Los 178
países que forman parte de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) aprobaron hoy un Convenio Internacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo por el que se establece que
los Estados deberán desarrollar una política nacional
integrada en la materia.
Con 455
votos a favor, 2 en contra (ambos del Gobierno suizo, que
apostaba por crear una guía de recomendaciones) y 5
abstenciones, aprobaron hoy ese convenio los representantes
de gobiernos, patronales y sindicatos que acudieron a la 95
reunión anual de la OIT, celebrada durante los dos últimas
semanas en Ginebra.
La
principal novedad del texto aprobado es que,
una vez que sea
ratificado por un país, éste estará obligado a diseñar y
crear un sistema nacional de seguridad y salud en el
trabajo, del que carecen la mayoría de países en desarrollo
y que puede ayudar enormemente a la reducción de la
morbilidad y siniestralidad laboral.
Ese plan
nacional deberá incluir el establecimiento de una autoridad
responsable de su cumplimiento y de mecanismos de control
(como los servicios de inspección laboral), así como el
fomento del diálogo social, los servicios de asesoramiento y
la formación de los trabajadores.
Además, se
exige que ese plan sea revisado periódicamente por una
autoridad competente única, algo que tampoco cumplen todos
los países que sí disponen de algún programa al respecto.
Aunque ha
recibido críticas por ser excesivamente general, el
responsable de la Misión de España ante la ONU para asuntos
laborales, Francisco Arnau, aseguró a EFE que el objetivo
del nuevo convenio es establecer las líneas políticas en
materia de seguridad en el trabajo, más que entrar en
detalles.
Arnau
valoró el hecho de que ese texto se haya aprobado con un
apoyo tan amplio y de forma tripartita, ya que de cada país
acuden dos representantes gubernamentales, uno patronal y
otro sindical.
Otra
novedad es que únicamente se exige que dos países lo
ratifiquen para que se convierta en un texto formal de la
OIT, un requerimiento muy laxo que, en opinión del
responsable español, da muestra del interés por todas las
partes en sacarlo adelante.
Junto al
convenio, los asistentes a la reunión anual más importante
del mundo en el ámbito laboral también aprobaron hoy la
Recomendación sobre la Relación de Trabajo, aunque en este
caso el apoyo fue más sesgado: 329 votos a favor, 94 en
contra y 40 abstenciones.
Esa
recomendación busca solucionar el problema que surge a la
hora de definir qué es una relación de trabajo y, por tanto,
cuándo el empleador tiene la obligación de pagar un sueldo,
conceder unas vacaciones o pagar la cotización a la
seguridad social por su empleado.
En muchas
ocasiones, existen relaciones de trabajo encubiertas por las
que los implicados no quieren reconocer que existe ese
vínculo para evitar sus obligaciones.
El consenso
al respecto es muy complicado porque el concepto de relación
laboral y de obligaciones derivadas de ello varía mucho en
función de cada Estado, lo que en ocasiones lleva a que no
se respeten los derechos que una persona tiene en su país
cuando sale a trabajar a otro.
Ante esa
dificultad, la recomendación aprobada hoy establece que 'el
alcance de la protección de los trabajadores debería ser
definido por la legislación o la práctica nacional de cada
país, teniendo en cuenta las normas internacionales
pertinentes'.
Arnau
explicó a EFE que esa decisión insta a los países a 'poner
por escrito qué consideran una relación laboral', lo que
aumenta la seguridad jurídica, facilita las inversiones
extranjeras, crea empleo, combate la competencia desleal y
protege tanto a trabajadores como empresarios'.
comfia.info
EFE
16 de
junio de 2006
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