Los postergados trabajadores rurales uruguayos encuentran actualmente un contexto político favorable que les permite organizarse y negociar con las empresas.

-Los empresarios citrícolas uruguayos sostienen que esta industria ha creado cientos de puestos de trabajo en el campo. A su vez, los trabajadores denuncian persecución sindical en ese sector.

-Son ciertas ambas cosas. El desarrollo de la industria citrícola en Uruguay trajo aparejado la concentración de trabajadores en el medio rural. En épocas de zafra, empresas como Azucitrus llegan a emplear unos dos mil trabajadores. De manera que se dan las condiciones objetivas para desarrollar un sindicalismo fuerte tanto a nivel del sector estrictamente rural de la producción como en las etapas posteriores: packing, plantas de jugo. Pero este proceso de sindicalización se ha desarrollado con dificultades debido a la falta de experiencia de los trabajadores y a la represión de parte de las empresas.

-¿La llegada al gobierno de la izquierda cambió la situación?

-A mediados de 2004 –cuando ya se preveía que la izquierda podía ganar las elecciones que se celebrarían el 31 de octubre– el nivel de organización sindical aumentó considerablemente y surgieron reclamos de parte de los trabajadores. Algunos entraron en conflicto y cuando asumió el gobierno la coalición de izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio, en marzo de 2005, se lograron acuerdos de importancia, como se dio en los departamentos de Salto y Paysandú.

En este marco se produjeron dos fenómenos clave: a fines de 2004 la creación de una instancia de coordinación nacional de los trabajadores rurales, con el surgimiento de la Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales y Afines de Uruguay (UNATRA), y el 30 de abril último la realización de su primer congreso, que permitió consolidar la organización y templar a los sindicatos en conflicto. Esto indica que ahora no sólo hay condiciones objetivas para organizarse sino también subjetivas.

-¿Cuáles son las principales demandas de la UNATRA?

-Una de las más antiguas es la necesidad de inspecciones de trabajo. Hay que tener en cuenta que el trabajador pasa todo el día fuera de su casa, debido al viaje de ida y vuelta a las chacras. La remuneración que percibe no contempla estos gastos. En esta materia, la UNATRA exige eliminar el sistema de pago a destajo durante la cosecha y que todos los trabajadores rurales cuenten con un jornal básico que les permita cubrir sus necesidades básicas, dándole al pago a destajo el papel de un incentivo.

Por otra parte, en este país nunca habían funcionado los consejos tripartitos rurales (entre sindicatos, empresas y Estado), cosa que el actual gobierno de izquierda corrigió. Estos consejos son una antigua aspiración de los trabajadores rurales para obtener que sus derechos sean equiparados a los de los trabajadores de la industria. A su vez, las ganancias de las empresas no se reflejaron en mejoras para los trabajadores y esa injusticia histórica debe ser enmendada. Si se pagara el salario mínimo rural establecido por ley a fines de la década del 60, un trabajador rural debería cobrar 8.000 pesos mensuales (alrededor de 330 dólares), pero en la práctica un peón mantenido no cobra más de 2.000 pesos (83 dólares) y si no es mantenido 3.200 (133). El ingreso del trabajador de la naranja ronda los 3.000 pesos mensuales (unos 125 dólares), aunque ello es difícil de establecer en razón del sistema de destajo. Lo cierto es que una quincena se sitúa entre 1.500 y 2.00 pesos (entre 62 y 83 dólares).

El tema salarial es el centro de la discusión en los consejos de salarios, pero lo más importante es que se están consolidando las herramientas para futuras conquistas laborales. El fenómeno que se da en el ámbito urbano, de crecimiento y nacimiento de sindicatos, se da también a nivel rural, como en el caso de los trabajadores del arroz y también en el de los citrícolas.

-¿Cuáles son hoy los comportamientos distintivos de empresarios y trabajadores?

-En este nuevo contexto lo más importante es que los trabajadores van perdiendo el miedo a organizarse y las patronales no han reaccionado con una represión abierta, seguramente porque no perciben un clima de impunidad similar al de antes. Empresarios y trabajadores no tienen experiencia en negociaciones, y se aplica un modelo de relacionamiento basado en la conflictividad. Es decir, cuando los trabajadores se sienten con fuerza largan un conflicto y cuando el patrón se siente con fuerza no permite ningún tipo de organización sindical, con lo cual el único reracionamiento que se establece es durante los conflictos. Así es imposible construir relaciones laborales sanas. Por tanto, pasado esta primera etapa de ajuste, las patronales van a tener que aceptar a los sindicatos como una realidad. A su vez, los sindicatos deberán madurar, y además de las reivindicaciones puntuales e inmediatas deberán tomar posición sobre temas estratégicos, como la seguridad social y en el trabajo y la libertad sindical, e incluso la participación en la discusión sobre qué “país productivo”, se quiere donde debe estar presente la cuestión de la posesión de los medios de producción, ya que la reforma agraria es más necesaria que nunca.

-¿Y en lo que hace a la profesionalización de los trabajadores rurales?

-La formación del trabajador rural es clave. Por más que se lo siga llamando “peón” precisa un grado de especialización importante. El recolector de naranja, por ejemplo, debe saber cortar y trasladar la fruta de determinada manera para que no se dañe, seleccionar tamaño y color y descargar en el parking. Cualquier parte de este proceso que falle ocasiona pérdidas. En ese sentido lo más importante que tienen los empresarios son los trabajadores. Lo mismo para el manejo del ganado o el alambrador, oficios contra los cuales conspira el vaciamiento poblacional que está sufriendo la campaña. La ciudad no tiene autoridad moral para pedir a los trabajadores rurales que se queden en el campo a producir. El trabajador del campo está esperando que haya un boom de la construcción para irse hacia la ciudad, no quiere formarse para quedarse en el medio rural porque está harto de que lo exploten y revertir este proceso llevará mucho tiempo. Acá las empresas se jactan de que no tienen ninguna obligación de volver a tomar a sus trabajadores en la zafra siguiente, cuando el trabajo estable debería ser una norma. Los empresarios deberían decir: “si usted es un buen trabajador, no tema, no le va a faltar trabajo”. Sin embargo, la gente está cansada y no quiere formarse, porque los beneficios de su trabajo van a parar sólo a las empresas.

El consejo tripartito rural es una medida acertada, pero hay dificultades pues las grandes asociaciones de productores son las que más pesan. El gobierno deberá equilibrar estas influencias.

Carlos Caillabet

© Rel-UITA

11 de julio de 2005

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