En Chile la precariedad laboral crece de manera insospechada. Más del 67 por ciento de los trabajadores vive de un empleo informal, fuera de la ley, sin estabilidad, derechos ni beneficios sociales. Sobreviven en situación de pobreza pues sus remuneraciones no alcanzan a cubrir lo mínimo. En 1990, el 11 por ciento de los trabajadores negociaba colectivamente. Actualmente apenas lo hace un 6 por ciento. Los grandes holdings poseen decenas y a veces cientos de razones sociales, lo que impide que los sindicatos tengan fuerza real. Por ejemplo, D&S -de los supermercados Líder- opera con 120 razones sociales y Almacenes París con 152.

La tendencia del mercado laboral es a incrementar el empleo informal y la subcontratación. Según economistas neoliberales, en Chile resulta muy caro contratar y despedir; el mercado laboral es rígido y hay demasiadas regulaciones para los empresarios. Pero miles de trabajadores laboran a tiempo parcial, sin contratos y acatando las necesidades de sus empleadores.

La Ley 20.123 regula, pero no prohíbe, la subcontratación para trabajos del mismo giro de la empresa principal. El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade (PS), señala: "Cuando la empresa contratista pasa a ser una simulación, la ley establece que esos trabajadores son en realidad de la empresa principal. Muchas compañías han cumplido la ley y han internalizado trabajadores. Pero en otras se han detectado faltas e incluso hay disputas legales. Pesquisamos en grandes tiendas de supermercados más de 130 razones sociales simultáneamente. A cualquier persona repugna su sentido común que en una empresa existan 130 identidades legales. Claramente hay un abuso. Cuando hicimos la discusión sobre la ley de subcontratación en esa actividad es en la que estaban centradas las mayores preocupaciones. Desgraciadamente, hay muchos empresarios que han abusado con la proliferación de razones sociales. Es insostenible para los trabajadores negociar en un supermercado si otros, que son de los mismos dueños, son una empresa distinta. No es casual que hoy negocie menos del 8 por ciento de los trabajadores".

Mujeres y jóvenes padecen en mayor grado la precariedad laboral. La precariedad de trabajadores externos o tercerizados no ha concluido con la ley de subcontratación. Los trabajadores subcontratados realizan iguales funciones que el resto, pero reciben hasta 40 por ciento menos de sueldo y no gozan de los beneficios de aquellos contratados por las empresas mandantes.

Abusos y discriminación

Luego que Eliodoro Matte, presidente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), cuestionara la actuación del Ministerio del Trabajo en los últimos conflictos laborales, el ministro Andrade criticó las condiciones laborales del sector forestal. Las empresas contratistas son las que generan el mayor número de empleos en esa industria. En la VIII Región la Dirección del Trabajo evaluó el cumplimiento de la ley de subcontratación en este sector, constatando que 42 por ciento de los trabajadores de las forestales son subcontratados. En once plantas forestales, el número de subcontratados era superior al de los trabajadores directos: "Parte importante de los contratistas forestales en realidad no otorgan un servicio distinto del giro de la empresa principal. Sustituyen la contratación directa de trabajadores por parte de las empresas principales. Los trabajadores subcontratados forestales ganan remuneraciones significativamente menores que los directamente contratados, incluso muchas veces no recibiendo más que el salario mínimo", dijo el ministro Osvaldo Andrade.

El reciente conflicto en Forestal Arauco terminó con la vida de un trabajador. Ocho mil subcontratistas del holding de Angelini paralizaron. En Celco también los tercerizados se movilizaron. Agrosuper, CCU y Enap viven experiencias similares. La negociación entre los subcontratistas y Codelco llegó a buen puerto luego de 37 días de conflicto. Los trabajadores del retail, salmoneras y bancos estudian con atención estas experiencias. Dirigentes empresariales y políticos las han calificando como una "amenaza". El gobierno pretende legislar para regular las negociaciones colectivas y evitar lo ocurrido. Estos conflictos intentan reeditar las negociaciones por ramas

Desde el 14 de enero rige la ley de subcontratación. Aunque regula una materia que era tierra de nadie, organizaciones sindicales y trabajadores esperaban que se eliminase la subcontratación de una buena vez. "Si la ley no establece que a los trabajadores de empresas contratistas -o suministrados- se les pagará remuneración en los mismos niveles que a los trabajadores a los que reemplazan o suplen, la ley seguirá discriminándolos. Si no se da que 'a igual trabajo, igual remuneración', se mantendrá una odiosa diferencia que permite a los patrones atemorizar e impedir la organización. La ley es un paso adelante, acota los abusos, pero no intenta siquiera terminar con la explotación", dice Manuel Ahumada Lillo, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT).

