La realidad que se vive en la empresa de maquila Chapri-Mil Colores SA es solamente uno de los tantos ejemplos de violación a los derechos humanos, laborales y sindicales que viven los trabajadores y trabajadoras de las empresas que operan en Nicaragua en régimen de Zona Franca. Carrión es coordinador del Programa Defensa y Denuncia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), y dialogó con Sirel sobre la realidad de esta empresa paradigmática del sector.

 

 

En el caso específico, su dueño, el estadounidense Gregg Miller, ha dejado que la empresa quebrara violando las más elementales normas de derecho que existen en el país, y ha contribuido a que tres mujeres abortaran por no poder tener acceso a la atención sanitaria. Otras dos trabajadoras denunciaron que están a punto de dar a luz, pero que no se les reconoce el derecho a la atención en las clínicas provisionales porque desde hace meses la empresa no vierte al Seguro Social (INSS) las retenciones que descuenta de sus salarios.

 

Un caso más de violación a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, donde el mismo Estado resulta ser cómplice.

 

En una breve entrevista a El Nuevo Diario, María Auxiliadora Mercado, de 29 años, una de las mujeres perjudicadas, relató su caso.

El pasado 10 de octubre, estando en el trabajo, ella sufrió un fuerte sangrado. Por intermedio del sindicato, pidió que la llevaran a una clínica, pero la jefa del personal dijo que no tenía dinero para enfrentar los gastos.

 

“Me llevaron al hospital público y me dijeron que necesitaba hacerme un ultrasonido de urgencia, pero la jefa del personal volvió a negar el dinero. Cuando logré conseguirlo ya no había nada que hacer, había perdido el embarazo. Anteriormente le había pedido a la jefa del personal que me diera algunos días de vacaciones para poder descansar como me había recomendado el médico, pero ella dijo que no podía porque había muchas obreras en esas condiciones… Ahora perdí mi embarazo”.

 

El Programa Defensa y Denuncia del Cenidh ha estado dando seguimiento a la demanda interpuesta por las mujeres afectadas.

 

-¿Qué está pasando en esta empresa maquiladora?

-La situación de esta maquila en particular raya lo inaudito, lo reprochable y lo inaceptable. Existe una situación general en donde a estas empresas de maquila no les es suficiente tener privilegios y fuertes ganancias, sino que abusan de una buena parte de los derechos laborales, humanos y ambientales de los trabajadores y trabajadoras.

Hay serios problemas en la mayoría de las empresas maquiladoras, pero hay también casos, como éste, en los cuales el abuso a los derechos humanos resulta mucho más pronunciado. Estamos hablando de abusos a diferentes derechos básicos como, por ejemplo, el pago del salario, de las horas extras, de las diferentes prestaciones, de la antigüedad, te despiden y no te dan tu liquidación, no pagan a tiempo…

 

-Hay también abusos relacionados con la atención médica…

-Esta empresa ya está colapsada. El propietario es un irresponsable y es un inversionista a quien el Estado no ha sabido parar. Ya lo había hecho anteriormente cuando la empresa se llamaba “Mil Colores S.A”. Cerró todo, trasladó a la gente y volvió a producir con el nuevo nombre de “Chapri”.

Se detectaron reiterados abusos a los derechos humanos y laborales de los trabajadores y el Estado nunca intervino. Ahora resulta que le debe millones de córdobas al INSS, porque retiene el aporte de los trabajadores pero nunca lo entrega a la institución. Las principales afectadas por esta actitud son las mujeres, y sobre todo las embarazadas que al no recibir la constante atención médica que requieren se encuentran en una situación muy difícil y corren el riesgo de perder sus hijos.

Todo embarazo tiene sus riesgos, y si no está siendo vigilado y atendido constantemente, el riesgo es mayor. Al no pagar al INSS, la empresa buscó otra forma para atender a las trabajadoras. La Asociación IXCHEN les brindó algún tipo de ayuda y contrataron a un doctor que llegaba semanalmente a dar consulta en la empresa, pero dejó de concurrir porque a él tampoco le pagaban.

Al final, al no tener la atención especializada que necesitaban, varias mujeres abortaron.

 

-¿Cuántas son las mujeres que interpusieron la denuncia en el Cenidh?

-Fueron tres las denuncias de mujeres que habían abortado y otras denuncias de mujeres embarazadas que tenían miedo de que les pasara lo mismo. Actualmente estas mujeres están por dar a luz y están muy preocupadas por lo que les podría pasar antes y después del parto, porque no tienen atención médica. Los trabajadores y trabajadoras tienen serios problemas para que se les respeten sus derechos adquiridos, y la situación se vuelve más grave cuando se trata de embarazos. Hay un caso de una muchacha que tenía varias semanas de embarazo y que había advertido de que corría el riesgo de sufrir un aborto. La empresa no tomó ninguna medida, no le hicieron caso, hasta que abortó.

 

-¿La empresa es la única responsable de lo que ha pasado?

