Ciudad de Panamá, 24 - 26 de Agosto de 2010

Introducción

La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), organización sindical internacional conformada por más de 300 sindicatos de 135 países del mundo y una membresía activa de más de 13 millones de trabajadores, ha dado seguimiento de manera cercana a los recientes hechos de violación a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Derecho a Huelga acaecidos en la República de Panamá, que han dado origen a expresiones de inconformidad de movimientos sociales, organizaciones sindicales y población en general, tanto nacional como internacionalmente.

Esos hechos han tenido un saldo trágico como el fallecimiento de por lo menos 5 personas y centenas de heridos; 56 de ellos perdieron la visión en uno de sus ojos y dos de ellos quedaron completamente ciegos.

En estos hechos hubo más de 100 detenidos en Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, Ciudad de Colón y Panamá a principios del mes de julio.

No hay cifras oficiales de esta situación a pesar de las pruebas fehacientes, relatos, testimonios e imágenes de televisión y medios de comunicación impresos. 

La Misión está encabezada por Albert Yuson, Secretario General  de la ICM e integrada por Carlos Salguero, Representante Regional de la ICM; Fiona Murie Directora Global de Salud Laboral de la ICM; Gerardo Martínez, Vicepresidente de la ICM; Oscar Valverde, Observador de la OIT; Fernando Serrano de FECOMA de Comisiones Obreras de España; Jean Voets, Secretario de Asuntos Internacionales de ACV BIE de Bélgica; Genaro López, Secretario General del SUNTRACS de Panamá; Pablo Arosemena de la CTRP de Panamá; Gerardo Iglesias, Secretario Regional y Bernabel Matos de la UITA. También, Raúl Requena, Secretario Regional de la UNI y Alberto Barrow, Director Regional de esta organización internacional.

La Misión se ha trazado los objetivos de verificar en el terreno, junto a las organizaciones sindicales panameñas, la situación sindical posterior a las movilizaciones del mes de julio, expresando solidaridad de manera directa al movimiento sindical, dando a conocer a las autoridades laborales, judiciales, gubernamentales y empresariales la preocupación del movimiento sindical internacional por la situación sindical en Panamá.

La Misión también ha brindado apoyo al trabajo de organización de los sindicatos en las obras de ampliación del Canal de Panamá, particularmente al interior del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC). 

Después de una apretada agenda de tres días, la Misión ha logrado una visita de observación a las obras de ampliación del Canal en la parte del Atlántico y sostener reuniones con las empresas que integran el consorcio Grupo Unidos por el Canal (Impregilio, Jean de Nul, CUSA y Sacyr). Además, reuniones con el Secretario General de la Defensoría del Pueblo, con el Presidente de la Asamblea Nacional, con el Sub Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, con el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con del movimiento social panameño. La entrevista confirmada por el Despacho de la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, pautada para las 10:00 am del jueves 26 de agosto, no se llevó a cabo por la ausencia de la titular del despacho sin justificación previa, la Misión en pleno calificó esta situación como un desaire que no se corresponde con las prácticas diplomáticas y serias.

Luego la Misión se reunió con representantes de las organizaciones sindicales panameñas CONUSI, CTRP,  Convergencia Sindical, organismos representativos de la sociedad civil y sindicatos fraternos.

En Changuinola la Misión se entrevistó con SITRAIBANA que agrupa a trabajadores del banano, en su gran mayoría vinculados de la transnacional Chiquita Brands.

La Misión también ha intercambiado opiniones con diversos actores sociales sobre la entrada en vigencia de las leyes 14 y 30 y otras disposiciones legales que han dado origen a las expresiones de inconformidad por parte de la población, por lo que ha llegado a varias conclusiones, entre ellas:

Conclusiones

1.    Ha planteado a las empresas que integran el consorcio Unidos por el Canal, la solución inmediata de las demandas de los trabajadores en las obras de ampliación del Canal, entre ellas: acceso a representantes sindicales acreditados a las obras; reconocimiento de la libertad de asociación; derecho a organizar a los trabajadores; negociación colectiva y facilitación del pago de cuotas sindicales por la vía del descuento directo, así como el reintegro inmediato de los 44 trabajadores despedidos por su labor sindical en las obras de ampliación;

2.     Ha alertado sobre el clima y actos de hostilidad de las autoridades laborales, policiales y empresariales para con los trabajadores y sus representantes tanto en las agresiones de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, Ciudad de Panamá y Colón, y por las detenciones arbitrarias y procesamiento penal ilegal de sus dirigentes, solicitando el cese definitivo de estas acciones, todo en abierta contradicción con la resolución de la OIT sobre los Derechos Sindicales y su relación con las libertades civiles;

3.     Después de analizar la Ley 14 y Ley 30 de reciente aprobación, la Misión ha trasmitido a las autoridades y organismos respectivos, la forma y fondo antisindical y social de estas leyes y ha prevenido sobre el candente ambiente que puede generar confrontación y desasosiego a la población y sus trabajadores, instándoles a la derogación total de tales disposiciones. Los hechos señalados en los puntos anteriores y el impacto de las leyes mencionadas, representan una clara violación  de los convenios 87 sobre Libertad Sindical y 98 sobre el Derecho a la Negociación Colectiva de la OIT;

4.     Además, ha señalado la preocupación del movimiento sindical y de la comunidad internacional sobre el funcionamiento reciente de las instituciones democráticas de Panamá, evidenciando que no se corresponde con los valores y principios democráticos establecidos en su constitución;

5.     Asimismo, se ha señalado el vínculo directo de la asistencia técnica y financiera de instituciones internacionales, en el otorgamiento de créditos que exigen de los países beneficiarios, el establecimiento de relaciones laborales sanas y transparentes, lo que no está sucediendo en Panamá, especialmente en las obras de ampliación del Canal;

6.     También, ha alertado sobre el daño que estos hechos hacen a la imagen internacional del país, lo que no contribuye a mejorar las condiciones para buenas relaciones comerciales de Panamá con otros países y bloques económicos, parte importante del programa de gobierno;

7.     A pesar de existir una Mesa de Diálogo entre gobierno y sindicatos, organismos representativos de la sociedad civil y movimiento social, éste mecanismo no ha sido suficiente para allanar el camino y lograr una solución real, en la práctica ha sido una dilación y no un diálogo real pues los hechos que originan la situación de conflictividad persisten;

8.     La Misión, respalda las quejas que CONATO, CONUSI y SUNTRACS han presentado en la OIT, avalada además por la ICM y espera de ellas una pronta resolución con arreglo a justicia. Nos aseguraremos que el caso sea tratado en noviembre con nuestros representantes y enlaces en todos los niveles allí, para esto procederemos en la sede de Ginebra. Además nos aseguraremos de que nuestros afiliados afectados en Panamá estén representados en la Reunión del Consejo de Administración y en el seno del Comité de Libertad Sindical; y 

9.     La Misión constituye una comisión que dará seguimiento y monitoreará de forma cercana  los acontecimientos y el devenir de la situación en Panamá, brindando el apoyo y acompañamiento que nuestros compañeros y compañeras panameños requieren en tan difíciles momentos, y tratará de viabilizar una campaña sindical internacional de solidaridad.