Bajo amenazas de desalojo por la fuerza y amenazas de muerte a autoridades del Ministerio, continúa el conflicto en la empresa Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa, que se niega a reconocer al Sindicato y por consiguiente a iniciar la negociación del Pliego Petitorio. Sirel dialogó con Hernán Correa, presidente interino de SINTRAINAGRO, quien comentó acerca de la nueva instancia que transita el conflicto.

-¿Cómo sigue la situación del conflicto en la Finca Palo Alto?

-La situación está muy delicada porque además de este episodio de amenaza, la empresa Palo Alto se niega a reconocer al Sindicato y por consiguiente se niega a negociar.

Por otra parte, el escenario se complica aún más porque el alcalde de Pueblo Viejo en el Magdalena, autorizó el desalojo por la fuerza de los trabajadores que permanecen ocupando la finca. Esto fue provisoriamente aplazado, pero la situación es muy tensa ya que en cualquier momento puede concretarse y tememos que se de una masacre, ya que los trabajadores permanecen firmes en su convicción por defender sus derechos y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en pro de sus justos reclamos.

Recientemente, en una reunión realizada en Santa Marta, Luz Stella Viera, jefa de la unidad de Registro y Control del Ministerio de la Protección Social, nos informó que estaba recibiendo amenazas directas contra su persona, quienes la amenazaron dijeron que si se dirigía a Ciénaga sería el paseo de la muerte…

-Tierra de nadie…

-Sí, el Estado no entra. Toda esta situación recuerda a la década del 20 o del 30, donde los empresarios trataban a los trabajadores como esclavos.

La zona del Magdalena está liderada por cinco o seis familias que son las que detentan el poder, y contra ellas no hay quien pueda. Retan al Estado y a quien sea, no respetan la Constitución ni la ley.

Generalmente las mismas autoridades están en connivencia con estos empresarios y es por esto que SINTRAINAGRO responsabiliza al gobierno y al Ministerio de la Protección Social si el desenlace de este conflicto se transforma en una masacre. Sobre todo al Ministerio que le ha faltado autoridad para defender a los trabajadores.

-Además de las denuncias públicas, ¿qué otras acciones están tomando?

-En este momento estamos organizando junto a la CUT* seccional Magdalena, una movilización de todos los sindicatos afiliados a la Central, en la ciudad de Santa Marta, con el fin de denunciar ante la opinión pública el accionar de esta compañía.

También llevaremos el tema a la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y todo aquel organismo que según la Constitución esté para la defensa de los derechos ciudadanos.

A través de la UITA estamos dando luz internacional al conflicto, el papel de nuestra Internacional es fundamental para presionar al Gobierno, al Ministerio del Interior y de la Protección Social a que utilicen todas las herramientas a su alcance para dar fin a esta situación.

Hago propicia la ocasión para hacer un llamado a la solidaridad con estos trabajadores, para que puedan llevar su lucha adelante e insistir que el gobierno de Colombia le de a este conflicto un carácter laboral y no, como lo vienen tratando los empresarios, como un problema de orden público.