El choque entre la Policía y los agricultores tuvo consecuencias fatales; en total, cuatro campesinos resultaron muertos: dos en Ayacucho, uno en Arequipa y otro en Barranca. Tres de los fallecidos presentan orificios de bala en el cráneo.

 

En la región Ayacucho, Rubén Pariona Camposano y Emiliano García Mendoza, campesinos que habían llegado desde el distrito de Quinua, murieron en la salida de la vía Los Libertadores, cuando los efectivos policiales abrieron fuego contra la multitud. Ambos tienen impactos de bala en el cráneo.

 

Mientras que en la zona de Barranca trasladaron en hombros el féretro de Julio Rojas, agricultor que el lunes 18 fue asesinado de un balazo en la cabeza.

 

En el distrito de Majes, provincia de Caylloma (Arequipa), policías y agricultores protagonizaron una batalla campal por el control de la carretera Panamericana, a la altura de Alto Siguas, resultando muerto un joven estibador quien, al intentar protegerse de las bombas lacrimógenas cayó por un barranco de unos 150 metros de profundidad, muriendo instantáneamente.

 

“Lamentamos que estos hermanos campesinos hayan perdido la vida en la lucha por reivindicar sus derechos. Los culpables de que se haya derramado su sangre son las autoridades de turno”, afirmó Huascar.

 

Indicó que la declaratoria del “estado de emergencia” en varias provincias de Lima, Áncash y La Libertad, pone en serio riesgo la vida e integridad física de mujeres y hombres del campo.

 

Con esta decisión el gobierno suspendió por el período de una semana los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, a la inviolabilidad de domicilio y al derecho de reunión y de tránsito, en las zonas en donde se produjo mayor número de manifestaciones de los campesinos, en particular donde bloquearon durante varias horas las principales vías de acceso a la capital.

 

Las medidas adoptadas por el gobierno y los excesos de las fuerzas represivas han causado preocupación entre los dirigentes campesinos que han solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo para que garantice la integridad de los manifestantes y, al mismo tiempo, para que participe en la investigación y el esclarecimiento de las muertes de los campesinos asesinados.

 

“De esta manera hacemos prevalecer nuestra intención de dialogar con el gobierno. Esta suspensión es temporal, esperamos que a través del diálogo podamos llegar a una solución, pero si no existe voluntad política del gobierno, tendremos que retomar nuestra medida de lucha que es el clamor de las bases de las provincias, quienes se sienten olvidados y discriminados", precisó el presidente de la CNA, Antolín Huascar.

 

“Nos quieren amedrentar con su prepotencia, sin embargo vamos a dialogar, pero si no hay ninguna salida ya tenemos preparado nuestro siguiente paso; contamos con el respaldo de las bases”, aseguro a Sirel el presidente de la CNA.

 

Por otro lado, Huascar rechazó las declaraciones del premier Jorge Del Castillo intentando criminalizar la movilización campesina, al sostener que pequeños grupos de agitadores y delincuentes mezclados entre agricultores tomaron las carreteras y se dedicaron a asaltar autobuses en las rutas.