A pesar de que camioneros y ganaderos mantienen “relaciones carnales” desde siempre –los ganaderos son los principales clientes de los camioneros–, su alianza gremial es absolutamente inédita en la historia uruguaya. A ellos se sumó la Federación Rural, que agrupa a pequeños y medianos productores agropecuarios, y los propietarios de taxis de todo el país. Advirtiendo la impopularidad de la medida, estos últimos resolvieron el lunes mismo retirarse de la movilización y reanudar sus tareas.

Juntos pero no entreverados

Con intereses obviamente diferentes aunque no enfrentados, estas gremiales vienen planteando desde hace semanas diversas discrepancias con los planes y/o decisiones del gobierno presidido por Tabaré Vázquez. Desde una reforma tributaria promovida por el gobierno que apunta a empezar a concretar su consigna electoral: “¡Que pague más quien tiene más!”, y que toca los hasta ahora sacrosantos ingresos de la alta burguesía nacional, pasando por la eliminación de exenciones impositivas que beneficiaban a alguno de estos sectores y que ya no correrán más. La gota que desbordó el vaso –dicen los movilizados– fue el incremento “político” del gas-oil con el objetivo de trasladar esa recaudación extra a provocar una rebaja del precio del transporte colectivo, uno de los más caros de América Latina.

Uruguay tiene una peculiar matriz de consumo de combustibles: su parque automotor está desproporcionadamente volcado a los motores diesel ya que históricamente el gas-oil fue subsidiado en virtud de su uso intensivo en la producción agrícola y ganadera, lo que fue provocando un incremento constante de la cantidad de vehículos particulares “gasoleros”, incluyendo muchos de gran lujo. El gas-oil y la gasolina son producto del proceso de refinado del petróleo, y de cada barril industrializado se obtienen porcentajes fijos de uno y otro. Por cada 100 litros de gas-oil se producen cerca de 150 litros de gasolina, lo que determina que Uruguay, que no posee petróleo pero lo refina, tiene un excedente de gasolina que debe exportar prácticamente a pérdida. El actual gobierno pretende modificar esta matriz energética equiparando progresivamente el precio de ambos combustibles para tener un consumo más racional y acorde con los recursos del país. Pero el camino será largo y lleno de obstáculos.

Usando sus vehículos como barreras, las gremiales empresariales bloquearon durante el pasado lunes el entorno de la sede del Parlamento en la capital Montevideo, y ayer, martes, entorpecieron el funcionamiento de los mercados de abasto agrícola e impidieron el ingreso a la planta de distribución de combustible, lo que redundó en pequeños faltantes de frutas y verduras en algunas zonas de la ciudad y la inminencia del desabastecimiento total de combustible en las estaciones de servicio de la capital.

…que las hay, las hay

Algunos integrantes del Ejecutivo acusaron a las gremiales patronales de efectuar un “paro político” cuyo objetivo sería desestabilizar al gobierno. El PIT-CNT, por su parte, fundamentó su propio paro con los mismos argumentos. Consultado por Sirel, el secretario de Derechos Humanos de la central, Luis Puig, explicó que “No estamos ante hechos aislados sino ante una asonada empresarial que se vincula con otros hechos que vienen ocurriendo en el país”. Puig aludió al reciente relevo del general Carlos Díaz como Comandante en Jefe del Ejército cuyas reuniones con políticos de la oposición trascendieron a la prensa la pasada semana, especialmente la que mantuvo en la noche del miércoles 18 con el ex presidente Julio María Sanguinetti, sindicado como el gran titiritero de las Fuerzas Armadas y artífice de la impunidad militar por los casos de violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura militar (1973-1985).

El presidente Vázquez reaccionó con celeridad relevando al general Días de su cargo al día siguiente de ese encuentro, y nombrando en ese puesto al general de 52 años Jorge Rosales, el más joven de todos los generales del país ascendido a ese rango hace apenas ocho meses. Para designar a Rosales, Vázquez desplazó a once generales que le precedían en antigüedad, lo que hace presagiar un retiro en masa de varios altos oficiales. Una situación sin precedentes en el país.

Luis Puig opinó también que “No son ajenas a toda esta coyuntura las extradiciones de militares uruguayos a Chile donde son acusados del asesinato de un ex colaborador de la Policía secreta de Pinochet, y el encarcelamiento en Uruguay de varios de los más notorios y denunciados integrantes de los comandos que actuaron al amparo del Plan Cóndor durante la década del 70 en el Cono Sur, responsables de centenares de desapariciones y asesinatos y de miles de casos de torturas y vejaciones sufridas por las víctimas del terrorismo de Estado”. Puig agregó que una parte de la oposición política aliada con sectores empresariales y militares “nostálgicos” han decidido crispar el ambiente interno para obligar al gobierno a moderarse en todos los planos. A esto se agrega la inminencia de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará los días 3 y 4 de noviembre en Montevideo que, de no mediar acuerdos, se celebrará en un clima de confrontación interna que será reflejado por los más de mil periodistas extranjeros ya acreditados para cubrir el evento.

