Colombia

El pasado 10 de diciembre se constituyó la Asociación Agroalimentaria y Pecuaria del Caquetá, aprobándose además solicitar la afiliación a la Unión Nacional Agroalimentaria de Colombia (UNAC) y a la UITA. Representando a 16 municipios, 147 participantes hicieron parte del congreso fundacional. Sobre esta actividad y los desafíos de la Unión en el citado departamento estigmatizado como zona roja, entrevistamos al presidente de la UNAC.

-¿Cómo se llega a la conformación de la Asociación Agroalimentaria y Pecuaria del Caquetá?

-Los antecedentes se remontan a hace más de un año, cuando un grupo de campesinos conoció la existencia de la UNAC por intermedio de la Asociación Agropecuaria del Huila y solicitó nuestro apoyo para lograr la legalización de las tierras que mantenía ocupadas desde hacía varios años sin que el gobierno hubiese dado alguna solución. Ahí iniciamos una labor de asesoría y de respaldo a esa gestión, con la satisfacción de que en estos momentos se está por definir la asignación definitiva de esas tierras a 160 familias. Ello generó un vínculo muy estrecho con los campesinos y un conocimiento adecuado sobre el quehacer de la UNAC y de la propia UITA.

-A ello hay que anexarle los aportes en agroecología y en organización impartidos recientemente por Sebastián Pinheiro.

-Sin lugar a dudas, la presencia de Sebastián fue muy relevante tanto en su disertación en la Universidad de la Amazonia, como en el trabajo a campo realizado en el municipio de Montañitas, junto a decenas de campesinos, donde quedó planteada como tarea la constitución de la Asociación.

-Quedó atado el compromiso de suscribir un convenio entre la UNAC, la UITA y la Universidad.

-Efectivamente, la sabiduría de Sebastián estimuló enormemente el interés de la Universidad por contar nuevamente con su presencia. Cabe destacar que la Universidad de la Amazonia cuenta con una Facultad de Agroecología.

Por otra parte se acordó con el colectivo de ingenieros agroecológicos egresados de la mencionada Universidad –que también decidió su incorporación a la UNAC- el diseño a partir de febrero de un plan de talleres sobre agroecología y reforestación selvática con la Asociación Agroalimentaria y Pecuaria del Caquetá.

-¿Cuál es la principal problemática que registran los campesinos en esa región?

-La inexistencia del Estado en el plano social, al tiempo que se observa una marcada presencia de los grupos de seguridad del Estado, llámese Ejército, Policía o el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Esto quiere decir que mientras hay una ausencia del Estado para la inversión social y para la necesaria implementación de la reforma agraria que requiere el Departamento del Caquetá -en manos de 3 o 4 terratenientes-, se delega la autoridad en las fuerzas militares bajo el sofisma de ser una zona roja influenciada por las FARC, y por lo tanto todos los campesinos son sospechosos. Esto ha generado un estigmatismo tal que impide el libre desarrollo de la organización comunal de los trabajadores y trabajadoras rurales para luchar por sus justas reivindicaciones. El Estado reacciona militarizando la región.

-¿Es una zona donde se fumigan las plantaciones ilegales en el marco del Plan Colombia?

-Esa zona, junto con las del Guaviare y Vaupés, son las más afectadas por las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos, y por lo mismo es el epicentro de la guerra

a partir del denominado Plan Patriota. Este plan contra insurrección, lo único que ha logrado de fondo es un mayor desplazamiento poblacional, estigmatizar aún más a los campesinos como colaboradores de la guerrilla y la adopción de severas restricciones para que los afectados por enfermedades endémicas propias de las zonas selváticas como la “leishmaniasis” –trasmitida por un mosquito- reciban tratamiento.

-¿Las medicinas no llegan?

-No se suministran. Esas medicinas solamente llegan a miembros del Ejército y de la Policía. El resto de la población, por pertenecer a una región roja donde cualquiera puede ser un guerrillero o un colaborador, no recibe tratamiento sin antes rendir un exhaustivo informe sobre cómo contrajo la enfermedad, dónde vive, con quiénes estuvo, qué actividades realiza. Es decir, toda una investigación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado para establecer que la persona afectada no forma parte de los movimientos insurgentes. Como se puede deducir, nos encontramos frente a una situación extremadamente grave donde hay dos alternativas: o se salva si se concluye que es una persona que no tiene lazos con la guerrilla, o de lo contrario se muere. 

Los retos que tiene la UITA y la UNAC allí son extremamente delicados, pero también de una gran responsabilidad ante el sector campesino, inveteradamente olvidado.

-¿Los campesinos solicitaron a la UNAC que intercediera ante esta situación?

-No. El tema preocupa, está instalado, pero ellos no expresan abiertamente que se les ayude con una denuncia o una campaña. Mas, sin embargo, pienso que habría que profundizar el análisis, inclusive por la misma vía de la Universidad para ver cómo se implementa una labor junto con otras organizaciones para difundir el tema. Pero para ello se requiere comprometer a todos los sectores que ahí se expresan: a los campesinos, a los indígenas, las asociaciones comunales, a la nueva organización que se constituyó, y así realizar un trabajo más eficaz de denuncia y sensibilización.

Gerardo Iglesias

© Rel-UITA

17 de diciembre de 2004