Argentina

Tragedia motiva acción contra esclavitud

Las denuncias se acumulan en el gobierno de la capital argentina y en la justicia. Pero sólo tras la muerte de seis personas las autoridades anunciaron medidas contra una red de talleres textiles clandestinos que esclavizan a inmigrantes indocumentados.

Un incendio desatado el pasado jueves en uno de esos talleres, ubicado en una zona residencial del centro geográfico de Buenos Aires, mató a dos mujeres, a dos niños de tres años, a otro de 10 y a un adolescente de 15 años, todos ellos de nacionalidad boliviana.

La existencia de una extensa red de talleres de producción textil y de calzado que operan de modo clandestino con mano de obra en situación de esclavitud sale a la luz periódicamente en Argentina. En 2005, bolivianos que lograron escapar de una fábrica, donde trabajaban 18 horas por día, denunciaron la situación ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

La asociación que reúne a los trabajadores costureros asegura que son cerca de 400 los talleres de estas características.

Inspectores y policías son sobornados para que les permitan operar en esas condiciones, aseguró Gustavo Vera, presidente de la Cooperativa La Alameda que funciona en el Bajo Flores, un barrio populoso en el oeste de Buenos Aires y donde 60 por ciento de los vecinos más pobres son bolivianos.

Vera añadió que, cuando los trabajadores escapan y van a la sede policial a hacer la denuncia, allí los rechazan por carecer de los documentos requeridos para residir en el país.

El grupo que logró hacer la denuncia dio elementos como para que la Defensoría realizara luego un informe en el cual se detalla la existencia de al menos 120 talleres de este tipo en la capital, con unas 120.000 personas sometidas a esclavitud.

La mayoría de estos trabajadores y trabajadoras proceden de Bolivia, aunque también hay argentinos, paraguayos y peruanos, dijo a IPS la defensora Alicia Pierini, a cargo de la investigación.

El cónsul boliviano en Buenos Aires, Álvaro González Quint, comentó el jueves que en la mañana de la tragedia había estado reunido con el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, para acelerar medidas que permitan desbaratar esta red que mantiene prácticamente secuestrados a sus connacionales.

"¿Cómo es posible que en una zona residencial haya un taller habilitado que opera en estas condiciones?", se preguntó desolado el diplomático junto al edificio siniestrado del barrio de Caballito, cuyo techo se desplomó en el incendio dejando atrapadas a las víctimas en medio del fuego.

Pierini sostuvo que la Defensoría avanzó para mostrar la existencia de un sistema de economía ilegal que esclaviza a sectores vulnerables, en este caso extranjeros captados con engaños en sus países de origen y transportados solos o con sus familias con la promesa de recibir vivienda, alimentación y empleo en Buenos Aires.

La funcionaria admitió que "falta voluntad política" para erradicar este flagelo, que se extiende por distintos barrios de la ciudad y por localidades metropolitanas ya en jurisdicción de la vecina provincia de Buenos Aires. Los empleados esclavizados trabajan entre 12 y 18 horas diarias, viven en el mismo lugar que producen y tienen prácticamente prohibida la salida.

La paga es ínfima y suelen acumularse deudas en su favor que nunca se pagan, según contó a IPS José Orellana, uno de los bolivianos que logró escapar de ese sistema con su esposa y sus tres niños para realizar la denuncia que patrocinó la Defensoría. En la misma causa hay testimonios que revelan la sujeción a servidumbre de los operarios y operarias.

Esos extranjeros permanecían hacinados, debían compartir un baño entre 20 personas y no tenían más que un día franco en el que el patrón los obligaba a permanecer en el taller, donde se realizaban fiestas en las que abundaba el alcohol. Las instalaciones eléctricas eran precarias. "Había cables por todos lados", contó Orellana.

En octubre de 2005, la denuncia recayó en un juzgado federal que detuvo al empleador de Orellana, también de nacionalidad boliviana. Pero luego de 15 días, lo dejó en libertad por "falta de mérito". Finalmente, ese magistrado se declaró incompetente y la causa sigue esperando un colega que se ocupe.

