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En
el marco de una arremetida gubernamental contra las
conquistas y los derechos sindicales, Sirel dialogó con
Alejandro John, secretario general del Sindicato Industrial
de Trabajadores de la Fabricación y Comercialización de
Refrescos, Bebidas, Gaseosas, Cervezas, Licores y Similares
(SITRAFCOREBGASCELIS), quien evaluó la actual situación y el
resultado del paro general realizado ayer, martes 13.
-¿Cuáles
son los alcances de la Ley 30 que ustedes reclaman que sea
derogada?
-Se trata de una Ley que ya existía y que fue modificada
recientemente por el gobierno. Hay varios aspectos que
rechazamos de plano: el primero se refiere a la protección
del medio ambiente, ya que la Ley 30 le otorga potestad al
Ejecutivo para decidir cuándo un emprendimiento amerita o no
la realización de un estudio de impacto ambiental previo,
sin intervención de la sociedad civil.
El segundo tema es que se introducen algunas reformas al
sistema laboral que claramente apuntan a la destrucción de
las organizaciones sindicales. Por ejemplo, de ahora en
adelante no sería más el empleador quien descuente la cuota
sindical del salario de los trabajadores para entregar esos
recursos directamente al sindicato, sino que deberá ser la
organización la que tendrá que cobrarle esa cuota a cada
trabajador individualmente.
Así, según esta reforma de la Ley, cualquier trabajador o
trabajadora quedará comprendido por los acuerdos del
Convenio Colectivo, esté o no afiliado, pague o no su cuota
al sindicato. Esto
alienta a que los trabajadores dejen de aportar a su
organización y eso las conducirá a su desaparición.
Asimismo, la Comisión de la OIT que evaluó la
posibilidad del empresariado a acceder a las plantas cuando
hay una huelga formalmente declarada, no hizo
recomendaciones a Panamá sino observaciones. Nosotros
pensamos que ese punto es discutible. Nuestro punto de vista
es que el sistema democrático establece el respeto a las
decisiones de las mayorías; las minorías deben acatar o que
decida una asamblea democrática.
Ahora, esta reforma autoriza al empleador a entrar en las
instalaciones, también a los administrativos y a los no
huelguistas, y además, el empresario puede designar personal
para, supuestamente, darle mantenimiento a los equipos
productivos. Antes de esta reforma, el personal de
mantenimiento era seleccionando de común acuerdo entre la
empresa y los trabajadores.
-O sea
que es un sistema rompehuelgas...
-Las plantas van a seguir produciendo, ya que las multas por
violar estos acuerdos son irrisorias comparadas con las
pérdidas provocadas por una planta parada.
Esta reforma impedirá que en
los próximos cinco años se negocien Convenios Colectivos en
Panamá.
-¿Cómo
se desarrolló el paro general nacional realizado hoy?
-Hemos tenido un 100 por ciento de acatamiento en las plantas
de Coca Cola, un 95 por ciento en la Construcción y
se han realizado numerosos paros parciales en todo el país,
ya que la convocatoria llamaba a las dos modalidades de
paro.
-¿Cómo
es la relación de los sindicatos con el gobierno?
-En Panamá está en entredicho la democracia. Estamos
viviendo una situación de intimidación generalizada, de
amenazas y persecución. Tenemos doce dirigentes sindicales
arrestados. Los trabajadores bananeros de Bocas del Toro
vienen de ser salvajemente reprimidos, con varios
muertos y más de 140 heridos, muchos de los cuales hemos
sabido que han perdido uno o ambos ojos como consecuencia de
disparos de perdigones a corta distancia por parte de la
Policía.
Hay una segunda lista de dirigentes que deberían ser
arrestados, donde está este servidor y otro compañero de
Coca Cola Panamá. Estamos en una situación bien
compleja, por lo que hacemos un llamado a todas las
organizaciones hermanas y solidarias a estar atentas sobre
lo que ocurra en nuestro país.
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