Argentina - Parmalat

Lácteos atrincherados en ATILRA

Con los trabajadores de Gándara atrincherados en su sindicato ATILRA, cara a cara con los miembros de las fuerzas de seguridad en la Ruta Nacional 2 a la altura de Chascomús, en una protesta donde hubo represión a partir de una orden recibida por los federales para desalojar a los manifestantes, el pasado 31 de enero llegó a su punto culminante el conflicto lechero. Ese mismo día, la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo abrió un impasse por dos semanas. El titular de ATILRA a nivel nacional, Héctor Ponce, explicó que la medida de fuerza, que podría devenir en un paro nacional, se suma a otras que vienen realizando, en tanto los cerca de mil trabajadores de la ex Parmalat (ahora Gándara) no cobran sus salarios desde hace unos cuatro meses.

Trabajadores lácteos cara a cara con la policía en la ruta 2. Foto Julieta de Marziani

 

Héctor Ponce explicó que “en principio se estableció una conciliación obligatoria que hemos rechazado porque aquí se da un incumplimiento contractual, o sea el pago de la remuneración en término que es una obligación ineludible a cargo del empleador. Es un elemento que se encuentra dentro del núcleo mismo del contrato y el incumplimiento del pago de haberes no puede excusarse bajo ningún concepto. Cuando el empleador no paga, que es lo que está pasando con este grupo empresario; el trabajador se encuentra relevado de prestar servicios, consecuentemente la normativa que se les quiere aplicar a esos trabajadores es viciada de nulidad, porque de lo contrario, con el criterio de ellos obligan a trabajar sin pagarles la remuneración correspondiente”.

 

Más allá de la medida ministerial, los representantes gremiales reclamaron que la empresa finalice “el lock out patronal” y “el establecimiento de la totalidad de los puestos de trabajo”. Para ello “resulta indispensable que la misma cumpla su obligación asumida de ponerla en pleno funcionamiento mediante el restablecimiento de la energía, la provisión de materia prima, insumos, dación de trabajo y dirección del mismo a través del personal operativo”.

Héctor Ponce, Sec. Gral. ATILRA

 

Respecto a la situación financiera de Gándara, Ponce indicó que está facturando mensualmente la suma de 1.600 millones de pesos, “por lo tanto cuando tiene que depositar 800 o 900 mil pesos y aduce que no tiene capacidad para hacerlo, demuestra que no solamente es ridículo, sino que suena como algo nocivo o catastrófico para los intereses de los trabajadores”.

 

En cuanto al corte de ruta y al incidente con la Policía Ponce aseguró: “no está en nuestro ánimo crear problemas que puedan tener incidencias sobre terceros, pero hay que evaluar que tenemos casi mil trabajadores que hace entre tres y cuatro meses que no cobran sus salarios; es como un ejército desesperado, y lo que menos hay que hacerles es ponerlos contra una pared y pese a que tratemos de contenerlos, la escalada que va por dentro de los trabajadores hay que ir canalizándola”.

 

El corte de la Ruta 2 –explicó Ponce– es la continuación de varias medidas que venimos llevando a cabo; hace 10 días estuvimos cortando los accesos al parque industrial de Pilar, inhabilitando la labor de las 150 empresas allí instaladas.

 

 

Crónica Sindical

17 de febrero de 2006

 

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