Los abusos continúan. Casi un mes en huelga estuvieron los trabajadores de Eulen, que suministra obreros a CCU de Temuco. Ariel Muñoz, presidente del sindicato, afirma: "Durante la huelga, la empresa nos reemplazó con personal militar. Así alcanzó las metas de producción. Se benefició la CCU y el Estado con la multa que pagó la empresa. ¿Qué pasó con nosotros? Sacamos menos de 20.000 pesos de sueldo y perdimos el resto. Por ley tenían cinco días para pagarnos los bonos de reemplazo, pero demoraron casi un mes. Terminó el conflicto y despidieron a muchos. Un vale en base a formato veintena, que es la cerveza individual, lo pagaban antes a 1.250 pesos, ahora, con el nuevo contrato lo pagan a 300 pesos".

Campeones en precariedad son las salmoneras Marine Harvest y Pesquera San Jorge. Acreditar judicialmente su responsabilidad en accidentes laborales ha sido imposible para los familiares de una decena de víctimas. Marine Harvest enfrenta una demanda por el cuasidelito de homicidio de Javier Velásquez, de 24 años. Falleció mientras desarrollaban faenas en una zona donde transitaban grúas. Una volcó, debido a un desnivel y la carga lo aplastó causándole la muerte. Marine Harvest trabajaba sin medidas de seguridad y fue multada con 300 UTM. Jovita Álvarez (22 años, dos hijas, viuda de Velásquez), al momento de la muerte de su esposo estaba embarazada de su segunda hija. Otro caso es el de Rafael Chacón, trabajador muerto en faenas de Pesquera San Jorge. Ni siquiera tenía contrato de trabajo. La pesquera no tenía registro de asistencia ni bitácora de buceo y fue multada por no mantener condiciones sanitarias y ambientales adecuadas. Ambas empresas han hecho lo imposible por dilatar los juicios.

Otros trabajadores golpeados por la subcontratación son los reponedores de supermercados y tiendas de retail. El Sindicato de Reponedores de Cecinas San Jorge corre el riesgo de desaparecer. Rubén Sepúlveda, presidente, dice: "San Jorge se burla de nosotros. Instaló un sistema de comisiones por meta, a las que nunca podemos llegar, lo que provoca un desmedro en nuestro salario que ya es insuficiente". Trabajan en extensos turnos, sin ningún beneficio, en locales alejados unos de otros: "Así, es muy difícil unirnos. Nos muestran cifras y dicen que no hay ganancias. Prácticamente todos los meses suben las metas para que no podamos cumplirlas. Entregan uniformes de mala calidad, compran solo una talla y debemos mandarlos a arreglar. Amedrentan a los reponedores para que renuncien al sindicato. Tiempo atrás, llamaron al sindicato y a trabajadores no sindicalizados a conversar. Reiteramos nuestra crítica a las formas de trabajo y a las malas condiciones, incluyendo el no pago de horas extras. Cuando exigimos respuestas la pelota rodó por todos lados", dice. Son los últimos en la escala de rentas del holding, que posee un centro de atención médica al que ellos no pueden acceder. "La ley de subcontratación no cambió en nada nuestra situación. En regiones se vive un desmedro mayor, con sueldos inferiores. Ganan 30 ó 40 por ciento menos y hacen igual trabajo. Muchos reciben 60.000 pesos al mes, con los descuentos", dice.

Precariedad de cada día

Paradigma de precariedad es Textil Talinay. Ana Luisa Miranda, presidenta del sindicato, relata que sólo quedan trece trabajadores sindicalizados, después de los despidos en represalia por la huelga en abril pasado. "Trabajábamos en calle Bascuñán Guerrero, en una ratonera. Hoy estamos en El Cortijo. Contando a los despedidos y a quienes han negociado su retiro, seríamos 60. Nuestro empleador es el empresario judío-italiano David Cassorla. Cuando íbamos a constituir el sindicato, despidió a la mayoría. Sólo ocho compañeros firmamos. Desde entonces ha sido una lucha constante. Vivimos con miedo. Ha mandado a agredirnos, nos ha acusado de robo, etc. Nos espera en la puerta para humillarnos y acusarnos de ladrones", dice. "Cuando supo que el sindicato se había constituido, me instaló con una máquina en un rincón y después, me echó con los guardias… Pero si no hubiera sido por el sindicato, aún andaríamos metidos en agua insalubre del baño. Lavaba a sus perros en los baños de los trabajadores, sin pensar en las enfermedades que nos podía causar. Había un vertedero atrás de la empresa y tuvimos que hacer una denuncia al Sesma", agrega.

