducido de 300 a 158 que hay en la
actualidad solo en la empresa
LIDO. Lo indignante,
según el sindicato, es que una de la subsidiaras,
FAMOLCAS,
tiene alrededor de 90 empleados, quienes trabajan “revueltos con
LIDO”,
haciendo el mismo trabajo de operarios y se les paga menos.
“A pesar de las represiones, hostilidades y la declaración de ilegalidad de la
huelga, las demandas siguen siendo legitimas, vigentes y seguiremos buscando
llegar a una solución que nos beneficie a todos.
Además no debilitarán el movimiento sindical en esta empresa privada, también
tenemos derecho y eso debe cumplirse”, concluyó
Atilio Jaimes.
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