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Ayer, jueves 17, cerca de 80 trabajadores y trabajadoras
enfermos y despedidos integrantes de SINALTRAINAL,
SINTRATUCAR, SINTRALIMENTICIA y USTRIAL, sindicatos de las
plantas de SEATECH en Cartagena, y miembros de la Fundación
Manos Muertas, realizaron una movilización de protesta ante
el Palacio de Justicia de esa ciudad, sede de los juzgados
locales.
La actividad se centró en la condena a las decisiones de
jueces que desconocieron la jurisprudencia sentada por la
Corte Constitucional, según la cual la tutela es el
mecanismo más idóneo para reclamar los derechos
fundamentales.
A pesar de estos antecedentes, algunos jueces no fallan en
acuerdo a Derecho y declaran las querellas de los sindicatos
como improcedentes, obligando a muchos trabajadores a
entablar demandas ordinarias que, en la gran mayoría de los
casos, demoran años en definirse.
Estos plazos ordinarios
condenan a muchos trabajadores y trabajadoras enfermos a una
suerte de “muerte económica”, pues difícilmente serán
contratados por otra empresa, llevando a esas familias a
vivir indignamente pues en general son padres o madres
cabezas de hogar.
La movilización de protesta no pretendió presionar a la
justicia o a los jueces, sino llamar la atención de la Corte
Constitucional para que revise los fallos de tutela emitidos
en contra de trabajadores enfermos en la ciudad de
Cartagena.
Estas personas ya son
víctimas de un sistema de trabajo insensible y súper
explotador que los enferma, y además se les desconocen
derechos fundamentales como la estabilidad laboral
reforzada, el mínimo vital, el derecho a la salud, a la vida
digna, al debido proceso, a la libre asociación, entre
otros.
La protesta también apuntó a que los jueces tengan en cuenta
que la asociación sindical es un derecho fundamental,
protegido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
cuya negación en los tribunales está provocando la
destrucción de los sindicatos.
El gobierno colombiano,
sin embargo, dice falsamente ante la comunidad internacional
-y en especial al Congreso de Estados Unidos- que en el país
se respetan los derechos humanos, entre ellos el derecho a
la organización sindical.
Pedro
Londoño,
secretario general de USTRIAL, en diálogo con
Sirel afirmó que “Los trabajadores y trabajadoras de los
sindicatos movilizados reiteramos el llamado al gobierno
colombiano -y en especial al vicepresidente
Angelino Garzón,
quien se ha comprometido en la protección de los derecho
humanos- a que intervenga ante los empresarios y las
autoridades competentes para que realmente sean respetados
estos derechos.
En caso contrario, quedará en evidencia que las declaraciones
oficiales no son más que una simple frase que busca la
aprobación del TLC por parte del gobierno
estadounidense, y que Colombia no sea sancionada por
las organizaciones internacionales como la OIT”,
concluyó Londoño.
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