No obstante esta evidente desidia, el gobierno de la ciudad pareció sorprendido y hasta indignado por la tragedia del jueves, a la que responsabilizó a redes mafiosas de trabajo esclavo y exhortó a los vecinos a denunciar estos talleres.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, admitió que la fábrica, dirigida por dos argentinos, estaba habilitada por la comuna desde 2001 como taller de bordado. Pero aseguró que allí "había prácticas siniestras de sujeción a esclavitud" y puso en marcha una línea de teléfono gratuito para que los vecinos "hagan denuncias".

Telerman asumió el 13 de marzo en reemplazo Aníbal Ibarra, quien fue sometido a juicio político y destituido por el cargo de mal desempeño de funciones, a raíz del incendio que a fines de 2004 destruyó la discoteca República Cromañón y mató a 194 asistentes a un recital de Rock.

La Legislatura (parlamento de la ciudad) consideró probado que en esa tragedia hubo responsabilidad gubernamental en el área de control. La justicia también investiga a los encargados del lugar, y a agentes de la policía que permitían que el local opere en condiciones inseguras.

La reacción del flamante ministro de la Producción de la Ciudad, Enrique Rodríguez, no se hizo esperar: desplazó al director general de Protección del Trabajo, Florencio Varela, quien había asumido el cargo hacia sólo dos días, y ordenó intervenir el área para indagar si son ciertas las denuncias de sobornos.

Rodríguez señaló que este distrito "existe la llamada 'cama caliente', donde los niños viven con sus madres en el mismo lugar donde trabajan". "Esto ya no es trabajo en negro (ilegal, sin aportes a la seguridad social) sino trabajo esclavo", definió.

Luego admitió "fallas en los controles" y prometió que este mismo viernes comenzaría a entrevistar a los representantes de la comunidad para "una acción de rastreo". En verdad, esos datos ya constan en la defensoría, y en la justicia.

Vecinos y empleados del taller que sobrevivieron al incendio aseguraron que la policía visitaba frecuentemente el depósito y exigía sobornos para abstenerse de denunciar la condición de indocumentados de los extranjeros. Algunos señalaron también a los inspectores laborales como receptores de dádivas.

Vera dijo a la emisora de radio local Mitre que esta modalidad de empleo esclavo sucede por lo menos desde 2003. Captan trabajadores con avisos publicados en diarios de Bolivia y los hacen firmar contratos leoninos a favor de los empresarios. También existen firmas transportistas sobornadas para que los hagan ingresar a Argentina como en calidad de turistas.

Una vez en estos talleres argentinos, los inmigrantes indocumentados trabajan para empresas mayoristas textiles así como para conocidas marcas de ropa. Algunas de esas prendas tienen un valor de mercado de unos 200 dólares, pero a quienes la confeccionan les pagan sólo el equivalente de unos 50 centavos de dólar, apuntó.

También aseguró Vera que en la fábrica incendiada el jueves trabajaban 25 bolivianos con sus familias, que hacían pantalones vaqueros a 80 centavos argentinos (casi 30 centavos de dólar) por prenda.

El activista recordó que la cooperativa que preside entregó a la Defensoría prácticamente una radiografía de todos los talleres que hay, dónde están, con cuántas máquinas operan, qué planes de fuga tienen por si los allanan, y otros detalles. Así que "el gobierno lo sabe", añadió, para luego sostener que "los únicos que hacen algo son los (funcionarios) de la Defensoría".

Ante la denuncia de sobornos, el ministro del Interior de Argentina, Aníbal Fernández, ordenó de inmediato a la jefatura de la Policía Federal que presente una denuncia penal contra la comisaría encargada de visitar el local para deslindar responsabilidades.

Otros vecinos se quejaron de tener que ser ellos quienes denuncien lo que resulta evidente. "Hay otros dos talleres en esta misma cuadra y otro a la vuelta", comentó una vecina ante las cámaras de televisión que transmitían los sucesos en torno a la tragedia.

Marcela Valente

IPS

3 de abril de 2006

Volver a Portada