-Hay un conjunto de factores y de responsabilidades compartidas entre una empresa irresponsable y un Estado complaciente y cómplice.

Aquí, para no ahuyentar la inversión, se permite que estos personajes hagan lo que les da la gana. Cualquier inversionista, por mucho privilegio que tenga, al entrar en nuestro país tiene que someterse a nuestro ordenamiento jurídico, pero en el caso de las maquilas estos empresarios se demuestran irrespetuosos de nuestras leyes y las violan constantemente.

 

-¿De qué manera el Cenidh está respaldando a estas trabajadoras?

-Ellas pidieron apoyo al Cenidh para que las acompañemos en la acción legal en contra de la empresa y del Estado. Ellas son las que van a decidir qué tipo de acción emprender, y como organismo de defensa de los derechos humanos las vamos a acompañar en eso.

No se trata sólo de la empresa, porque el Estado es cómplice en cuanto tiene la responsabilidad de velar por el respeto a los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras, y lo que ha ocurrido es una abierta violación a estos derechos.

El Estado es el promotor de que los inversionistas lleguen con todas las facilidades del mundo y permite también que se cometan estas barbaridades con las trabajadoras.

Hay una total incoherencia en el comportamiento del Estado.

En la práctica son las trabajadoras las que están pagando las consecuencias de lo que hizo el dueño, mientras que tendrían que recibir su atención médica y el INSS interponer una demanda en contra del empresario.

 

-¿Y cómo está la situación en la empresa “Chapri-Mil Colores S.A.”?

-Está empeorando. Hay unos acreedores de la empresa que la quieren embargar porque el propietario nunca entregó la producción que ellos ya habían pagado o porque nunca les pagó la materia prima entregada. Los trabajadores, por el momento, han logrado impedir el embargo. Se tomaron la empresa y no quieren salir por temor a quedar totalmente en el aire. La empresa no está dando la cara y el personal administrativo ya casi no concurre. La jueza le dio al dueño 15 días para solucionar la situación y para inyectar dinero, pero faltan pocos días para la fecha tope y no se ha visto nada.

 

-Pero, ¿el Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado? ¿No ha tomado alguna medida?

-No está haciendo nada. El Ministro del Trabajo dijo no tener poder coercitivo, sin embargo, cuando los trabajadores no dejaron entrar a la jueza y a la Policía que habían llegado para ejecutar el embargo, allí sí que el Estado estuvo presente y tuvo poder coercitivo.

Allí estaba el Estado. Es decir que el Estado no tiene poder para intervenir cuando se violan los derechos de los trabajadores, pero no pierde tiempo cuando hay que defender los intereses de los empresarios. Con un embargo los trabajadores quedarían totalmente desamparados, sin sus derechos adquiridos, años trabajados, liquidación, pago de prestaciones. Quedarían en completa indefensión.

 

-¿Los trabajadores y trabajadoras están organizados?

-Han estado activos para defender la empresa del embargo, por lo menos hasta que no se les garanticen todos sus derechos adquiridos.

En cualquier momento podrían llegar los cuerpos antimotines de la Policía para ejecutar el embargo y desalojar a los trabajadores.

Actualmente, la empresa que controla la distribución de la energía eléctrica, la transnacional española Unión Fenosa, ha cortado la luz porque el dueño de la empresa adeuda varios millones y se ha paralizado la producción.

En la empresa existen tres sindicatos. Nosotros les aconsejamos que se unieran para enfrentar a esta situación. En este contexto, hemos percibido que existe una cierta unidad de acción, porque el problema está perjudicando a todos y todas y están tratando de defender sus intereses.

 

-El gobierno sigue insistiendo en que la maquila es la solución a todos los problemas de falta de trabajo en el país. ¿Usted qué cree?

-Es una forma para “maquillar” el país. Atraer maquilas lo ponen como uno de los grandes logros de este gobierno que ahora está saliendo. Dicen que de esta manera se genera trabajo, que se crea  mercado. Estos son empleos precarios, con condiciones muy difíciles para los trabajadores y trabajadoras, con salarios muy por debajo de la media centroamericana.

La maquila no es la solución al desempleo. Es una solución para maquillar el rostro de Nicaragua y para bajar los índices de desempleo. Es cierto, son puestos de trabajo, pero son puestos tan precarios que lo único que dejan  son los atropellos y las migajas. Los empresarios extranjeros buscan la máxima ganancia y no contribuyen al desarrollo del país. Creen que por el hecho de traer empleo hay que agradecerles y soportar cualquier vejación, como si los derechos hubiese que suplicarlos y rogarlos.

La maquila ofrece solo precariedad, y no vamos a salir de la pobreza con la maquila.Si retomamos el lema “Empleo sí, pero con dignidad”, nos enfrentamos a una situación en la cual hay mucho empleo, pero SIN dignidad.

En todo eso, el Estado sigue siendo cómplice del silencio que envuelve a estas terribles y constantes violaciones.

En Managua, Giorgio Trucchi © Rel-UITA 17 de noviembre de 2006