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Las imágenes que llegan en estos días de
Panamá son nuevamente de sangre y muerte. Así como en años
pasados el gobierno del empresario Ricardo Martinelli desató
la violencia policial contra los trabajadores bananeros en
Changüinola y las poblaciones indígenas
Ngäbe y
Buglé en Chiriquí, ahora se lanza contra la población de la
ciudad de Colón. Ya son cuatro los muertos.
De acuerdo con
datos proporcionados por Análisis 365, la llamada
Zona Libre de Colón es una zona franca, de tratamiento
especial para los comerciantes y las transnacionales, y uno
de los polos de mayor movimiento comercial del continente
latinoamericano.
El alquiler de
estos terrenos a empresas transnacionales genera al gobierno
panameño entradas que superan los 33 millones de dólares al
año y por lo menos 30 mil puestos de trabajo, en una zona
con el 47 por ciento de pobreza.
En los días
pasados, los poderes ejecutivo y legislativo han aprobado y
promulgado la Ley 72, con la que se faculta al Estado para
vender estas tierras al capital transnacional, recaudando de
esta manera hasta 2 mil millones de dólares.
La respuesta de la
población, con el apoyo decidido del Frente Amplio de Colón
y la Cámara de Comercio, y el respaldo de importantes
organizaciones como, entre otros, el
Frente
Nacional
por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO)
y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la
Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS),
no se hizo esperar, lanzándose a las calles contra las
pretensiones privatizadoras del gobierno.
“La gente está
protestando nuevamente contra la política económica
neoliberal del gobierno de Martinelli, de querer
despojar al pueblo panameño de sus recursos, en este caso de
las tierras de la Zona Libre de Colón, obviamente para
recoger dinero para las próximas elecciones de 2014”, dijo a
Sirel, Saúl Méndez, secretario general del
SUNTRACS.
Según
Méndez, esta ley es parte de un paquete más amplio con
el que el gobierno pretendería vender otros activos del
patrimonio nacional, tal como la empresa nacional de
Telecomunicaciones y la de Electrificación.
“Todo esto
hizo estallar una insurrección popular en defensa del
patrimonio de Colón, con el apoyo solidario del FRENADESO,
el SUNTRACS y otras organizaciones. La respuesta ha
sido nuevamente violenta y asesina. Ya son cuatro las
personas asesinadas por la policía, entre ellas un niño de 9
años, y hay varios detenidos”, explicó el dirigente
sindical.
Para el día de
hoy, 26 de octubre, el SUNTRACS ha decretado un día
de huelga preventiva en todo el territorio nacional,
exigiendo, junto con las organizaciones y el pueblo de
Colón, la derogación inmediata de la Ley 72, la liberación
de los detenidos, así como la investigación y el castigo
para los responsables del asesinato de los ciudadanos.
Pese al
anuncio de parte del gobierno de estar redactando un texto
con el que se modificaría la Ley 72, las organizaciones
sociales, populares y sindicales de Colón han asegurado que
arreciarán la protesta hasta no lograr su derogación.
“El pueblo
panameño está resentido con todos estos gobiernos que han
estado privatizando los bienes, recursos naturales y
servicios del Estado, beneficiándose a si mismos, al capital
trasnacional y empobreciendo aún más a la gente.
Una vez más
-continuó Méndez- el pueblo panameño se indigna con
el gobierno corrupto, asesino y represor de Martinelli,
que por cuarta vez masacra a la población para imponer su
voluntad.
El pueblo está
resistiendo y va a luchar hasta lograr la derogación de la
Ley 72”, concluyó.
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