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El 8 de julio de 2010, el pueblo de Changuinola fue
salvajemente reprimido por el gobierno de Ricardo
Martinelli, mientras manifestaba pacíficamente su
disconformidad con la Ley 30. Esa ley -popularmente
bautizada como ley chorizo - que, entre otras cosas,
pretendía lacerar la actividad sindical.
El Comité Ejecutivo Mundial de la UITA que sesionó en
Ginebra, Suiza, el 29 y 30 de marzo, aprobó una
resolución sobre la situación en Changuinola, provincia de
Bocas del Toro.
La misma contempla presionar en todos los ámbitos
internacionales competentes para que el gobierno de
Panamá atienda los justos reclamos de los trabajadores
afectados.
Sirel
conversó con Genaro Benett, secretario general del
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y
Afines (SITRAIBANA), quien comentó que “la resolución
del Ejecutivo de la UITA llegó para reforzar y animar
nuestra lucha.
Es muy importante para los compañeros que fueron afectados,
que la comunidad internacional presione para que el gobierno
cumpla con los compromisos que asumió luego de la violenta
represión, que el mismo propició”
Consultado acerca del impacto que causó la noticia en los
trabajadores, de que su caso haya sido presentado ante la
OIT y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, el dirigente manifestó que
“los trabajadores bananeros de Changuinola, en especial los
afectados por la represión del 8 de julio de 2010, tomaron
con mucha esperanza que su caso haya sido llevado por la
Secretaría Regional a esas instancias.
Los compañeros creen que esta resolución y las acciones que
de ella deriven, hará que el gobierno cambie su postura,
además de servir como precedente a la demanda internacional
que presentarán contra el estado de Panamá en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,” concluyó.
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