Con los
trabajadores de Gándara atrincherados en su sindicato ATILRA, cara a
cara con los miembros de las fuerzas de seguridad en la Ruta
Nacional 2 a la altura de Chascomús, en una protesta donde hubo
represión a partir de una orden recibida por los federales para
desalojar a los manifestantes, el pasado 31 de enero llegó a su
punto culminante el conflicto lechero. Ese mismo día, la
conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo abrió un
impasse por dos semanas. El titular de ATILRA a nivel nacional,
Héctor Ponce, explicó que la medida de fuerza, que podría devenir en
un paro nacional, se suma a otras que vienen realizando, en tanto
los cerca de mil trabajadores de la ex Parmalat (ahora Gándara) no
cobran sus salarios desde hace unos cuatro meses.
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Trabajadores lácteos cara a cara con la policía en la ruta
2. Foto Julieta de Marziani |
Héctor Ponce explicó que “en principio se estableció una
conciliación obligatoria que hemos rechazado porque aquí se da un
incumplimiento contractual, o sea el pago de la remuneración en término que
es una obligación ineludible a cargo del empleador. Es un elemento que se
encuentra dentro del núcleo mismo del contrato y el incumplimiento del pago
de haberes no puede excusarse bajo ningún concepto. Cuando el empleador no
paga, que es lo que está pasando con este grupo empresario; el trabajador se
encuentra relevado de prestar servicios, consecuentemente la normativa que
se les quiere aplicar a esos trabajadores es viciada de nulidad, porque de
lo contrario, con el criterio de ellos obligan a trabajar sin pagarles la
remuneración correspondiente”.
Más allá de la medida ministerial, los representantes
gremiales reclamaron que la empresa finalice “el lock out patronal” y “el
establecimiento de la totalidad de los puestos de trabajo”. Para ello
“resulta indispensable que la misma cumpla su obligación asumida de ponerla
en pleno funcionamiento mediante el restablecimiento de la energía, la
provisión de materia prima, insumos, dación de trabajo y dirección del mismo
a través del personal operativo”.
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Héctor Ponce, Sec. Gral. ATILRA |
Respecto a la situación financiera de Gándara, Ponce indicó
que está facturando mensualmente la suma de 1.600 millones de pesos, “por lo
tanto cuando tiene que depositar 800 o 900 mil pesos y aduce que no tiene
capacidad para hacerlo, demuestra que no solamente es ridículo, sino que
suena como algo nocivo o catastrófico para los intereses de los
trabajadores”.
En cuanto al corte de ruta y al incidente con la Policía
Ponce aseguró: “no está en nuestro ánimo crear problemas que puedan tener
incidencias sobre terceros, pero hay que evaluar que tenemos casi mil
trabajadores que hace entre tres y cuatro meses que no cobran sus salarios;
es como un ejército desesperado, y lo que menos hay que hacerles es ponerlos
contra una pared y pese a que tratemos de contenerlos, la escalada que va
por dentro de los trabajadores hay que ir canalizándola”.
El corte de la Ruta 2 –explicó Ponce– es la continuación de
varias medidas que venimos llevando a cabo; hace 10 días estuvimos cortando
los accesos al parque industrial de Pilar, inhabilitando la labor de las 150
empresas allí instaladas.
Crónica Sindical
17 de febrero de 2006
