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El
secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores
de la Fabricación y Comercialización de Refrescos, Bebidas
Gaseosas, Cervezas, Licores y Similares, realizó para Sirel
una puesta a punto sobre la evolución del conflicto social
que sacude al país a partir de la aprobación de las
modificaciones a la Ley 30 y la masacre de Bocas del Toro.
-¿Cuál
es la información sobre el saldo de la represión en Bocas
del Toro?
-Según versiones extraoficiales el gobierno está ocultando la
verdadera cifra de muertos por la represión en Bocas del
Toro ya que está admitiendo sólo cuatro fallecidos, cuando
según las versiones no oficiales serían nueve confirmados:
dos adultos y seis niños, a los que habría que agregar un
agente policial; pero podrían ser aún más.
También se habría confirmado que tres personas quedaron
ciegas por el impacto de los perdigones de plomo disparados
a corta distancia, y decenas tendrían daños en alguno de sus
ojos.
Uno de los más de 150 heridos tiene graves lesiones en sus
riñones y en el hígado, y otro en los pulmones, todo por
causa de los disparos con perdigones y también con balas de
plomo.
-¿Cómo
está reaccionando ante esto la sociedad panameña?
-Son muchos los sectores y organizaciones que están
condenando esta represión salvaje, pero que también están
reconociendo que el gobierno no está creando condiciones
para el diálogo ya que sólo se está rodeando de aquellas
entidades que le son adictas. Incluso de la iglesia
católica, que a nuestro juicio debería ser mediadora y no
tomar parte en el conflicto.
Por otra parte, el gobierno pretende arrogarse el derecho de
elegir de manera autónoma quién oficiaría de mediador en un
posible diálogo, lo que resulta inaceptable.
-¿Qué
posición están asumiendo entonces las fuerzas sociales?
-La de mantenernos en la demanda de la derogación de la Ley
30. Estamos preparando nuevas acciones para la próxima
semana.
-¿Qué
tipo de acciones?
-Una ya definida es un piquete ante la Corte Suprema de
Justicia
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Cuando los
dirigentes llamamos a una huelga o a una
manifestación pacífica, según el gobierno
estamos incurriendo en “apología del delito”.
Están criminalizando la lucha social montando un
Estado policíaco, con un régimen de terrorismo y
con una justicia dependiente del gobierno |
Pero la crisis se está profundizando aceleradamente,
Inclusive los medios de comunicación están responsabilizando
al gobierno por su intransigencia y actitud represiva, lo
que ha provocado que desde el entorno del presidente
Ricardo Martinelli se acuse a esos medios de estar
incitando a la rebelión y a la insurrección.
La verdad es que la represión ha sido tan brutal que la
población parecería haberse convencido de la necesidad de
derogar esta ley que, además de atacar a los sindicatos, le
otorga poderes especiales a la Policía.
-¿Cuáles
son esos poderes especiales?
-Es que se autoriza a la Policía a disparar por cualquier
razón, a asesinar sin tener que dar explicaciones ante la
justicia ni temer a ser destituidos, como si estuviésemos en
una guerra.
Lo que ocurrió en Bocas de Toro fue el estreno de esas
potestades otorgadas a la Policía por la Ley 30. Ahora el
gobierno empieza a justificarse sugiriendo que la situación
escapó de su control, pero está claro que la orden de
reprimir con fuerza total provino del propio gobierno.
Esto ha sido una verdadera masacre, sin precedentes en las
últimas décadas en Panamá. La Ley 30 fue promovida y
votada por el gobierno, y ella instaura la impunidad total
para estos hechos.
-Quiere
decir que el sistema democrático está gravemente
amenazado...
-Podríamos decir que nos estamos encaminando prácticamente
hacia una dictadura civil, montada para reprimir al pueblo,
al obrero. La represión sangrienta se suma el terrorismo de
Estado que crean con las falsas acusaciones que se lanzan,
abonando el terreno para la persecución y la represión.
Ahora, por ejemplo, cuando los dirigentes llamamos a una
huelga o a una manifestación pacífica, según el gobierno
estamos incurriendo en “apología del delito”. Están
criminalizando la lucha social montando un Estado policíaco,
con un régimen de terrorismo y con una justicia dependiente
del gobierno.
Mañana, sábado 17, es el sepelio de dos de los muertos, pero
los demás cuerpos aún permanecen en la morgue y a pesar de
que sus familiares los están reclamando no se los entregan.
Es posible que lo más grave aún se esté por conocer.
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