Mientras los diversos actores sociales intentan encajar con un nuevo momento en El Salvador caracterizado por la conformación por parte gobierno del Consejo Económico y Social (CES), la empresa LIDO desentona con el momento histórico articulando ataques contra la libertad sindical, valiéndose de pobres argumentos disfrazados de argucias legales.

A pesar del cambio ocurrido en las condiciones políticas del país con la llegada de un nuevo gobierno, algunas empresas en El Salvador han desarrollado diferentes mecanismos (legales e ilegales) para coartar que los trabajadores y trabajadoras ejerzan su derecho a la libertad sindical.

Tal es el caso de Lido SA, una empresa que está violentando al Sindicato de Empresa Lido SA (SELSA) con el objetivo de retrasar el proceso de revisión de la cláusula de salario del Contrato Colectivo de Trabajo y de desarticular y destruir al sindicato. La empresa pretende quitar al SELSA del Contrato Colectivo y dejar a los trabajadores y trabajadoras sin dirigentes que velen por sus derechos dentro de la empresa.

Ganar mucho, pagar poco

Algunas de las prácticas antisindicales de la empresa han sido la negativa a negociar y revisar la cláusula de salario, demandas en los juzgados contra directivos sindicales que integran la Comisión Negociadora, contratación de nuevo personal por períodos cortos para que no se afilien al Sindicato, presión para que los trabajadores y trabajadoras acepten su pasivo laboral hasta un 25 por ciento con la condición de que renuncien.

Con la solicitud ante las autoridades administrativas del Ministerio de Trabajo, el SELSA inició desde la segunda semana de enero pasado el proceso de revisión del tabulador salarial pactado en la cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. La representación patronal de la Sociedad LIDO SA de CV, por su parte, se mostró intransigente al negarse a negociar el incremento salarial, argumentando dificultades creadas por la crisis económica global.

Además, la patronal ha venido impulsando y desarrollando políticas antisindicales con el único propósito de desarticular y destruir al Sindicato, y para ello recurre a maniobras de carácter legal.

Uno de los mas graves antecedentes en un contexto similar fue el despido en 2002, en plena negociación de la cláusula salarial, de más de 60 trabajadores afiliados al Sindicato, medida que mantuvo durante tres años y cinco meses sin permitirles el ingreso al centro de trabajo a los once miembros de la Junta Directiva General del SELSA, pagándoles sus salarios y prestaciones a través del Ministerio de Trabajo, acción que fue informada al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual emitió una recomendación favorable al Sindicato que permitió la reincorporación de toda la Junta Directiva General a sus puestos de trabajo a principio de 2005.

La criminalización del sindicalismo

En la misma línea de acción antisindical, en marzo de este año la representación patronal de la Sociedad LIDO SA de CV interpuso una demanda contra cuatro dirigentes sindicales ante el Juzgado 5º Laboral, en la que se está pidiendo la suspensión del Contrato Individual de Trabajo de los cuatro directivos sindicales, que son a su vez miembros de la Comisión Negociadora en la actual revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, maniobra que tiene como objeto por una parte la separación de los directivos de sus representados, como ya lo hizo con anterioridad, y a la vez presionar a la organización sindical a que desista del conflicto por una mejora salarial.

Las demandas promovidas por la empresa se sustentan en el pobre argumento de un supuesto “abuso” de los directivos de sus permisos sindicales. Estos permisos, aparte de ser usados por los directivos para actividades de representación de los trabajadores, son sin goce de sueldo, es decir, la empresa no los costea, sino que lo hace el sindicato con sus propios recursos.

A pesar de ello, la empresa ha promovido las querellas en contra los siguientes directivos del SELSA: Atilio Jaimes Pérez, secretario general, José Alfredo Osorio, secretario de Prensa y Propaganda y secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores  Salvadoreños del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles, Restaurantes, Agroindustrias (FESTSSABHRA), Julio Cesar Bonilla, secretario de Organización, Brigido Antonio Hurtado Gómez, secretario de Finanzas, así como contra Daniel Ernesto Hernández Castillo, secretario general del SITIPA, organización que representa al personal subcontratado de LIDO en la empresa FAMOLCA.

Dicha acción, a pesar de parecer revestida de legalidad, es a todas luces un ataque al derecho a la libertad sindical de los trabajadores de LIDO y al derecho de representación al cual acceden al delegar a sus directivos las labores sindicales.

Todas estas acciones no pretenden más que castigar a los trabajadores sindicalizados en SELSA para intimidarlos, pero también a los trabajadores y trabajadoras subcontratadas para que no luchen por mejores condiciones laborales.

Mientras la empresa argumenta problemas en las ventas por la crisis económica mundial, al mismo tiempo está construyendo y equipando un nuevo centro de distribución en la carretera que lleva de Santo Tomás al Aeropuerto de Comalapa. Y también implementa aumentos salariales diferenciados y discrecionales, en una clara maniobra para romper la unidad de negociación de los trabajadores.

Los aumentos promovidos unilateralmente por la empresa, por fuera del Contrato Colectivo, han beneficiado sólo a una parte de los trabajadores que laboran para FAMOLCA, la principal empresa proveedora de trabajadores tercerizados de LIDO. Los incrementos han oscilado entre seis y 14 dólares al mes. Asimismo, para los supervisores y personal de confianza de las empresas de FAMOLCA y LIDO, los aumentos han oscilado entre 20 y 30 dólares al mes.

Pese a que la etapa de conciliación finalizó desde mediados de agosto y que el Sindicato ha propuesto un proceso de arbitraje, la empresa sigue dando largas al asunto y hasta ahora no ha respondido al Ministerio de Trabajo sobre la propuesta del Sindicato, la cual se enmarca en los procedimientos que establece la ley.

La nueva institucionalidad

Por su parte, Atilio Jaimes Pérez, secretario general de SELSA y uno de los demandados por la empresa, asegura que llevarán el caso ante el Consejo Económico y Social, (CES), entidad que ha creado el presidente de la República, Mauricio Funes, y de esta manera hacer uso del espacio que SELSA y FESTSSABHRA poseen en dicha instancia cuyo objetivo es, en teoría, promover el diálogo social entre empresarios, gobierno, sindicatos y organizaciones populares.

Las acciones de protesta y de acción directa no se descartan, manifestó Atilio, y señaló que son muchas las organizaciones sindicales nacionales e internacionales, sociales, populares y comunidades, que están informadas de la problemática en LIDO y dispuestas a actuar en el momento en que les sea requerido ante la intransigencia de la patronal, pero principalmente en reacción a los ataques contra la libertad sindical de los trabajadores de LIDO.

Asimismo, es importante recordar, que uno de los principales mercados de destino de los productos LIDO es, precisamente, el mercado de las comunidades salvadoreñas en Estados Unidos, por lo que los sindicalistas no descartan, una campaña para concienciar a los consumidores salvadoreños residentes en ese país, sobre las condiciones de trabajo que imperan en la empresa.