El dirigente sindical señaló asimismo que “Esta clase dominante está reaccionando ante el fin de muchos de los privilegios que recibió durante la dictadura y que perduran hasta la actualidad. Por ejemplo, el restablecimiento de los Consejos de Salarios que los obliga a negociar de manera tripartita, la Ley de Fuero Sindical aprobada por este Parlamento que protege a los dirigentes sindicales, la creación de un estatuto especial para los trabajadores rurales que por primera vez en nuestra historia tienen representación sindical y pueden abandonar su condición de semiesclavitud. Hoy estamos hablando de la aplicación de las ocho horas de trabajo para el peón rural. No decimos que este gobierno esté efectuando un cambio profundo, ni que sea revolucionario, sólo que está aboliendo privilegios que los dueños del país quieren conservar. Para eso están dando esta batalla”.

Puig sostuvo que nadie cree que este sea el preámbulo de un golpe de Estado: “Estos sectores de la derecha económica y empresarial no tienen apoyo en la sociedad, y eso ha quedado más que demostrado en la gran adhesión que concitó el paro general parcial decidido por nuestra central, a pesar de que tuvimos que organizarlo en apenas 19 horas. En el acto que hicimos en el Centro de la ciudad había miles de trabajadores y trabajadoras que acudieron a expresar su compromiso con las instituciones democráticas (Ndr: los medios de comunicación calculaban unas 6 mil personas)”.

El gobierno se mantuvo sereno en sus comunicaciones, subrayando constantemente por intermedio del ministro de Transporte, Víctor Rossi, que “El objetivo de la propuesta es rebajar el precio del transporte público, lo que va en beneficio de más de un millón de personas que se trasladan a diario de esa forma, y de muchos más que no lo hacen por no tener recursos suficientes para pagar el boleto”. “Es inconcebible –complementó Puig– que aquellos sectores que se han beneficiado desde siempre con los aportes del Estado a sus actividades productivas, hoy se nieguen a sacrificar una ínfima parte de sus ingresos para trasladarlos a quienes realmente lo necesitan para subsistir”.

El juego de los polos

Una idea de la profunda crisis crónica que vive el Uruguay, agravada con la caída bancaria y monetaria de 2002, es aportada por la convocatoria de la Intendencia Municipal de Montevideo –gobernada por la izquierda desde hace más de 15 años– a llenar 500 puestos de trabajo que han quedado vacantes en su plantilla. Voceros municipales han anunciado que esperan más de 100 mil postulantes para esas 500 vacantes. Más allá de que la cifras oficial de desempleo ronda el 10 por ciento, la realidad es que miles de personas subsisten de los desechos, de la informalidad o de los “empleos basura” y precarios en empresas que mantienen sistemas de trabajo, de rotación del personal y de remuneración que fueron acuñados durante la dictadura.

En las primeras horas de hoy, miércoles 25, y después de febriles e infructuosas negociaciones con las patronales movilizadas que duraron hasta bien entrada la madrugada, el gobierno apeló a una figura legal creada en la década de los 60 por el gobierno autoritario de Jorge Pacheco Areco que otorga la potestad al Ejecutivo para designar como “esenciales” los servicios suspendidos por acciones de huelgas, paros o, como en este caso, lock-out patronal. Así, la distribución de combustibles y alimentos, la libre circulación por rutas nacionales y el normal funcionamiento de puertos y aeropuertos pasan a ser obligatorios durante el período de vigencia del decreto (30 días). En caso de incumplimiento la norma autoriza el uso de la fuerza pública para asegurar esos “servicios esenciales” a la población.

Las gremiales empresariales han abierto el bloqueo a las plantas de distribución de combustibles cuyo abastecimiento se normalizará en las próximas horas, pero mantienen una actitud ambigua con respecto a los demás servicios que el gobierno estima “esenciales”.

La tensión, por tanto, no se ha disipado. En ese clima, la oposición asume actitudes matizadas: el Partido Nacional llama a todos a la “cordura”, poniendo en un pie de igualdad al gobierno, las patronales y al PIT-CNT, mientras que el principal sector del Partido Colorado, por boca de su secretario general, el ex presidente Sanguinetti, sindicado como el estratega de la escalada, tensa aún más la cuerda acusando al gobierno de violar la Constitución y de encaminarse a imponer una línea “Chavista o Castrista” a su acción.

La central sindical, por su parte, acusada de ser “el brazo político sindical” del gobierno reafirmó durante el acto de ayer martes que seguirá apoyando todas las medidas gubernamentales que crea positivas para los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y confrontará con independencia de criterio las que estime nocivas a sus intereses.

Algunos observadores y analistas políticos comienzan a sugerir que, tal vez, en Uruguay esté cristalizando una corriente de oposición con sectores visibles y otros no tanto, aunque muy minoritarios, que quieren provocar lo que llaman “la venezuelización” de la política, aludiendo a la extrema polarización que afecta a la sociedad de aquel país, como forma de adquirir un protagonismo en la escena política local e internacional que su último fracaso electoral les negó.

Carlos Amorín © Rel-UITA 25 de octubre de 2006