Por miedo a perder el trabajo cumplían turnos desde las 8:30 de la mañana hasta las 18 horas del día siguiente, encerrados con llave. "El guardia nos abría la puerta y así sucedió por mucho tiempo", dice Ana Luisa Miranda. "Hoy no nos encierran, pero los turnos siguen casi igual", agrega. "El sueldo es bajísimo. Pagan 10 pesos por coser una prenda y no todos ganar lo mismo. Tiene a tres personas ganando 15 pesos y los demás sólo 10. Así nos divide. Quienes ganan más no reclaman y no se preocupan de los demás… Hay choferes que reciben casi 200.000 pesos. Pero trajo otro a condición que no participara en la huelga ni en el sindicato. A él le paga 400.000 pesos". Hay hechos que retratan el abuso con los trabajadores: "Cuando un obrero al interior de la fábrica se rompió un pie le dijo que se fuera caminando a la Mutual. Ese mismo día atropellaron a uno de sus perros y lo llevó a una clínica en ambulancia. Durante la última huelga, que duró 16 días, Cassorla lanzó agua de alcantarilla en el lugar donde almorzábamos", dice.

Otro ejemplo de precariedad es Chilex Club. No fue noticia que más de 130 familias de Tocopilla y Chuquicamata quedaron en la calle tras el cierre del club social de los supervisores de Codelco División Norte. Eric Veas, presidente del sindicato, señala: "Negociamos con Codelco para ser recontratados. Finalmente los supervisores nos dijeron que 'no podían obligar a Codelco a que nos contratara'. Hicimos presente nuestra situación a diputados y senadores; hablamos con Juan Villarzú y José Pablo Arellano, presidentes de Codelco. Ninguno nos dio una respuesta. Nos dejaron en la calle… No encontramos otro trabajo porque somos mayores", dice.

Les anunciaron el término del club en 1999, por el cierre de Chuquicamata. Desde ese momento comenzaron su peregrinaje. Codelco suscribía sus contratos colectivos, autorizaba las remuneraciones y finiquitos pero "no era el patrón". Autoridades de la minera les señalaron que los reubicarían en otras faenas. Incuso se les dijo que continuaría el club en Calama. "Comprometimos nuestro aporte y las últimas negociaciones colectivas se firmaron sin aumentos de sueldo. Pero nos mintieron", agrega.

Abusos han vivido también los trabajadores de Apart Hotel Time Suites & Apartments, de Explotadora Inmobiliaria El Golf. Se sindicalizaron tras 16 años de soportar la prepotencia empresarial. En marzo, un cambio de gerencia agudizó los problemas. Hubo despidos y les quitaron beneficios. Annie Peñaloza, presidenta de la organización, dice que los bajos sueldos y horas extras no pagadas son pan de cada día. "Maltratan y pagan poco. Nos tienen trabajando ocho horas de pie. Nos dan pésima comida. Despiden trabajadores que llevan años de servicios", agrega. La inmobiliaria ocupa otra razón social para contratar trabajadores que no pueden afiliarse al sindicato. Tras una fiscalización, la empresa tomó represalias.

Similar situación padece el Sindicato Nacional Tur Bus División Cargo. Imperan el autoritarismo y las prácticas antisindicales: "Nos tratan como ladrones cuando se pierden encomiendas. Nos obligan a pagarlas. Por el hecho de ser dirigentes somos víctimas de discriminación. Los sueldos son bajísimos aunque es la empresa de transportes más importante. Mi sueldo como supervisor es de 150.000 pesos, uno no sindicalizado gana 380.000", dice Marcelo Garrido, tesorero del sindicato. Gilberto Vergara, presidente, agrega: "Gerencia nos manda cartas de amonestación por productos y encomiendas perdidas. Envían los documentos obligando al trabajador a pagar, pero el descuento lo declaran como 'préstamo personal'. Es una práctica antisindical. Hemos hecho saber a la empresa que no firmaremos. Teníamos afiliados en todo el país, pero las agencias de Tur Bus Cargo se externalizaron y diezmaron todos los socios de regiones", dice.

Menos de un año tiene el Sindicato de Trabajadores Easy Temuco y ya enfrentó una huelga. En Easy también hay maltrato, bajos sueldos y prácticas antisindicales. Jaime Bravo, tesorero del sindicato, dice: "Lo principal son los bajos sueldos. ¿Quién puede vivir con 80.000 pesos? ¿Por qué debemos soportar malos tratos de gerentes y jefes de local? Si alguien levanta la voz lo despiden". "Muchos ganan menos del mínimo, pero las ganancias de Easy todos los meses crecen 27 por ciento", agrega José Bastías, presidente. Esteban Grollmus, secretario, dice: "Nuestros sueldos no alcanzan a mantener un hogar. Algunos caminan para ahorrar la locomoción y comprar un kilo de pan o leche para sus hijos. Somos reponedores, nocheros, cargadores, vendedores y más… Nos obligan a trabajar por menos del sueldo mínimo".

En Santiago, Arnaldo Pérez Guerra

24 de septiembre de 2007